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Después de 23 años de vigencia de la Constitución Política de 1991, que reconoce a los Pueblos Indígenas como sujetos políticos colectivos; de existir un amplio marco jurídico internacional, legal y jurisprudencial que establece los derechos a la Autonomía y al Gobierno Propio, de los cuales somos titulares; y de múltiples procesos de movilización, lucha y resistencia de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, el día martes 7 de octubre de 2014el Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón sancionó el Decreto de origen constitucional “Por el cual se crea un régimen especial, entre tanto se expide la ley de que trata el Artículo 329 de la Constitución Política, con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas de los Pueblos Indígenas”.

Este instrumento jurídico, que se concreta casi un año después de la suscripción del acta de acuerdos de la Minga Indígena, en La María (Piendamó – Cauca), constituye un paso fundamental e histórico en el camino de lucha, reivindicación y defensa de los Pueblos Indígenas por el ejercicio pleno de la autonomía y del Gobierno Propio, a través de nuestras autoridades.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a producir y a comer alimentos sanos. La alimentación no puede reducirse a una mercancía de las corporaciones transnacionales.

El movimiento Campesino  Internacional La Vía Campesina hace un llamado  a sus organizaciones en todo el mundo, al pueblo organizado, aliados y consumidores conscientes a la Jornada de Acción Global por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos en contra de las transnacionales, este 16 de Octubre de 2014.

La Vía Campesina realiza esta jornada de solidaridad, resistencia y movilización   cada año con el fin de dar a conocer a la sociedad civil el riesgo al que se enfrenta hoy la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, por lo cual consideramos importante  e imprescindible fortalecer la  alianza con la clase trabajadora del campo y de ciudad, pues  el derecho humano a la alimentación  no solo debe cuidar del acceso, sino que debe garantizar una alimentación saludable, sana y culturalmente apropiada  para los pueblos.

Los resultados de cinco estudios realizados en el área rural del país muestran que existe una “…brecha creciente entre la agricultura comercial en alza y la precarización de agricultura campesina e indígena genera altos costos sociales y acelera la reconfiguración del acceso a la tierra con una marcada tendencia hacia la concentración y control de la tierra”.

En el artículo introductorio de la revista Cuestión Agraria, cuyo primer número será presentado en La Paz el 30 de septiembre, Gonzalo Colque se refiere a estos estudios y llega a la conclusión de que el modelo de agricultura comercial a gran escala se consolida y provoca una reconfiguración del rol de la pequeña agricultura: “…el papel de la pequeña agricultura para la seguridad y soberanía alimentaria se está reconfigurando y de forma visible debido a las recientes y rápidas transformaciones agrarias orientadas a la consolidación de un modelo de agricultura comercial a gran escala que principalmente produce materia prima de exportación y secundariamente alimentos para el mercado nacional”, afirma el especialista.

Mientras la extracción de un gramo de oro implica gastar hasta 1.060 litros de agua, para producir arroz, papa o leche en la misma cantidad, se utilizan menos de 2 litros. 

Hace dos semanas, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, anunció que el Gobierno planea abrir las puertas a nuevas solicitudes mineras a finales de este mes. Según el ministro, hay notorios avances en la depuración de los títulos y el país estaría preparado de nuevo para permitir nuevas exploraciones.

Sin embargo, la más reciente investigación de la Contraloría General, que revela una completa radiografía de esta actividad en el país, advierte que más allá de la depuración de los títulos mineros otorgados hasta ahora (19.000 según el Ministerio de Minas), hay una serie de complejos retos con pocos los avances, que habría que resolver antes de reactivar la titulación minera, según el ente de control.

Durante los primeros días del mes de Enero, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aprobó el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- PLANEFA 2014 [1].

El Plan propuso la creación un programa de desempeño de unidades técnicas zonales  para la evaluar, supervisar y fiscalizar las condiciones en que opera el sector productivo a nivel nacional. De este modo, se podría realizar acciones de vigilancia y supervisión directa sobre los subsectores hidrocarburos, electricidad, minería, pesquería e industria de impacto (Cemento, Papel, Cerveza y Curtiembre), fiscalizando y sancionando las malas prácticas con el apoyo de los Gobiernos Regionales y Locales.

El PLANEFA 2014 trazó como meta la realización de más de dos mil supervisiones ambientales directas, más de doscientas evaluaciones ambientales, la identificación de dos mil  pasivos ambientales y monitoreo  de quinientas Entidades de Fiscalización, además de atender los casos acumulados desde el año 2013.Para cumplir con estas metas, la OEFA ha venido realizando varias sesiones de capacitación  a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y las Entidades de Fiscalización ambiental con el fin de lograr un frente unido para prevenir impactos severos en el medio ambiente.