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Asoman retrocesos en los procedimientos de negociación internacional. El reciente fracaso de la cumbre sobre cambio climático en Copenhague tiene implicancias que van mucho más allá de impedir nuevas medidas para atacar el efecto invernadero. Se rompe con los procedimientos de negociación tradicionales en las Naciones Unidas, los agrupamientos clásicos de países están bajo nuevas tensiones, e incluso Brasil juega un nuevo papel. En tanto, se encoge el espacio para la sociedad civil.

En la cumbre climática de Copenhague se rompió la metodología clásica de Naciones Unidas basada en el consenso, una vieja guía en las negociaciones de los compromisos internacionales. Más allá de casos de influencias, presiones o duros debates, las convenciones y los tratados eran un resultado consensuado entre los estados.

Otro modo de negociar

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se siguió ese camino por años, pero en Copenhague a última hora un grupo de país impuso sus propuestas. Estados Unidos y China llegaron aun acuerdo, sumaron a Brasil, India y Sudáfrica, y luego a la Unión Europea, para presentarlo como un pacto consumado que debería ser aprobado por todos los demás países. Aquellos que no lo hicieran podrían ser acusados de hacer naufragar las negociaciones, impedir la lucha contra el cambio climático, o ser simples radicales.

Ese método, donde unos pocos poderosos acuerdan e imponen una propuesta a las demás naciones, es típico de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que está fuera del sistema de Naciones Unidas. En el pasado, Washington y Bruselas tejían sus acuerdos, luego sumaban a otros países como Japón o Canadá, y desde allí lo imponían a todos los demás.

Las negociaciones entre esos pocos miembros -denominadas reuniones de "sala verde" por el color de la habitación donde se realiza durante la Ronda Uruguay del GATT, cuando fueron establecidas- se realizaron bajo la repetida crítica de los países en desarrollo y de las organizaciones de la sociedad civil.

Pero a pesar de todo, las negociaciones a puertas cerradas no se modificaron en su esencia, sino que la OMC amplió la asistencia a la "sala verde". Se sumaron países como China, Brasil, India y Sud Africa, y de esa manera sus críticas se acallaron.

Es impactante que ahora se intente usar ese mismo procedimiento en las negociaciones sobre cambio climático. Ahora sabemos que la "sala verde" estuvo en manos, por ejemplo, de China, India, Sudáfrica y Brasil, y que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, debió tomarlos desprevenidos para poder sumarse.

Esto explica la protesta de varios países, e incluso el desagrado de la Unión Europea. También explica que otros, como Bolivia y Venezuela, se negaran a endosar el documento final, denominado Acuerdo de Copenhague.

El resultado es que al día de hoy ese acuerdo no ha sido oficialmente incorporado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a pesar de tener las firmas de China (el primer emisor global de gases invernaderos) y Estados Unidos (el segundo).

Esto consolidó un duro golpe a los procedimientos usuales de negociación multilateral, expresando un nuevo intento de transplantar el modo de negociación comercial a otras áreas de las Naciones Unidas.

Nuevos agrupamientos

En las Naciones Unidas, los países en desarrollo se reunían desde 1964 en el llamado "Grupo de los 77" (G 77), reconvertido luego en el "G 77 + China", como medio de sumar poder negociador frente a los países ricos. En la actualidad, ese agrupamiento está sujeto a enormes tensiones, tanto en las negociaciones sobre el cambio climático, como en otros temas (comercial, agroalimentos, etc.).

China ya no es un típico país del "sur global", y para muchas naciones en América Latina o en Africa, se comporta como otra nación  industrializada que llega para comprar materias primas e instalar sus inversiones. Beijing maneja su propia agenda, y no necesariamente consulta, o representa, a los demás países en desarrollo. A su vez, en tanto es un régimen autoritario, con limitaciones en el acceso a las informaciones y serias restricciones para las organizaciones ciudadanas independientes, se hace más que difícil promover una discusión sobre un desarrollo alternativo que alimente otras posturas diplomáticas.

Otro tanto sucede en América Latina, donde las coordinaciones se daban en el marco del GRULAC (Grupo Latinoamericano). En el caso del cambio climático no hay una propuesta común. Los discursos de Alvaro Uribe (Colombia), Felipe Calderón (México) y Lula da Silva (Brasil) en Copenhaguen apuntaban a tres estrategias distintas. Pör otra parte, ni la Comunidad Andina ni el MERCOSUR están negociando estas cuestiones como bloques.

