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Qué pasa

Líderes mapuches denunciaron ayer nuevos allanamientos en comunidades de la Araucanía en Chile y el arresto de indígenas, acciones que consideran lesivas a las demandas territoriales de esas poblaciones. Fuentes judiciales confirmaron la detención de al menos un comunero, Eliseo Ñipirril Cayupán, a quien las autoridades consideran responsable de incendios ocurridos en la zona, pese a que los mapuches niegan vinculación con los siniestros, realizados el fin de semana por encapuchados.

Según divulgó el sitio digital Mapuexpress, la comunidad Lof Muko tiene una larga historia de lucha por tierras que consideran ancestrales, de ahí que sus miembros son detenidos y obligados a pasar largo tiempo en prisiones, donde decretaron huelgas de hambre.

De acuerdo con las fuentes mapuches, los arrestos, más que con los incendios, tienen que ver con el hecho de que la comunidad Mateo Ñirripil Autónoma supo levantarse y llevar adelante un proceso de recuperación territorial.

Los familiares de los once campesinos muertos en una balacera en la que también fallecieron seis policías durante un intento de desalojo de una finca dijeron el domingo que aceptaron la ayuda estatal de dinero y que resolvieron dar una tregua hasta febrero en el programa de movilizaciones contra las acusaciones de la fiscalía.

Como consecuencia, fue destituido el 22 de junio el entonces presidente, Fernando Lugo, mediante un juicio político en el Senado y fue reemplazado por el vicepresidente Federico Franco.

Mariano Castro, padre de un campesino muerto y de dos hijos encarcelados, dijo el domingo a la AP que “aceptamos la pequeña ayuda del gobierno porque en el campo existe mucha pobreza (…) Nunca el dinero podrá curar nuestras heridas ni consolarnos, pero la pobreza es muy grande”.

Por cada víctima fatal, el gobierno entregó el viernes una última cuota de ayuda a modo de indemnización, totalizando 2.500 dólares.

Con el objetivo de lograr la asociatividad en las comunidades campesinas y evitar la fragmentación de tierras, el Minag se encargará de la titulación en las zonas rurales, mientras que Cofopri solo tendrá a su cargo la zona urbana.

El viceministro de Agricultura, Juan Rheineck, informó que la próxima semana su sector expedirá un decreto supremo con el propósito de establecer que el Ministerio de Agricultura sea el ente rector encargado de dirigir la titulación de los terrenos agrícolas en todo el país.

“Por más censo que tengamos y por más expresión que tengamos de los   problemas del minifundio y la concentración de la tierra, no tenemos una titulación. Es una demanda muy fuerte de los agricultores y (por ello) todos los ministerios ya nos hemos puesto de acuerdo para que el sector Agricultura sea el ente rector de un decreto supremo que se expedirá la semana que viene”, dijo.

Agregó que en ese sentido se está gestionando un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de alrededor de US$ 100 millones para realizar el proceso de titulación que se culminaría en los próximos cinco años.

Juan Daniel Vago, titular de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), manifestó que las “cooperativas consolidadas juegan un papel clave para la inserción competitiva de pequeños y medianos productores en las diferentes cadenas de valor”, tanto que “son la única forma de retener a la gente en el campo”.

Vago lo destacó en el acto de clausura de la II Cumbre de Presidentes de CAF, el martes pasado en el establecimiento frutícola La Macarena, en Melilla, área rural de Montevideo.

Las cooperativas agrarias, están “cada vez más presentes en el desarrollo competitivo del agro uruguayo” y –con 28 años de acción acumulada desde CAF– siguen teniendo como objetivo central “promover el desarrollo cooperativo como instrumento para mejorar la calidad de vida”, indicó el presidente de la gremial.

Crecimiento versus expulsión

Según adelantó El Observador, en 2011/2012 la facturación de las 25 entidades de CAF creció unos US$ 300 millones en relación a los US$ 1.070 millones de 2010/2011.

Al respecto, Vago expuso que para que ese crecimiento persista hay necesidades a satisfacer, por ejemplo en relación a la competitividad: “cada vez que nos desalineamos con Brasil terminamos mal”, reflexionó.

La paz con justicia social es el consenso dominante en el foro de desarrollo integral que concluirá hoy aquí tras dos días de abordaje plural de un tema de múltiples aristas como el rescate y democratización de la tierra.

Con la participación de mil 200 representantes de la sociedad civil, este tema devino tesis de fondo común a los 16 sectores representativos del campo colombiano presentes en el evento, a partir de un diálogo generador de opiniones disímiles, de coincidencias y disensos, enriquecedores del debate.

Una de las ponencias de mayor impacto fue la de Olga Lucía Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), titulada La paz de los campesinos es la paz con justicia social.

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