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Qué pasa

Miles de campesinos y campesinas se movilizan desde hace 10 días en Asunción, reclamando, entre otras cosas, que el Estado les condone sus deudas contraídas para la producción.

La respuesta del gobierno de Horacio Cartes viene siendo la indiferencia cuando no la criminalización, a través de los medios empresariales de información.

“Si estos productores están en problemas hoy, demuestra el fracaso de las políticas agrarias del gobierno. Y su actitud es la indiferencia, como que no pasa nada y no asume su responsabilidad”, analiza Rojas.

Para él es claro que hay una corresponsabilidad del Estado en la situación que viven miles de familias agricultoras. El Estado debería dialogar con el sector -dice- y evitar que pierdan sus tierras, por los embargos de préstamos.

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro de Colombia, en el marco de la construcción del Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano, organiza el Seminario de Agroecología, Cambio Climático y Movimientos Campesinos, espacio a desarrollarse los días 23 a 25 de abril, con una Jornada de Foro Abierto el día 25 en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional de Colombia, a partir de las 8:00 am. Este semanario contará con la participación de los profesores Peter Rosset (miembro del equipo técnico de La Vía Campesina), Adilen Roque (ANAP-Cuba) y José María Tardin (MST-Brasil).

En el seminario participarán compañeras y compañeros miembros de organizaciones campesinas de Colombia, académicos aliados y miembros de las coordinaciones de los IALAs de Latinoamérica. El objetivo de este seminario es desarrollar un espacio para socializar las experiencias vividas en los procesos de formación en agroecología, conocer la actual problemática del campesinado colombiano y construir estrategias y alianzas para el desarrollo del programa de formación de Tecnólogo en Agroecología, así como el lanzamiento del Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano.

Recientemente, el Tercer Tribunal Ambiental confirmó en su totalidad una multa de 320 Unidades Tributarias Anuales (172 millones de pesos aproximadamente) que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) cursó a la I. Municipalidad de Temuco, producto de nueve incumplimientos ambientales que le fueron imputados a la autoridad comunal por el manejo del proyecto “Plan de Cierre del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos” del Vertedero de Boyeco, en la Región de la Araucanía.

Lo que las comunidades hace años vienen denunciando recién queda en evidencia para la competencia de los órganos públicos. Mala administración del recinto, severa contaminación de las aguas con prohibición para el consumo humano, agrícola y animal. Afectación de todas las unidades productivas que ha obligado a cambiar las fuentes económicas de su población, varios obligados a vivir de recolectores. 

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, exhortó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a adoptar medidas que permitan el cumplimiento de los acuerdos entablados hace más de un año con la población indígena de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, de la región Loreto. 

Asimismo, solicitó al presidente del Congreso de la República priorizar la discusión y aprobación del Proyecto de Ley N° 4933/2015-PE, que permitiría el desarrollo de estrategias de remediación ambiental en áreas afectadas por actividades de hidrocarburos en el ex Lote 1AB (hoy Lote 192) y en el Lote 8.

Esto debido a que el citado proyecto de ley autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a suscribir convenios de Cooperación Técnica Internacional en materia ambiental para el desarrollo de dichas estrategias. 

Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano ha logrado entregar 243 mil títulos de propiedad de tierras a nivel nacional, lo cual permite el acceso a crédito, capacitación y asistencia técnica para proyectos productivos, informó el vicepresidente Jorge Glas, desde el cantón Naranjal, en la provincia de Guayas.

El Programa de  Acceso a la Tierra para el Desarrollo ha requerido una inversión superior a los 93 millones de dólares para favorecer a 276 mil familias campesinas y alrededor de 60 mil hectáreas han recibido apoyo para el desarrollo productivo.

En 2016, el gobierno prevé entregar 77 mil títulos de propiedad de tierras de los cuales, en esta semana, entregó 5 mil escrituras en la parroquia Guambaló en la provincia de Tungurahua, ubicada en la sierra central ecuatoriana.  La meta del Gobierno es llegar a los 300 mil títulos entregados. 

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