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Presidido por la gobernadora Dilian Francisca Toro, y con la participación de 25 alcaldes del departamento, este jueves en la antigua estación del ferrocarril de Buga, se firmó el gran Pacto por la Tierra.

Al acto asistieron el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper; el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego; y cerca de 2.000 campesinos de varias poblaciones vallecaucanas.

Uno de los anuncios más importantes lo hizo Miguel Samper, quien dijo que 4.400 hectáreas, que les fueron confiscadas a los capos del narcotráfico en esta región, serán repartidas entre campesinos sin tierra.

El Comité de Integración del Macizo Colombiano -CIMA- denunció el asesinato de los líderes campesinos Joel Meneses, Nereo Meneses Guzmán y Ariel Sotelo. El hecho ocurrió este lunes en el municipio de Almaguer, Cauca, en el suroccidente del país.

Los hechos ocurrieron entre las 8 y 8:30 de la mañana del lunes 29 de agosto de  2016, en   el   sitio   Guayabillas   del   corregimiento   de Llacuanas,  municipio  de  Almaguer. En la denuncia, el CIMA aseguró que hombres  armados,  vistiendo  uniforme  militar y con armas   largas, interceptaron  los  vehículos que  se  dirigían  al  mercado  de  ese corregimiento.

El petróleo se está acabando en Colombia. El combustible que mueve la economía y abastece gran parte de las arcas del Estado está en vía de extinción. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas actuales de crudo alcanzarán para cinco años más y, a partir de entonces, el país pasará de ser productor a importador. Ese hecho tiene al gobierno en una búsqueda desesperada por estirar esa cifra, incluso cuando los bajos precios han hecho caer la exploración y la producción.

Este panorama no es nuevo. De hecho, desde hace cuatro años Colombia le abrió la puerta al fracking, una controvertida técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales. Fracking, en lenguaje petrolero, significa fracturar capas de la tierra mediante agua a presión. Pero aquí la cuestión no es esta tecnología en sí misma, pues ya se ha utilizado en Colombia para mejorar el rendimiento de algunos pozos, sobre todo en los Llanos Orientales.

La Organización nacional Indígena de Colombia -ONIC- denunció que existe un “inminente riesgo de exclusión del capítulo étnico del Acuerdo Final”, según se anunció en un comunicado difundido en redes sociales.

El rumor de la llegada del Acuerdo Final de las negociaciones de La Habana creció en las últimas semanas tras una noticia de Blu Radio según la cual el texto estaría cada vez más cerca de su aprobación.

Por esta razón, la ONIC denunció que entrará en una “revisión profunda del relacionamiento con el Gobierno de Juan Manuel Santos”.

Las comunidades rurales del sur del país no quieren más fumigaciones químicas. Piden sustitución concertada. Múltiples instancias internacionales han señalado el fracaso de la política antidrogas que ha implementado el Estado colombiano en las últimas décadas. Sin embargo, las autoridades siguen recurriendo al glifosato para afrontar el problema de los cultivos de uso ilícito.

Por eso, desde hace un mes las comunidades del Putumayo adelantan una movilización ante el reinicio de las fumigaciones químicas, esa vez de forma terrestre.

Aunque Colombia defiende en el plano internacional un nuevo enfoque para la lucha contra las drogas, a nivel interno sigue recurriendo a las medidas represivas y de facto contra esta problemática con raíces socioeconómicas.