Finalmente, si bien Brasil insiste en su estrategia de presentarse como líder regional, en realidad termina negociando sus propios asuntos sin consultar a los países vecinos. Además, las posiciones brasileñas en los temas globales están cada vez más condicionadas por su agenda nacional. Un ejemplo fue la sorpresiva propuesta de Lula da Silva en Conpenhague de contribuir con dinero a un fondo ambiental global, lo que parece haber tenido más que ver con la disputa electoral frente a la candidatura presidencial ecologista de Marina Silva, su ex ministra de Medio Ambiente, quien renunció en mayo de 2008 debido a las resistencias dentro del Poder Ejecutivo a cumplir las políticas de protección ambiental, en particular de la selva amazónica.

Esta mayor presencia brasileña, también es posible por una mezcla de repliegue y entumecimiento en los demás países. Sólo cinco presidentes latinoamericanos viajaron a Copenhague, y en general las diplomacias están más interesadas en compensaciones económicas y transferencias tecnológicas que en una verdadera lucha contra el cambio climático. Esta no se limita a los temas ambientales. Más o menos lo mismo ocurrió unos meses antes en la cumbre sobre la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), donde la presencia latinoamericana fue muy escasa.

Signos preocupantes

Estos y otros hechos alertan sobre varios cambios. Se están deteriorando los mecanismos de negociación multilateral basados en el consenso, suplantados por los procedimientos de los acuerdos comerciales, basados en la asimetría. Y los agrupamientos de países que podrían compensar esas diferencias, ya no pueden hacerlo debido a que su composición no refleja las nuevas condiciones globales. Todo esto condimentado por sucesivas críticas a las Naciones Unidas, que si bien parten de distintas posturas ideológicas y políticas, convergen en desacreditarla.

El mejor antídoto frente a estas limitaciones consiste en hacer que todas las negociaciones sean más accesibles y transparentes a los pueblos, pero también en ese terreno se camina en sentido inverso.

Información y participación: más restricciones

Los mecanismos de amplia participación instalados por Naciones Unidas en la cumbre sobre ambiente y desarrollo de Rio de Janeiro de 1992, nunca fueron bien vistos en ámbitos como la OMC o los foros de los países industrializados. En la cumbre de Copenhague se instalaron severas limitaciones y restricciones para la sociedad civil, que pueden ser resultado de una pésima organización, como el preludio de un cambio de actitud sustancial, limitando y condicionando la participación ciudadana.

Eduardo Gudynas es analista en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). Publicado en Agenda Global (Red del Tercer Mundo), No 133, 7 enero 2010 (Montevideo).

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) consideró el sábado (19) que la 15ª Conferencia de las Partes (COP 15) de la Convención-Cuadro de ONU sobre el Cambio Climático excluyó a la mayoría de los países de las discusiones. El evento se cerró en el último viernes, en Copenhague, Dinamarca, sin resolución sobre la emisión de gases de efecto invernadero y sin definición de un acuerdo que sustituya el Protocolo de Kyoto.

Según Alba, la COP 15 ha tenido un proceso de negociaciones viciado por la violación de principios esenciales del sistema multilateral. "Este proceso antidemocrático, no ha reconocido la igualdad de todos; turbio y poco transparente, exclusivo", ya que tendría sido diseñado para asegurar las posiciones de un pequeño grupo de países, garantió la Alianza.

El "desencuentro" se caracterizó, en la evaluación de Alba, por la exclusión de la mayoría de los países de las discusiones. "Un pequeñísimo grupo de países", convocado por Dinamarca, "ha estado desde hace varias semanas produciendo líneas para un acuerdo" con las "partes interesadas", "estableciendo como criterio la existencia de países de primera y países de segunda", afirmó.

Como ejemplo de la exclusión promovida en Copenhague, Alba citó el encuentro a puertas cerradas entre las grandes potencias mundiales, en la madrugada de jueves para viernes. No hubo "participación de la mayoría" y no explicaron "los criterios de esta elección", denunció.

Para la Alianza, los países desarrollados fueron a Copenhague "con una agenda previa", medida que tendría violentado el procedimiento democrático. Entre las naciones responsables por el fracaso del diálogo, Alba citó Estado Unidos, que "no quiere comprometerse sobre una base de esfuerzos comparable con los otros países desarrollados".

