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Qué pasa

Por lo menos 2 mil pobladores de Tolima, Meta, Boyacá y Cundinamarca, que desde hace más de diez años realizan mercados campesinos en distintos parques de las localidades de Bogotá, exigen a la actual administración de la capital, y en particular a la Secretaria de Desarrollo Económico, que renueve los convenios que permiten su ejecución; teniendo en cuenta los beneficios que han representado tanto para los productores como para los capitalinos, afirma Julián Corredor, integrante de Comité de Interlocución Campesino.

De acuerdo con Corredor, estos mercados han beneficiado a los productores campesinos porque al no existir intermediarios, ellos apropian el 30% del valor de cada alimento vendido, mientras que los capitalinos pueden comprar productos orgánicos, de calidad y a precios justos. En suma, una práctica que además de estar amparada por el Acuerdo 455 de 2010 y el Decreto 315, abastece el 65% de la canasta de alimentación básica bogotana y permite fortalecer la política de seguridad alimentaria de la ciudad.

Con el propósito de facilitar la comercialización de los productos de forma ordenada y para que lleguen al consumidor final con estándares de calidad, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) entregó carpas, balanzas, gavetas, estanterías, sillas, hielera, y recipientes de basura a productores del cantón Piñas, provincia de El Oro.

Esta acción se efectúa a través de la Coordinación General de Redes Comerciales del MAGAP, que articula con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y en este caso, la Dirección Provincial Agropecuaria de El Oro, productores y productoras sistemas de comercialización en circuitos cortos, que permitan la venta sin intermediarios.

Inicialmente son 15 los productores que arrancaron con este proyecto en el cantón Piñas, con el objetivo de implementar de manera participativa un sistema de feria para la comercialización alternativa de productos orgánicos locales. Aquí se promociona la venta directa de productos limpios que fortalecen los procesos organizativos del sector mediante relaciones comerciales más equitativas para el pequeño y mediano productor.

En la medida que avanza la campaña electoral algunos candidatos comienzan a hacerle algunos guiños al sector de mineros informales e ilegales. Por ejemplo, el candidato Kuczynski ha propuesto reflotar el Banco Minero pensando en ese sector, mientras que Keiko Fujimori, en una reciente visita a Puno, afirmó que se debe comenzar de cero el proceso de formalización.

Mientras esto ocurre, el congresista por Madre de Dios, Amado Romero, ha presentado un proyecto de ley (17 de febrero) que en concreto plantea derogar todo el marco legal que estableció el Ejecutivo desde el año 2012 para la formalización minera y la interdicción de las actividades abiertamente ilegales: “es conveniente derogar o dejar sin efecto las normas que regulan el actual proceso de formalización, cuyos resultados son infructuosos”, han declarado los autores del proyecto, los congresistas Amado Romero (Arequipa), Tomas Zamudio (Arequipa) y Eduardo Cabrera (Ica). Dicho sea de paso, esta posición coincide plenamente con las propuestas de Hernando de Soto.

Hoy martes 5 de abril de 2015 en Montevideo, Uruguay, negociadores de 20 países de América Latina y el Caribe (ALC) se reúnen para continuar el proceso regional que busca aumentar la inclusión de todas las personas, especialmente los más afectados, en el proceso de toma de decisiones públicas en materia ambiental.

Durante la 3ª Reunión del Comité de Negociación del “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” los negociadores y la sociedad civil continuarán debatiendo y desarrollando el texto del acuerdo regional que busca establecer estándares más altos en la región en materia de gobernanza ambiental lo que a su vez puede contribuir a la resolución de los conflictos sociales en los países. Se espera que el texto del acuerdo regional esté concluido antes de diciembre de este año.

El gobierno de Horacio Cartes re-impulsó en 2014 la iniciativa de tener un Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), cuyo objetivo es geo-referenciar y transparentar la situación de las 1.018 colonias que tiene el Instituto de la Tierra(INDERT) en la región Oriental del país.

La analista Inés Franceschelli advierte, sin embargo, que se está usando para regularizar a propietarios irregulares que hoy acaparan tierras del Estado.

La iniciativa consiste en registrar satelitalmente las colonias campesinas asentadas en tierras fiscales y documentar su actual situación, para en un segundo paso regularizarlas jurídicamente.

Un antecedente de este proyecto se inicio durante el gobierno de Federico Franco(2012-2013), pero se estropeó luego de un escándalo de manejo de los fondos que involucró a la Asociación Paraguaya de Estudios de Población(ADEPO) y a funcionarios del INDERT.

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