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Colombia

El petróleo se está acabando en Colombia. El combustible que mueve la economía y abastece gran parte de las arcas del Estado está en vía de extinción. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas actuales de crudo alcanzarán para cinco años más y, a partir de entonces, el país pasará de ser productor a importador. Ese hecho tiene al gobierno en una búsqueda desesperada por estirar esa cifra, incluso cuando los bajos precios han hecho caer la exploración y la producción.

Este panorama no es nuevo. De hecho, desde hace cuatro años Colombia le abrió la puerta al fracking, una controvertida técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales. Fracking, en lenguaje petrolero, significa fracturar capas de la tierra mediante agua a presión. Pero aquí la cuestión no es esta tecnología en sí misma, pues ya se ha utilizado en Colombia para mejorar el rendimiento de algunos pozos, sobre todo en los Llanos Orientales.

La Organización nacional Indígena de Colombia -ONIC- denunció que existe un “inminente riesgo de exclusión del capítulo étnico del Acuerdo Final”, según se anunció en un comunicado difundido en redes sociales.

El rumor de la llegada del Acuerdo Final de las negociaciones de La Habana creció en las últimas semanas tras una noticia de Blu Radio según la cual el texto estaría cada vez más cerca de su aprobación.

Por esta razón, la ONIC denunció que entrará en una “revisión profunda del relacionamiento con el Gobierno de Juan Manuel Santos”.

Colombia vive un momento histórico por la inminencia de la firma del Acuerdo Final del proceso de paz de La Habana. Por ello, y siendo la defensa de los Derechos Humanos un asunto fundamental para la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz con justicia social, es un deber con nuestro futuro ejercer la función de Defensor del Pueblo con el mayor grado de responsabilidad y coherencia, frente al espíritu de apertura democrática para la participación política de actores históricamente excluidos, que es hoy, la mayor necesidad de cara a la paz. 

El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica expresa a la opinión pública su preocupación por la forma apresurada, clientelista y poco democrática en que el gobierno nacional y el congreso de la república adelantaron la elección del nuevo Defensor del Pueblo, y hace un llamado para que en el futuro se establezca un proceso amplio y de cara a la opinión pública, que garantice la selección de un funcionario idóneo, con mecanismos profundamente democráticos.

Las comunidades rurales del sur del país no quieren más fumigaciones químicas. Piden sustitución concertada. Múltiples instancias internacionales han señalado el fracaso de la política antidrogas que ha implementado el Estado colombiano en las últimas décadas. Sin embargo, las autoridades siguen recurriendo al glifosato para afrontar el problema de los cultivos de uso ilícito.

Por eso, desde hace un mes las comunidades del Putumayo adelantan una movilización ante el reinicio de las fumigaciones químicas, esa vez de forma terrestre.

Aunque Colombia defiende en el plano internacional un nuevo enfoque para la lucha contra las drogas, a nivel interno sigue recurriendo a las medidas represivas y de facto contra esta problemática con raíces socioeconómicas.

Desde el 23 al 26 de agosto, el Instituto para el Desarrollo rural de Sudamérica (IPDRS), el Observatorio del Cambio Rural, Fian Ecuador, el Movimiento Agrodescendientes, El Colectivo Abya Yala y Asomac, participarán de la Conferencia Internacional Tierras y Territorios en las Américas: Acaparamientos, Resistencias y Alternativas'', Bogotá 2016. 

El encuentro tendrá lugar en la Universidad Externado de Bogotá y reunirá a diversas organizaciones, instituciones y académicos que trabajan la ruralidad desde sus diferentes países.

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