"Los países en vías de desarrollo somos naciones dignas, soberanas, víctimas de un problema que no causamos", dijo la Alianza. Para ella, los países desarrollados deben proveer recursos suficientes para aplicar en la deuda climática. "Los países desarrollados han sobreexplotado el espacio atmosférico", justificó.

El Cambio Climático depende del cambio del sistema, añadió Alba. "El modelo de producción y consumo capitalista está llevando a un punto de no retorno de la vida en el planeta, resulta un momento crucial de la historia humana y el debate en estos escenarios no puede estar reducido a los intereses económicos de un pequeño grupo", criticó.

El grupo también criticó la manutención del mercado de carbono, a través del cual los países desarrollados compran la capacidad excedente de emisión de gases de los países poco desarrollados. "A través de los mercados de carbono quieren [...] seguir contaminando, mientras que la carga de la reducción de las emisiones se traspasa a los países en desarrollo", denunció.

Fracaso de Copenhague

El plenario de la 15ª COP decidió dejar para 2010, en México, las discusiones sobre el clima y la posibilitad de consenso sobre un acuerdo que sustituya el Protocolo de Kyoto. El pasado viernes, los gobiernos reunidos en Dinamarca recusaron el "Acuerdo de Copenhague", presentado por Estados Unidos, China, Brasil, India y África del Sur.

Países como Sudán, Tuvalu, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela no aceptaron el documento, que precisaba del consenso para adopción de COP 15.

A pesar de establecer la destinación de US$ 30 mil millones para el pago de la deuda climática en los próximos tres años y US$ 100 mil millones para los años de 2013 a 2020, el documento no establece metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernaderos.

El gobierno de Ecuador anunció que el próximo domingo entregará garantías de posesión de unas 12 mil hectáreas de tierras ociosas a mil 850 familias campesinas, para que las trabajen, en un proceso que forma parte del denominado Plan Tierra.

  "Esto significa el inicio real de un plan de redistribución de tierras, que tanta necesidad tiene de realizarse en el país", aseguró a la prensa el ministro de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP), Ramón Espinel.

El proceso, explicó Espinel, empezará con la entrega de una gran hacienda ubicada en la provincia costera de Esmeraldas (al noroeste del país) que pertenecía al quebrado banco Filanbanco, ahora en manos de la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Se trata de la hacienda El Timbre, de unas mil hectáreas, que será ofrecida a campesinos para que produzcan, con asesoría, créditos blandos y un acompañamiento del gobierno.

En Ecuador, según datos de un último censo, existe una altísima concentración de tierras cultivables en pocas manos, por lo que el Plan Tierra "permite saldar una deuda histórica" con campesinos pobres y tradicionalmente olvidados por el Estado.

"En tres meses se han entregado cerca de siete mil títulos de propiedad y están por entregarse 12 mil más", añadió el ministro, y agregó que más de 50 mil hectáreas pueden entrar en el proceso de regularización de títulos en favor de los campesinos que las trabajan.

El venidero día 22 está prevista la visita y recorrido de los técnicos de las entidades involucraras al predio San Esteban, ubicado en el cantón Cayambe, a fin de preparar la posterior entrega de 300 hectáreas a 110 familias campesinas de la zona.

Al Plan Tierras se sumará el predio San Antonio de Valencia, ubicado en el cantón Mejía, provincia de Pichincha, que estuvo en litigio por 22 años y ahora, por decisión política del actual gobierno, se revierte para beneficiar a cientos de familias

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), de Bolivia, implementará huertos familiares, viveros agroforestales y otros tipos de innovación técnica en beneficio de colonos asentados en el departamento amazónico de Pando. De acuerdo con la directora ejecutiva de esa entidad, Elva Terceros, se pretende la reactivación de innovación y asistencia en la Amazonía, mediante la instalación de granjas familiares, manejo de árboles nativos y el establecimiento de viveros agroforestales comunales.

  El proyecto se realizará en coordinación con el ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Terceros explicó que en la iniciativa invertirán inicialmente 2,5 millones de bolivianos (unos 360 mil dólares) a través del Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo del Gobierno nacional.

El proyecto beneficiará a 700 familias de siete comunidades que actualmente se encuentran asentadas en 75 mil hectáreas, donde el potencial productivo es agroforestal y apto para la obtención de productos ecológicos, manifestó la dirigente

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), reunidos en La Habana, Cuba, el 13 y 14 de diciembre de 2009, en ocasión del quinto aniversario de la firma de la Declaración Conjunta el 14 de diciembre de 2004;

Reconocieron con satisfacción el avance incuestionable del ALBA-TCP en sus primeros cinco años de existencia, y su efectiva confirmación como alianza política, económica y social en defensa de la soberanía, la autodeterminación, la identidad y la unidad de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.

