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Qué pasa

Como Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, instancia que reúne a más de 80 organizaciones y comunidades de distintas regiones, damos a conocer a la ciudadanía y a las autoridades nuestra posición frente a la Indicación Sustitutiva al Proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, presentada por el gobierno el 8 de octubre de 2014:

  • Sobre  la declaración de las aguas como bienes nacionales de uso público

El gobierno NO se pronuncia sobre la reforma constitucional en materia de aguas (artículo 19 numero 24). Insistimos en que las aguas deben ser declaradas constitucionalmente como bienes nacionales de uso público. En este sentido, nos parece irrisorio volver a declarar las aguas como bienes nacionales de uso público, en circunstancias de que el Código de Aguas de 1981 en su artículo 5 ya las declaraba en esta condición y su aplicación ha sido letra muerta.

Los productores del agro pueden dar cobertura contra riesgos a la papa, quinua, trigo, maíz, haba, cebada, avena y frejol, durante la la campaña 2014-2015. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras amplió la fecha de inscripción al Registro Agrícola Comunal (RAC), que beneficia a los agricultores damnificados por distintos fenómenos naturales  en  el país.

Se amplió la  fecha  hasta el 20 de octubre,  informó el director del Instituto del Seguro Agrario (INSA), Érick Murillo.
Esta prórroga  tiene el objetivo de  beneficiar a una mayor cantidad de  agricultores en los 151 municipios del país para la campaña agrícola 2014-2015.

Para esa campaña, el INSA amplió la cobertura del seguro a  la papa, quinua, trigo, maíz, haba, cebada, avena y frejol, que ahora tienen cobertura ante eventos climáticos como la helada, la sequía, el granizo  y la inundación.

El principal obstáculo  que frenó la inscripción de los productores fue la distancia que hay entre el municipio y las comunidades, así como la entrega  a sus dirigentes comunales de formularios llenados o las reuniones comunitarias, según Murillo.

Estas circunstancias hicieron que los representantes de las comunidades pidieran una extensión del plazo, por lo que la institución determinó, después de un análisis, ampliar el término  de registro hasta el próximo 20 de octubre.

El miércoles 15 de octubre, la Comisión de Soberanía Alimentaria sesionará en Guayaquil en lo que constituirá el inicio de la socialización del proyecto de Ley Orgánica de Tierras.

Aparte de Quito, de acuerdo con el cronograma, hasta el 18 de octubre visitarán también Cuenca y Riobamba. El objetivo es recibir los aportes de diferentes organizaciones y otros actores sociales.

El documento que se someterá a discusión en las diferentes ciudades, previo su primer debate en la Asamblea, fue aprobado el 2 de este mes y consta de 118 artículos.

Cuando se inició el trabajo de la Comisión para preparar este proyecto, se unificaron cinco propuestas existentes y se estableció como Ley de Tierras Rurales, pero, tras los debates respectivos, se amplió el concepto y quedó establecido como Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

Impactos de la Ley 30230 sobre la propiedad privada y el ordenamiento territorial

En julio de este año el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 30230, iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, “que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”. Esta norma fue criticada en sus aspectos ambientales y tributarios. Sin embargo, otros aspectos de la Ley también tienen impactos igualmente negativos. Por ejemplo, el Título III, mediante artículos sumamente generales y hasta ambiguos, permitiría a proyectos de inversión, públicos o privados, obtener tierras donde y en la cantidad que requieran para sus actividades, pasando por alto los derechos de propiedad vigentes de los propietarios.

Es necesario simplificar los procedimientos que permitan el reconocimiento y titulación de la propiedad a favor de las comunidades. La comunidad nativa de Edwin Chota tiene once años luchando por su titulación
 
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, expresó su preocupación por los problemas de inseguridad jurídica que afectan el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas y nativas de nuestro país, ante lo cual recomendó simplificar los procedimientos de reconocimiento y titulación a fin de proteger adecuadamente el derecho de propiedad comunal.

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