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Qué pasa

 

paraguay fondo para comunidades indígenasEl Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) busca mecanismos para la creación de un Fondo de Desarrollo Comunitario de 3 millones de dólares para la asistencia de cuatro comunidades indígenas.

Es en respuesta a la sentencia que pesa sobre Paraguay en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). La ministra de Justicia y Trabajo, Lorena Segovia, anunció que a través del fondo se asistirá a las comunidades Yakye Axa, kelyenmagategma, Xamok Kasek y Sawoyamaxa con planes de desarrollo en agricultura, ganadería e infraestructura, a fin de dar sustentabilidad a los indígenas.

La muerte de dos latifundistas en Chile generó reacciones diversas por parte del Gobierno y sectores de la sociedad, que miran con prismas diferentes la manera de abordar los conflictos por tierras en la convulsa región de la Araucanía.

Mientras la administración del presidente Sebastián Piñera apela a una política de mano dura contra acciones que califica de terroristas, no son pocas las voces que llaman al poder Ejecutivo a atajar las causas de hechos violentos como los incendios provocados, en uno de los cuales el viernes último murió un matrimonio de hacendados.

Para este lunes fue convocada con carácter urgente una junta de la Agencia Nacional de Inteligencia, como parte de las medidas anunciadas por Piñera a fin de incrementar el dispositivo policial y de vigilancia en la región, ubicada a más de 600 kilómetros al sur de la capital.

Los incendios están dirigidos contra latifundistas de la zona, cuyas tierras son demandadas por indígenas mapuches, que las reclaman como territorios ancestrales de ese pueblo originario.

Tras el fatal siniestro del viernes en una hacienda en la comuna de Vilcún, afloró el criterio de que el incidente debería marcar un antes y un después en el conflicto araucano.

El senador Eugenio Tuma exhortó al Gobierno a atender las causas de la problemática y recordó que en la región hay actos de violencia permanente desde el Estado, y también acciones de reivindicación constantes de los pueblos originarios.

Desde hace más de dos meses del 2012, las 200 familias del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil que viven en el campamento Frei Henri sufren ataques diarios de una milicia armada.

El campamento está situado en la propiedad Fazendinha, junto a la carretera PA-275, a 16 km de la ciudad de Parauapebas, en Curionópolis, al sureste del Estado de Pará.
 
Los ataques de los pistoleros, que comenzaron el 6 de octubre del 2012, acontecen sobre todo durante la noche, cuando el grupo armado arroja bombas contra los cambuches, tira cohetes, o usa un potente faro para iluminar el campo y tratar de disparar a la gente.

"Aquí ellos usan balas, lanzan bombas, nos atormentan por las noches, sin dejarnos dormir, poniendo uno de esos faros potentes como los que se utilizan en los campos de refugiados. Este faro es un verdadero terror, ilumina todo el campamento. Con él consiguen tener un una buena visión y cuando sueltan las bombas, disparan tratando de alcanzar a la gente en el campamento", explica uno de los acampados, Carlos Dian.

Un nuevo bloque de cerca de 4.000 demandas de restitución de tierras está preparando el Ministerio de Agricultura, el cual será presentado en los próximos meses, a través de la Unidad de Restitución de Tierras.

Estas demandas serán puestas en consideración de los jueces agrarios con el fin de que se restablezcan los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado de tierras.

Ya hay cerca de 1.000 demandas para el estudio y fallo de los jueces especializados. En diciembre pasado se entregaron los primeros títulos Mampuján, de restitución de tierras, por la vía judicial. Esto hace parte de la tarea que tiene la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que tiene un año.

“Se está demostrando que la restitución de tierras va en serio y en grande”, afirmó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

Al cierre del año pasado, la Unidad de Restitución de Tierras  recibió 31.111 reclamaciones que equivalen a 246.664 hectáreas. De estas el 36,56% corresponden a peticiones formuladas por mujeres y el 63,26%, por hombres. De acuerdo con el Gobierno, las peticiones de las mujeres campesinas tendrán atención prioritaria.

Conflictos pendientes por la injusta distribución de la tierra en Paraguay se reanudarán con la llegada del nuevo año debido a la falta de solución por parte del Gobierno.

Organizaciones de campesinos que, desde hace años, viven en condiciones muy precarias con sus familias, incluso en carpas situadas a orillas de gigantes latifundios, vieron transcurrir el 2012 sin una ayuda definitiva de los organismos oficiales.

Los problemas para ese fracaso hay que identificarlos con la intransigencia de geófagos negados a vender parte de propiedades señaladas de adquisición en condiciones dudosas y la negativa del Congreso y el Ejecutivo a aplicar el proceso de expropiación correspondiente.

El poder de los latifundistas, unido al accionar de muchos jueces y fiscales, logró en el año que acaba de terminar hasta impedir mediciones de sus terrenos con el fin de determinar la cuantía de la ilegalidad en la propiedad de extensos territorios ocupados por ellos.

Uno de los casos emblemáticos es el de la zona de Ñacunday, en el departamento de Alto Paraná, lugar en el cual miles de campesinos que viven en carpas reclaman la expropiación de cuatro mil hectáreas de un monumental latifundio en manos del empresario Tranquilo Favero.

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