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Qué pasa

Según estudio de Propuesta Ciudadana, Arequipa, Puno, Áncash y Lima son las regiones con mayor proporción de su territorio ocupado por derechos mineros.

Las concesiones mineras ocupan la quinta parte del territorio del Perú cuando hace doce años la proporción correspondía sólo al 6%, según el estudio “Concesiones mineras en el Perú: Análisis y propuesta de política” realizado por el Grupo Propuesta Ciudadana.

Al respecto, Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de dicha organización, explicó que Arequipa, Puno, Áncash y Lima son las regiones con mayor proporción de su territorio ocupado por derechos mineros.

La Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA, denuncia a través de comunicado público los graves hechos que afectan a los indígenas del Resguardo Indígena Awá de la comunidad de Planadas Piaguambi. Las circunstancias que a continuación se citan son evidencias de las graves afectaciones que afronta el Pueblo Awá, y las distintas vulneraciones colectivas e individuales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que se registran en el departamento de Nariño. A lo anterior se suman las afectaciones históricas que en el marco del conflicto armado ocurren y socavan los derechos de los pueblos, y que se entienden como un riesgo inminente en contra de las comunidades y la Organización.

Desde la ONIC, a través de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz, nos permitimos coadyuvar la solicitud de defensa presentada, las cuales parten de los hechos citados a continuación:

En los países andinos el proceso creciente de posicionamiento de la producción campesina en un sector tan concentrado y competitivo como el lechero incentiva a realizar estudios que aporten a refutar el mito de la ineficiencia y poca capacidad de adaptación de los campesinos al mercado y a la modernidad, incluyendo el análisis de los alcances, limitaciones y riesgos tanto a nivel productivo, organizativo, ambiental y de las intervenciones del sector público y privado. 

La International Land Coalition (ILC), comparte un informe acerca de una Ruta de Aprendizaje sobre “Herramientas y enfoques innovadores para asegurar los derechos de las mujeres a la tierra”, desarrollado por la Iniciativa Derechos de las Mujeres a la Tierra de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) y Procasur en Ruanda y Burundi en febrero de 2014. El informe está disponible en inglés y francés.

Una Ruta de Aprendizaje es una experiencia educativa estructurada alrededor de las experiencias de organizaciones locales apoyadas para sistematizar y compartir sus conocimientos con otros.  Los 16 participantes, o ruteros, en esta Ruta, mujeres y hombres provenientes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y programas de gobierno en África, Asia y América Latina, aprendieron de las organizaciones locales visitadas y también unos de otros.
La Ruta de Aprendizaje sobre “Herramientas y enfoques innovadores para asegurar los derechos de las mujeres a la tierra” fue organizado por la Iniciativa Derechos de las Mujeres a la Tierra de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) y Procasur en Ruanda y Burundi en febrero de 2014.

A pesar de estar garantizadas en marcos regulatorios, como el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las consultas a los pueblos indígenas, de hecho, no funcionan. Prueba de ello está ocurriendo en Perú, donde el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas lucha por la cancelación de la Ley 30230, que atenta contra los derechos de posesión y propiedad de las comunidades y pueblos originarios y da amplia apertura para la actuación de inversores.

La Ley, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país’ (nº 30230), promulgada el mes de julio [2014], también viene siendo llamada "Ley del Paquetazo Antiambiental” o "Ley Mata Parques”, pues, con el pretexto de promover inversiones en el país, privilegiaría los intereses empresariales sobre los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, permitiendo que empresas privadas identifiquen y decidan las áreas o propiedades que necesitan para ejecutar sus proyectos.

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