Ratificaron los principios fundacionales del ALBA-TCP y los pronunciamientos públicos emitidos en las reuniones cumbres y otros encuentros celebrados durante sus cinco años de labor exitosa.

Destacaron los resultados alcanzados con los proyectos ya instrumentados o en proceso de ejecución a favor del desarrollo social, de la formación de recursos humanos, de la alfabetización y la post-alfabetización, de la prestación de servicios de salud, de la creación de infraestructura productiva, de mayor interconectividad, de complementación productiva, de fomento a la producción de alimentos, de formación de capital para proyectos de inversión, así como el impacto sostenido de estos resultados a favor de la justicia y una mejor distribución de la riqueza, para lograr mayor desarrollo y participación de los pueblos, y para eliminar la marginalidad, integrando a las poblaciones latinoamericanas y caribeñas, incluidas las poblaciones originarias y aquellas tradicionalmente discriminadas o desfavorecidas.

Subrayaron el importante aporte para el acervo político y cultural de toda la región que significa la aplicación práctica de los principios de cooperación, solidaridad, justicia social y complementariedad económica sobre los que se sustenta la integración en el ALBA-TCP.

Resaltaron que las culturas de los pueblos latinoamericanos y caribeños constituyen una de las fortalezas más preciadas para preservar y afianzar sus identidades, frente a los procesos globalizadores de carácter hegemónico.

Reiteraron su decisión de consolidar la capacidad de concertación política alcanzada por el ALBA-TCP para atender temas de alcance regional o global, como lo demuestra la actuación exitosa en diferentes organismos multilaterales dirigida a la construcción de un mundo más justo y solidario, y como proceso histórico de lucha por la dignidad y soberanía de nuestros pueblos.

Expresaron su satisfacción por los resultados de la VII Cumbre Extraordinaria celebrada en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, los días 16 y 17 de octubre de 2009, la cual constituyó un importante paso de avance en la consolidación del ALBA-TCP, de sus potencialidades de integración económica y social, y de sus capacidad de concertación política.

Destacaron el creciente papel que hoy representan los movimientos sociales en nuestra región, tanto en apoyo de los procesos populares y nacionales que se llevan adelante en los países miembros del ALBA-TCP, como en la resistencia a la ofensiva de las fuerzas de derecha encabezadas por Estados Unidos de América en el continente.

Saludaron la contundente victoria electoral del Presidente Evo Morales en Bolivia, expresión del respaldo de nuestros pueblos a los procesos progresistas y de transformaciones sociales basados en la equidad, la justicia social, la soberanía y la autodeterminación, principios que guían la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Igualmente saludaron al pueblo uruguayo por el proceso electoral recientemente celebrado en ese país, que dio la victoria a José Pepe Mujica, connotado luchador social popular, hecho que reafirma los avances de los procesos de cambios progresistas en la región.

Ratificaron la más firme condena al golpe de estado perpetrado en Honduras el 28 de junio de 2009 y, en plena consecuencia con esa posición, condenaron también el propósito de legitimar, por medio de las elecciones espurias del 29 de noviembre, el golpe militar, el secuestro del Presidente, la violación de la Constitución, el atropello del pueblo, la muerte, detención arbitraria y desaparición de personas, y el régimen de facto que usurpó el poder; y al respecto ratificaron que no reconocerán al ilegitimo proceso electoral ni sus resultados, y que tomarán las acciones que consideren pertinentes.

Expresaron su más firme convicción de que el golpe militar en Honduras, perpetrado con el apoyo de los Estados Unidos, ha tenido como propósito frenar el avance de las fuerzas del progreso y de la justicia social en ese país y en la región América Latina y el Caribe, y que constituye un ejemplo manifiesto de que las nociones de democracia, derechos humanos y respeto a la ley tienen para algunos gobiernos y sectores políticos de la región un valor llanamente utilitario.

Llamaron la atención a los gobiernos y pueblos de Latinoamérica y el Caribe sobre el peligro que plantea el propósito de regresar a la región a la época de los Golpes de Estado, con el objetivo de  ahogar nuevamente los derechos de los pueblos y apuntalar los intereses de las fuerzas de la reacción y del imperialismo.

