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Qué pasa

El Foro se desarrollará en dos jornadas, la primera de ellas propiamente de Foro "clásico" con exposiciones y debate abarcando tres ejes centrales, y en la segunda se realizará un intercambio de experiencias de recuperación y gestión colectiva de tierras a través del Instituto Nacional de Colonización y un encuentro de la Red de Semillas Criollas y Nativas.

Participarán representantes de colectivos organizados de Uruguay, investigadores y grupos que reivindican la Soberanía Alimentaria y la agroecología como principios, integrantes de las Mesas de Desarrollo Locales de los diversos departamentos, sindicatos rurales y de pescadores artesanales, así como autoridades de institutos y organismos nacionales y departamentales vinculados a la temática de la producción familiar y el desarrollo rural, en un sentido amplio.

El encuadre estará dado por el principio de la Soberanía Alimentaria, que reconoce y reivindica el derecho de los países y pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos sanos, destacando el papel central de la producción campesina y familiar y la agroecología.

Nos acompañarán compañeras y compañeros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-VC) y de la Marcha Mundial de las Mujeres, con amplia experiencia en las temáticas a abordar, dos de los movimientos fundadores de la Alianza por la Soberanía Alimentaria.

"Clones de papa resistentes a muchos de los fenómenos naturales que se prevén con el cambio climático se encuentran a disposición de los programas de mejoramiento genético de papa de cualquier lugar del mundo desde el mes de julio", informa el portal SciDev.net.

Se trata de un resultado del proyecto Ampliando la frontera agrícola de la papa para disminuir los efectos del cambio climático (CLIPAPA) que identificó variedades con mejor adaptación a condiciones ambientales adversas.

El proyecto fue coordinado por el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER), con participación de centros agropecuarios de Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Costa Rica. La idea también es introducir nuevos genes de resistencia en distintas variedades para generar resistencia al tizón tardío (Phytphthora infestans), una plaga que se está viendo alterada por el cambio climático.

Un representativo grupo de comunidades campesinas e indígenas y de profesionales del agro y la salud se reunió en Santiago el pasado 7 de agosto en el taller “Comunidades, Agroecología y Políticas Públicas”. “Necesitamos políticas públicas generadas desde las bases campesinas, mediante consultas vinculantes, para poder avanzar en la agroecología y la agricultura orgánica” señala la conclusión general de los miembros de 43 organizaciones venidos de Arica a Coyhaique.

Las comunidades exigen que el Estado dé prioridad a la relación con los pequeños productores y oriente su esfuerzo hacia las economías locales, vez de seguir apoyando el uso de insumos altamente contaminantes y los agronegocios orientados a la exportación. Asumen que una Asamblea Constituyente aseguraría estos cambios, pues se requiere instalar en una nueva Constitución el concepto de soberanía alimentaria: el derecho a decidir qué producimos y cómo, de acuerdo a nuestra cultura y necesidades.

Tras 14 años de espera, la Corte Constitucional de Colombia (CC) ordenó al Ministerio de Agricultura y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en sentencia dada a conocer el 27 de agosto, delimitar y asignar las tierras que sean necesarias para la creación del resguardo indígena Marimba Tuparro, perteneciente a las etnias Sikuani y Mapayerry, en el oriental departamento de Vichada.

Según la CC, el proceso para constituir el resguardo “ha tomado un tiempo irrazonable al pasar más de 14 años desde su primera solicitud ante el INCODER sin que ni siquiera se haya realizado una visita al territorio ni estudio socioeconómico alguno. Esta omisión por parte de las autoridades estatales ha puesto en riesgo la identidad cultural y étnica de la comunidad”, además de haber “desconocido profundamente su libertad de autodeterminación y gobierno”.

Se trata de una publicación trimestral especializada en conflictos de tierra y recursos naturales, elaborada por el Programa de Investigación en Conflictividad Social y Comunicación Democrática de la Fundación UNIR Bolivia.

La producción de Boletín 12 es resultado de un acuerdo entre la Plataforma de la Coalición Internacional por la Tierra, ILC (que articula a distintos actores de la sociedad civil y el Estado con el fin de contribuir a una gobernanza responsable de la tierra-territorio y los recursos naturales en favor de comunidades indígenas, originarias, campesinas y mujeres en el área rural, y es coordinada en el país por la Fundación TIERRA), y la Fundación UNIR Bolivia (institución privada que trabaja en las áreas de investigación en conflictividad social y comunicación democrática, educación para la paz y gestión constructiva de conflictos; cuenta con una base de datos sobre conflictividad social en el país, a partir de la cual produce información estadística y desarrolla tanto investigación como análisis).

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