En el marco del “8° Encuentro internacional por la tierra y territorio en Sudamérica. En tiempos de COVID-19” se realizó un diálogo sobre Ecuador. En esta mesa virtual participaron Susana Quiñónez y Rossana Torres del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más y Adriana Sigcha del proyecto Equiterra (SIPAE, AVSF, FEPP y CESA), autora del capítulo de Ecuador del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica.
La investigadora Rossana Torres como parte del comité de solidaridad de Furukawa nunca más se refirió al tema que abordaron, como un caso desterritorialización, racismo y esclavitud moderna. La empresa Furukawa de origen japonés se estableció en el Ecuador desde 1963, actualmente se encuentra en varios municipios, distribuido en 23 haciendas a lo largo de tres provincias del país. La materia prima con la que se trabaja son las plantaciones de abacá, una planta de origen filipino considerada como una fibra versátil, que sirve para elaborar desde papel moneda hasta componentes de la industria automotriz. Cabe recalcar que el primer productor de abacá en el mundo es Filipinas y le sigue Ecuador.
En 2018, la compañía fue denunciada por trabajadores de la planta, argumentando precarización laboral. En 2019 se realizaron comparaciones con otros casos, y lo determinaron como un caso de servidumbre moderna. Ante esta situación se conformó el movimiento Furukawa nunca más, que articula organizaciones y personas que han trabajado por generaciones en la planta, muchas de ellas de origen afrodescendiente.
Torres comentó que el comité acompaña a los ex trabajadores en el proceso penal y el proceso constitucional. En el caso del penal, comentó que casi a tres años de que se conociera el caso, hubo una audiencia de protección donde un juez constitucional de turno reconoció la vulneración de derechos de las personas y la responsabilidad del estado ante el caso. En abril de 2021 se ratificó el fallo, donde el juez repuso como medidas de reparación de tipo económico de la empresa a favor de cada una de las personas que trabajaron en la planta, también se estableció la entrega de 5 hectáreas o el valor monetario de la tierra a cada familia afectada y una disculpa pública de la empresa en los diarios públicos y las principales instituciones del estado. A pesar de que el fallo fue apelado, Torres comentó que el comité esperaba un fallo verbal ante el caso.
Por otra parte, desde la realidad ecuatoriana en tiempos de pandemia Torres dijo “durante la pandemia (…) se profundizó la precarización en la vida del campo” para 2020, 38 % de los ecuatorianos estaba afectado por la pobreza multidimensional y el acceso a salud y empleo fueron de las principales aristas que enfrentaron. A pesar de que en la ciudad se llamó a cuarentena, en los campos no se detuvo el trabajo, siendo así el espacio rural el motor de provisión de alimentos durante la pandemia.
En el caso de la empresa Furukawa en el tiempo de pandemia, las y los trabajadores no pararon la producción debido a las exigencias de la empresa y a pesar de que el abacá no es un recurso primario para la población. Entre los mayores conflictos que enfrentaron las y los trabajadores, fueron la falta de agua potable, las medidas de seguridad inexistentes, el distanciamiento social irrespetado, la baja o nula asistencia en salud para los casos de COVID-19. A pesar de estar enfermos las y los trabajadores seguían en la planta, combatiendo la pandemia con remedios caseros, afirmó Torres.
Torres comentó que el tema de desterritorialización es muy particular en este caso, muchas de las personas que viven dentro de los campamentos de Furukawa han pasado generaciones y se identificación como abacaleros, “Susana creció y vio nacer a sus hijos, incluso a sus nietos en las plantaciones de abacá (...) ella se considera orgullosamente abacalera” afirmó.
Susana Quiñónez se reconoce como una de las 123 personas que están luchando contra el caso de esclavitud moderna de la empresa Furukawa. Ella contó su historia, dijo que procedía de una familia en el campo, sus abuelos tenían terrenos en la provincia Esperanza, se dedicaban al cultivo de cacao. Sus padres ingresaron a la empresa Furukawa cuando empezaron a contratar pobladores del lugar, ella creció en las plantaciones de abacá y seguidamente se incorporó como trabajadora, formando después una familia que siguió el camino de trabajo en la empresa.