Saludaron la actitud de los países que mantienen una posición de rechazo al régimen golpista e ilegítimo de Honduras, en particular aquellos que han sido consecuentes con las posiciones adoptadas y reiteradas por el Grupo de Río, y coherentes con el compromiso a favor de la democracia, los derechos humanos y el respeto a la ley; en contra de los golpes de estado, de los atropellos a los pueblos, del asesinato, de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones. En este contexto, llamaron a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe, a impedir que los perpetradores del golpe militar  del 28 de junio del 2009, gocen de impunidad en sus países.

Expresaron su solidaridad y apoyo a la resistencia pacífica del pueblo hondureño y al Frente de Resistencia Nacional. Respaldaron el clamor popular a favor de un proceso político constituyente que contribuya a la estabilidad, seguridad, progreso y democracia en el país. Reconocieron la actitud firme y valiente del Presidente Manuel Zelaya. Subrayaron la difícil situación humanitaria que enfrenta el pueblo hondureño, exacerbada por el Golpe de Estado, y llamaron a la adopción de todas las medidas posibles a fin de aliviar dicha situación, en plena aplicación del principio de solidaridad que aúna a los países integrantes del ALBA-TCP.

Condenaron en los términos más  enérgicos la ofensiva política y militar de los Estados Unidos sobre la región de América Latina y el Caribe, manifestada fundamentalmente por los acuerdos promovidos con países de la región para el establecimiento de bases militares.

Ratificaron que América Latina y el Caribe debe ser una región libre de bases militares extranjeras y reafirmaron que es inaceptable utilizar la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional como pretexto para el incremento de la presencia militar norteamericana en la región, y que el verdadero objetivo de esta presencia es el control de los recursos económicos, el dominio de los mercados y la lucha contra los cambios sociales en curso por parte de los gobiernos y las fuerzas progresistas.

Destacaron que estos fines se evidencian en el Documento de justificación del financiamiento del proyecto de la Base Militar de Palanquero del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y el Documento del Programa de Construcción Militar del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de mayo de 2009.

Reiteraron lo establecido en la declaración de la VII Cumbre ALBA-TCP en Cochabamba en octubre del 2009, que insta al gobierno de Colombia a reconsiderar la instalación de bases militares establecidas en el Acuerdo para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad con los EEUU.

Alertaron que el establecimiento de tales bases militares, sumadas a las ya existentes, constituye un peligro real para los países de la región y la amenaza más grave a la paz, la seguridad y la estabilidad de América Latina y el Caribe, a la par que representa un serio obstáculo para los propósitos de integración de América Latina y el Caribe.

Respaldaron el justo derecho de la República Bolivariana de Venezuela a poner en alerta la defensa de su país frente al claro riesgo para su seguridad nacional y para su pueblo como consecuencia del despliegue militar de los Estados Unidos cerca de sus fronteras, a la vez que reclamaron la solidaridad de los pueblos y gobiernos de la región para enfrentar tan grave amenaza.

Abogaron enérgicamente por el empleo de medios pacíficos, basados en el diálogo y la negociación, para la solución de conflictos en nuestra región, sea cual fuere su naturaleza, sin la presencia de entes extra - regionales, y expresan su disposición a ejercer sus buenos oficios, en todos los casos, para alcanzar dicho cometido.

Rechazaron enérgicamente las declaraciones formuladas el 11 de diciembre de 2009 por la Secretaria de Estado de los Estados Unidos y reafirmaron el derecho de los países de América Latina y el Caribe, en ejercicio de su autodeterminación, a darse el sistema político, económico y social decidido libremente por sus pueblos. Rechazaron, asimismo, las pretensiones del Gobierno de los Estados Unidos de inmiscuirse en las decisiones soberanas de política exterior de los países de Latinoamérica y el Caribe, como los vínculos de la región con la República Islámica de Irán. Reiteraron con máxima firmeza que el ejercicio de la política exterior es un derecho soberano de todos los Estados, sobre la base del principio de igualdad soberana contenido en la Carta de las Naciones Unidas y que el Gobierno de los Estados Unidos transgrede ese principio con declaraciones como la citada.

Reiteraron, una vez más, su total rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace cinco décadas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba, reclamaron su cese inmediato y reafirmaron su plena solidaridad con el pueblo y gobierno cubanos.

