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Según los especialistas, el Estado chileno viene autorizando megaproyectos que violan los derechos de los pueblos tradicionales. Así mismo, fuerzas especiales de la policía tienen montado un operativo de seguridad que amenaza los pueblos Mapuches en la zona del sur de Chile, en las regiones de Bío Bío, Araucanía y Los Ríos. Esto es lo que denuncian varios organismos de derechos humanos del país.

Según estos organismos, cerca de 1390 oficiales, dos bases militares –Pidima y Pailahueque– además de carros blindados, tanques, helicópteros y un arsenal de armamento de guerra estarían actuando en el lugar. En este sentido, un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos realizado en el 2015 y titulado “Los impactos en derechos humanos de los proyectos de inversión hidroeléctrica en el territorio Mapuche de la región de La Araucanía”, evidencia los graves efectos que los proyectos energéticos tienen sobre las comunidades tradicionales que viven en el sur de Chile.

La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) aplicó una orden preliminar para detener los trabajos que la empresa Plantaciones Pucallpa SAC, miembro peruano de la Mesa, viene realizando sobre territorio ancestral de la comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya, en la región Ucayali. 

La orden fue emitida por su Panel de Quejas y se conoció el 25 de abril, luego de un arduo trabajo de varios meses realizado por la comunidad y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU), con el apoyo de Forest Peoples Programme (FPP) y el Instituto de Defensa Legal (IDL). 

La medida fue motivada luego de que la citada comunidad presentara una queja formal, en diciembre de 2015, por la destrucción de más de 5000 hectáreas de su bosque ancestral por parte de Plantaciones, empresa que forma parte del cuestionado grupo Melka que tiene como cabeza al empresario norteamericano Dennis Melka.

La soja no alcanza ni para pagar la deuda del que planta soja y mucho menos para pagar la deuda ajena, expuso Milton Abich, miembro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), filial Santa Rita. Hizo estas declaraciones respecto al reclamo de las organizaciones campesinas que se movilizaron en Asunción de que se apruebe en Paraguay un impuesto del 15% a las exportaciones de granos

El sector productivo está súper endeudado porque no encontró rentabilidad en los últimos dos años, así que no hay cómo sacar más plata para pagar deudas de otros sectores”, dijo.

Abich sostuvo que la movilización de los campesinos fue orquestada para presionar que se aplique el tributo a los granos. Defendió el trabajo de los productores que siguen trabajando lícitamente, pagando todas sus deudas y todos los nuevos impuestos.

El gobierno declaró la emergencia agropecuaria para el norte de Rocha y la zona sur de Treinta y Tres, por problemas derivados de la situación climática, lo que le permitirá a los productores acceder a fondos para la compra de alimento para su ganado.

En el marco del Consejo de Ministros de este lunes, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, declaró la “emergencia agropecuaria” para el norte de Rocha y la zona sur de Treinta y Tres, a raíz de las inundaciones que afectaron la producción ganadera.

El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, anunció lunes la emergencia agropecuaria para zonas de los departamentos de Treinta y Tres y Rocha.

La buena noticia llegó por vía de la asociación Grufides. Maxima Acuña recibió la notificación de la Resolución del Juzgado Mixto de Celendín que revoca la absurda medida cautelar que impedía a Máxima y su familia realizar cualquier tipo de trabajo en su propio predio, incluso cultivar alimentos para su manutención.

La medida solicitada por la empresa minera Yanacocha le permitió ingresar varias veces a su predio y destruir lo que encontraba a su paso o sacar sus pertenencias, incluso sus cultivos, con el pretexto de hacer cumplir la medida cautelar expedida el 2015.

Con esta nueva resolución la justicia le otorga la razón a Maxima Acuña y se levanta la irracional medida permitiéndole que vuelva a trabajar la tierra.