A pesar de que el trabajo en plantaciones de abacá es lo que su familia conoce, Susana no olvida el trabajo de sus abuelos con la producción de cacao y otros alimentos “...yo me emocionaba de ver que la tierra produce muchas cosas, un plátano, una yuca, todo lo que se siembra produce” afirmó Quiñonez. Para finalizar Susana complementó que “...amo mucho el campo, amo mucho la tierra, porque la tierra ha sido para nosotros la vida, por eso estamos luchando por un trocito de tierra, si Dios lo permite y nos dan una tierra, nosotras lo vamos a saber valorar”.
Como segunda parte del diálogo, se presentó a la investigadora Adriana Sigcha, que hizo énfasis en el capítulo de Ecuador como parte del Informe 2020: Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, que se trabajó desde el proyecto Equiterra que agrupa a SIPAE, AVSF, FEPP y CESA.
Los conflictos con la tierra y el territorio en Ecuador en el 2020, tienen antecedentes que vienen desde la distribución de tierras del siglo XX. Según Sigcha, las reformas legales sobre la tierra de 1900, estructuran una tenencia de la tierra, que hasta la actualidad resulta inequitativa.
En 2012 y 2018 se ratificaron datos en base a estudios del proyecto Equiterra sobre las inequidades y concentración de la tierra. Son tres puntos claves en los que se ratifica esto: el desfavorecimiento a las mujeres, las estructuras de poder que refuerzan las políticas en favor de la distribución de tierras y las presiones legales sobre la tierra.
En cuanto al contexto pandémico, Sigcha explicó los tres elementos importantes que sucedieron en Ecuador:
- La desmovilización social: El paro ecuatoriano por el incremento de los precios del combustible, y la eliminación de subsidios cesó casi por completo.
- Ecuador se declaró Estado de excepción permanente: una política que limita la movilidad social y despliega a la policía y militares por el territorio.
- La legitimación de discursos: a decir de Adriana Sigcha, el argumento de que “existen múltiples crisis, y por lo tanto debemos hacer sacrificios”, justifica varias medidas que se derivan en el desempleo, incremento de precios de combustible y una reestructuración del Estado que permite las fusiones de instituciones públicas y la eliminación de otras.
Respecto al acceso a la tierra y territorio, Sigcha presentó explicó algunas políticas previas a la pandemia:
- La legalización de territorios indígenas a partir del Plan de tierras 2009-2013.
- El programa ATLM que se enfocó en legalizar las tierras que no tienen título de propiedad, cabe recalcar que menos del 40% de los títulos legalizados son a nombre de mujeres.
Si bien se dan avances importantes en estos dos puntos específicos, en 2020 las políticas públicas de distribución no tienen mayor avance, incluso se emite una tasa de interés menor a la que se pensaba en el Plan de tierras. “Si habíamos tenido esfuerzos en el siglo XX y durante las primeras décadas de este siglo por distribuir la tierra (...) estos fenómenos hacen que en nuestro país exista una reconcentración (de la tierra)” afirmó Sigcha.
En cuanto a conflictos con la tierra, hubo varios, pero Sigcha comentó dos que tienen mayor impacto en Ecuador:
- En 2020 se da un derrame de petróleo en la Amazonía, aproximadamente a una cantidad de 15 mil barriles a raíz de una fractura en los oleoductos, afectando a más de 120 mil personas y 150 comunidades. Es un conflicto que no solo marca el tema de tenencia de la tierra, sino las afectaciones no resarcidas a las comunidades.
- El caso de Furukawa, que muestra la relación entre la tierra y el trabajo. La empresa agro exportadora que cuenta con más de 2300 hectáreas, establece relaciones laborales mediante la explotación de trabajadores y obtención de la riqueza del abacá. “El tema de la tierra, es un tema que se articula necesariamente al tema del trabajo y Furukawa es un ejemplo” afirmó Sigcha.
Entre las reformas legales que se emitieron en 2020 y que según Sigcha afectarán a largo plazo se encuentran las siguientes:
- La firma de acuerdo con EEUU, que refuerza el agronegocio y apertura a los mercados globales, un hecho que afecta a las prácticas de agricultura familiar, indígena y campesina. El Estado no considera políticas públicas que resguarden estas prácticas, por lo que estos convenios desplazan a largo plazo a estas familias.