Condenaron firmemente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y, en ese contexto, demandaron la liberación inmediata e incondicional de los cinco luchadores antiterroristas cubanos presos en cárceles de los Estados Unidos por luchar contra ese flagelo, y como resultado de juicios políticamente motivados, plagados de irregularidades procesales y carentes de legitimidad. Realizaron un llamado urgente al Presidente de los Estados Unidos a que, en uso de sus facultades constitucionales, libere de modo incondicional a los Cinco Héroes y ponga fin a este acto de injusticia que ha sido condenado por amplios sectores de la comunidad internacional.

Manifestaron su decisión de promover acciones en el marco del Grupo de Río y de la CALC para la conformación de una organización exclusivamente latinoamericana y caribeña que contribuya de manera destacada a los esfuerzos en pro de la integración y la unidad en la región.

Saludaron la inclusión del punto "Armonía con la Naturaleza" en la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la vez que reiteraron su compromiso con la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y con fijar los principios rectores para restablecer la armonía con la naturaleza en el siglo XXI.

Ratificaron su solidaridad con el propósito de revalorizar la práctica ancestral del masticado de la hoja de coca, eliminar su prohibición en los instrumentos internacionales y retirar a la hoja de coca de la lista 1 de la Convención sobre Estupefacientes de 1961.

Instaron la designación urgente de dos delegados por cada país miembro a fin de conformar de manera inmediata la Comisión ALBA  Bicentenario, antes de enero de 2010, a fin de cumplir nuestro compromiso con la conmemoración colectiva del Bicentenario del Inicio del proceso de independencias de nuestra América.

Reiteran la necesidad de que el Comité Ministerial de Defensa de la Naturaleza elabore una agenda ambiental del ALBA-TCP y avance en el desarrollo e implementación de los derechos de la Madre Tierra.

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Como resultado de sus deliberaciones, alcanzaron los siguientes acuerdos:

1.  Promover la realización en todos los países de la Alianza de un Estudio Clínico Genético Psicosocial de Personas con Discapacidad, teniendo en cuenta las experiencias acumuladas en Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.  Promover, sobre la base de sus resultados y en la medida que vaya siendo posible, la incorporación de las personas con discapacidad a las actividades y labores de los sectores productivo, económico, social y cultural, sin discriminación.

2.  Continuar consolidando y extendiendo en todos los países del ALBA la formación y desarrollo de los recursos humanos en el área de la salud pública con sentido de compromiso social, calidad científica y técnica, y sentido de pertenencia con sus pueblos. En tal sentido, consolidar los programas integrales de salud y la formación de médico integral comunitario vigentes.

3.  Aprobar el Plan de Acción del Proyecto Grannacional de Alfabetización y Post-Alfabetización, a los efectos de consolidar sus logros y ampliarlo al resto de los países y pueblos del ALBA-TCP.

4.  Culminar el proceso de declaración de territorio libre de analfabetismo en todos los países de la Alianza y continuar impulsando el proceso de post-alfabetización como vía para elevar el nivel educativo de nuestros pueblos.

5.  Aprobar los Planes de Acción de políticas educativas y estratégicas para el Proyecto Grannacional ALBA-Educación; que contemple las características, principios, propósitos y contenidos definidos en acuerdos de Managua (Junio 2009) y de Caracas (noviembre 2009).

6.  Extender de forma sistemática los servicios educativos en los países miembros hasta alcanzar la cobertura total, a fin de garantizar el acceso a la educación primaria universal y avanzar en el acceso a la educación secundaria.

7.  Priorizar en los programas de integración y cooperación la formación en Medicina y Educación.

8.  Acelerar la conformación y activación urgente de las empresas y proyectos grannacionales priorizados, en conformidad con las normas establecidas para su organización y funcionamiento, con la finalidad de que inicien urgentemente su trabajo.

9.  Ratificar la continuidad del "Proyecto Grannacional ALBA Cultural" y el fortalecimiento de la "Empresa Grannacional Fondo Cultural del ALBA" para continuar defendiendo la identidad y diversidad cultural de nuestros pueblos y favoreciendo el desarrollo cultural, como herramienta básica del proceso de construcción de la unidad latinoamericana y caribeña.

10.  Continuar favoreciendo la conformación de una plataforma histórico-cultural que sustente la integración entre los países miembros, e instar al Consejo Político a trabajar en la difusión y consolidación de la iniciativa Alternativa Martiana para Nuestra América (ALMA).