- Ley de acuicultura y pesca: según estudios de Equiterra se ha perdido hasta la actualidad 70% del ecosistema manglar en Ecuador, esta ley considera concesiones de más de 20 años, adjudicando unas 3000 hectáreas en zonas de playa.
- Ley palma: esta ley considera la implementación de palmas africanas en territorios ancestrales, un gran problema para Ecuador, ya que estos espacios son una conservación de bosques amazónicos.
- Reglamento ley semillas: en la constitución se declara a Ecuador como un país libre de transgénicos, sin embargo, en esta ley se da paso a las semillas transgénicas para investigación, a pesar de las demandas de inconstitucionalidad, es un tema no resuelto.
Sigcha afirmó que el tema que afecta más a la tierra en Ecuador es el extractivismo, y que la agroindustria, el trabajo con el petróleo y minería son los principales problemas que actualmente enfrentan. Para concluir afirmó “El problema de la tierra es central, pero no es solo la tierra, es un problema multidimensional”.
El diálogo a partir de la mesa de Ecuador evidenció en gran magnitud las condiciones de desigualdad que se vivió en la pandemia del COVID-19. Si bien en otras sesiones del “8° Encuentro internacional por la tierra y territorio en Sudamérica. En tiempos de COVID-19” también conocimos la situación vivieron los productores, en su rol de provisionar alimentos durante la pandemia, el caso de los ex trabajadores de Furukawa, impactó mucho pues a través de una de sus protagonistas, comprendimos el nefasto rol de las empresas extractivas durante de la pandemia.
Es necesario recalcar que el caso se encuentra valorado como “esclavitud moderna” debido al nivel de explotación humana que había en las abacaleras, el tiempo laboral invertido, y las bajas condiciones laborales, que se reflejaban en los accidentes que sufrían las y los trabajadores.
El 15 de octubre, unos días después del Encuentro se publicó en el Twitter oficial de Furukawa nunca más el siguiente comentario:
🛑✊🏿GANAMOS!!!! JUSTICIA para el primer grupo ex trabajadores y habitantes de la Empresa Furukawa. Corte Provincial de Justicia de Sto. Domingo ratifica parcialmente sentencia de 1ra instancia y declara la responsabilidad por violación de DDHH de trabajadorxs por parte de #furukawa[1].
A pesar de que resultaba una victoria importante para las familias del comité, el 9 de noviembre de 2021, se comunicó que los jueces de la Corte Provincial revocaron las medidas cautelares y reformaron la sentencia, conjugando las medidas de reparación, desestabilizando sus demandas e incluso invisibilizando el trabajo infantil dentro de la empresa. Ante eso el comité manifestó lo siguiente:
“Quienes conformamos el “Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más”, hacemos pública nuestra preocupación debido a que el actual abogado de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, Rafael Oyarte Martínez, forma parte de la Comisión Calificadora que seleccionará los tres jueces que pasarán a integrar la Corte Constitucional, jueces que a futuro tendrán la responsabilidad de resolver nuestra Acción Extraordinaria de Protección. Nos preocupa la imparcialidad con la que puedan actuar los jueces seleccionados por esta Comisión donde participa el abogado de la empresa accionada.”[2]
“El problema de la tierra es central, pero no es solo la tierra, es un problema multidimensional” el caso de la empresa Furukawa refleja completamente el planteamiento de Adriana Sigcha, no solo se refleja el ejercicio de acaparamiento de tierras o la falta de respaldo legal para las 123 familias que piden justicia, alberga también problemáticas laborales que no se profundizaron, el racismo y el trabajo infantil. Por lo tanto, Ecuador no solo es el reflejo de las resistencias sudamericanas ante las practicas extractivistas, también problematiza el termino de esclavitud moderna y la lucha contra empresas privadas. Si el comité de Furukawa nunca más logra ganar, será un precedente importante para otros territorios en resistencia.
Fotografía: Registro Furakawa nunca más
[1] https://twitter.com/abacalerolibre/status/1449114939650621446?s=21
[2] https://www.furukawanuncamas.org/post/urgente-jueces-reforman-sentencia