11.  Constituir una Red de Ciencia, Tecnología e Innovación que facilite fomentar capacidades para la generación y transferencia de conocimientos y tecnologías en sectores claves del desarrollo socioeconómico sostenible.

12.  Promover proyectos dirigidos a lograr que el conocimiento se transforme en nuevos productos y servicios que se  utilicen de forma conjunta, entre los países del ALBA-TCP y a impulsar la interacción entre los centros de I+D, Universidades y Centros de Producción.

13.  Fortalecer la coordinación y concertación de políticas en la esfera de la soberanía tecnológica, así como la concreción de acciones que  gradualmente faciliten el acceso de las poblaciones en los países miembros del ALBA-TCP a los servicios de telecomunicaciones. El proyecto Grannacional de comunicaciones ALBATEL, la construcción del cable submarino de fibra óptica entre Cuba y Venezuela, la empresa mixta para el desarrollo de aplicaciones informáticas "Guardián del ALBA" y el uso del Satélite Simón Bolívar, deben contribuir a estos objetivos.

14.  Brindar el máximo apoyo al impulso del trabajo técnico en el plan de acción y los reglamentos que permitirán, en un tiempo breve, la implementación del Sistema Unitario de Compensación, SUCRE.

15.  Aprobar la propuesta del Consejo Económico de iniciar a principios del 2010 las negociaciones del Tratado de Comercio de los Pueblos, con el mandato de analizar, entre otros temas,  el proceso de integración de la Alianza, el estatus de las relaciones bilaterales y de otro tipo de los países miembros. Igualmente, determinar el objeto del TCP, sus pautas y filosofía de negociación.

16.  Realizar la Primera Feria de Turismo del ALBA-TCP, en el marco de la V Feria Internacional de Turismo de Venezuela los días 28 de septiembre al 3 de octubre de 2010, así como encomendar al Consejo Económico estudiar la propuesta de crear el Centro de Estudios de Promoción y Desarrollo Turístico del ALBA y el Instituto de Formación y Capacitación de las Especialidades Básicas del Turismo.

17.  Mandatar al Consejo Económico a instalar el Grupo de Trabajo de Complementación Industrial y Productiva del ALBA-TCP, para crear la plataforma de trabajo, objetivos y proyecciones inmediatas.

18.  Aprobar el Plan de Implementación del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) y encomendar a su Grupo de Trabajo Transitorio a acelerar los trabajos finales para la puesta en marcha a finales de enero de 2010.

19.  Ratificar el impulso a la constitución de los Proyectos y Empresas Grannacionales analizados por los Consejos Social y Económico, e instruirlo a que designen sus respectivos coordinadores y representantes. Y se convoquen a sus respectivos Comités Técnicos a que se reúnan en el primer trimestre de 2010.

20.  Aprobar el documento de Estructura y Funcionamiento del ALBA-TCP y las definiciones y atribuciones de sus órganos principales en correspondencia con las decisiones adoptadas por la Alianza a partir de la Cumbre celebrada en Maracay, y la propuesta de organización y funcionamiento de las empresas y proyectos Grannacionales.

21.  Instruir al Consejo Político preparar una propuesta sobre el funcionamiento y organización de trabajo del Consejo presidencial del ALBA-TCP, a ser sometida a consulta operativa de los Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de llegar a una decisión a más tardar en la próxima Cumbre de la Alianza.

22.  Intensificar los intercambios en el marco de los organismos internacionales, en particular en las Naciones Unidas, entre los países miembros del ALBA-TCP, con el objetivo de contribuir a que los principios que guían las actividades de la Alianza y sus objetivos políticos se tomen debidamente en cuenta en los procesos de negociación y debate que se efectúan en dichas instancias.

23.  Instruir al Consejo Político a seguir avanzando en la institucionalidad de la Alianza y en la elaboración de las normas, procedimientos y reglamentos que permitirán la coherencia de todas sus instancias.

24.  Realizar la IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) los días 17 y 18 de abril de 2010 en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la Conmemoración de los 200 años del Inicio de la Gesta de Independencia de Venezuela.

25.  Completar la organización de los respectivos capítulos nacionales de los movimientos sociales con el objetivo de convocar al próximo Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP previamente a la realización de la IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno el 19 de abril de 2010 en Venezuela.

[Fuente: http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/12/14/declaracion-final-de-la-cumbre-del-alba]