En el 8° Encuentro Internacional por la tierra y territorio, los investigadores Pablo Ricardo Abdo y Fátima Horna Jiménez del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) expusieron el aporte que, junto a Milagros Pérez Villanueva, realizaron en el capítulo de Perú del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica.
Pablo Ricardo Abdo se refirió a una problemática territorial y agraria profundamente afectada por el extractivismo. Fátima Horna, por su parte, estableció para el año 2020 un contexto que sumó la problemática de la pandemia a la crisis política y de institucionalidad que vivía el Perú.
En el primer semestre del año 2020, se implementaron los decretos que establecieron el estado de emergencia por la pandemia. Estas políticas paralizaron al país y respecto a la titulación de la tierra, el proyecto PTR3 en coordinación con los gobiernos regionales, realizó 1.918 titulaciones individuales, no colectivas ni comunales.
Para el segundo semestre, sumando los datos del Ministerio de Agricultura, el dato asciende a 5.380 titulaciones de predios individuales y 7 titulaciones comunales de comunidades nativas. Este incentivo a la titulación de tierras rurales, que se aboca a la titulación de particulares o individuales, y no de colectivos comunales, viven una dinámica de fragmentación y conflictos con los titulados individuales y la lógica comunal colectiva.
Cuando hablamos de las comunidades nativas en el norte del país, otro antecedente siniestro es que, las áreas forestales no se pueden titular, hay un porcentaje menor que se les otorga bajo titulación de propiedad, y un gran porcentaje en el que solo reciben la cesión de derechos. Esta situación, en el un marco constitucional se está cuestionando con demandas de amparo con otras organizaciones de la sociedad civil.
Respecto al Financiamiento agrario empresarial, un proyecto que tiene por objetivo otorgar préstamos a pequeños productores rurales, fracasó por un exceso de formalismos y barreras burocráticas que impiden el acceso al pequeño productor.
El objetivo de la titulación individual es promover la inversión privada, tanto en materia agropecuaria y extractiva. El título individual permite a los pequeños productores acceder a créditos, al financiamiento agrario, pero además, les permite negociar el propio título agrario con empresas o cooperativas extractivistas, que se ven favorecidas pues tienen la facilidad de acceder a tierra sin lidiar con comunidades, sino con particulares, familias sin muchos recursos, principalmente.
Una cuestión positiva sería que el Ministerio de economía y finanzas asegura un presupuesto para el control y la vigilancia de bosques y recursos forestales, a cargo del Sistema Nacional de Información Forestal (SINFOR), un ala del MINAGRI, que se encarga de la organización de los guardaparques y elabora planes de vigilancia, coadyuvando al resguardo de los pueblos de la Amazonía.
Respecto a los conflictos, los clasificamos entre aquellos que son comunales y de pueblos originarios; y, aquellos referidos a la demarcación territorial, ambos afectan en el acceso a la tierra a las comunidades campesinas e indígenas.
Entre los que se consideran conflictos de demarcación territorial, encontramos casos con poblaciones interregionales, por ejemplo, la comunidad Maure ubicada entre Puno y Tacna, que tiene un conflicto con un proyecto de trasvase de aguas ordenado por el gobierno regional de Tacna. La comunidad corresponde territorialmente a Puno, pero existe una colindancia, una intersección, donde se encuentra el penal de Challapalca. Entonces, el conflicto de trasvase no puede solucionarse, pues no hay claridad si la competencia es con Puno o Tacna.
En cuanto a los conflictos a nivel nacional, existen 9,1 % conflictos comunales y 2 % tienen que ver con conflictos de demarcación. Otra forma de clasificación nos señala a conflictos territoriales y socioambientales, entre los que existen 83 casos de conflictos mineros y 23 casos en materia de petróleo e hidrocarburos. En el año 2020, se han registrado entre 125 a 129 conflictos socioambientales y territoriales por mes.
Otros conflictos, tienen de larga data y se alcanzaron un punto crítico o avance en el año 2020. Uno de ellos, es el caso del Lote 192 de Loreto, donde las comunidades se pronunciaron en contra de la empresa Frontera Energy y el Estado, debido a cinco derrames de petróleo, que ha derivado en otras problemáticas y denuncias. El caso del Lote 192 ha tenido éxito con una demanda de consulta previa. Con una grave afectación, lo único que se ha podido lograr, en los últimos dos años, es el trabajo que hizo el Instituto de Defensa Legal - IDL con Curicó. Se trata del resultado de una demanda que les ha permitido se garantice el derecho a la reparación, el derecho a políticas púbicas y asistencia médica a los afectados por los derrames de petróleo. En esta zona de Loreto, el Estado no ha podido intervenir con solidez para prestar asistencia médica o hacer presencia ni en el desastre del derrame, ni en la pandemia.
Otro caso a destacar es el Corredor Minero sur, que abarca Arequipa, Cusco y Apurímac, por el que se transporta muchísimo material de alto riesgo, que afecta a las poblaciones. El gobierno peruano entre 2019 y 2020, ha decretado un estado de emergencia no para proteger a la sociedad o por un caso de conmoción social, como indica toda Constitución, sino para no obstaculizar al corredor minero con las protestas sociales que hacía la población. Aunque este estado de emergencia no se puede prorrogar por más de 60 días, el gobierno nacional prolongó el estado de emergencia hasta 3 veces más.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, que trabaja con gobiernos locales, ha visto afectado su trabajo y a la vez a muchas comunidades rurales, pues algunos planes de fiscalización no han tenido la misma calidad en recojo de datos debido a las restricciones y de la pandemia y la población rural se ve afectada por la contaminación, principalmente, por los mineros ilegales.
En la primera etapa de la pandemia, se presentó el fenómeno del desplazamiento poblacional. Los desplazados, según Abdo, pueden clasificarse entre los retornantes a sus lugares de vivienda y quienes se vieron obligados al éxodo rural. Al decretarse la cuarentena, encontró a muchas personas quedaron varadas en diferentes lugares y por diferentes motivos, en ese interín tuvieron que esperar para regresar a sus casas.
En el caso del éxodo rural, que se produjo más intensamente, se refiere a todas esas personas que se fueron del campo en el siglo XX y que, para el año 2020, ya tenían una vida como trabajadores en diferentes sectores en la ciudad, y al iniciar la pandemia y una serie de crisis y precariedades, tuvieron que retornar en éxodo a sus comunidades rurales. En muchos casos, no fueron bien recibidos, pues suponía una mayor presión sobre los recursos naturales, la disposición de las viviendas, etc. Esta dinámica generó conflictos de acceso a la tierra al interior de las comunidades y su tratamiento, incluyó la elaboración de nuevos lineamientos, normativas y otras medidas.
A los gobiernos regionales y al proyecto de titulación de tierras (PTR3), las organizaciones indígenas, sobre todo del sur del país, exigían tener en cuenta el concepto de propiedad colectiva y no alienten la fragmentación de las comunidades.
De cara al conflicto respecto al Aymarazo en Puno, la organización IDECA entre 2014 y 2020, trabajó un plan de fortalecimiento en temas de tierra y territorio y también la elaboración de estatutos de comunidades aymaras. Con el empoderamiento de las comunidades y establecimiento de sus normas propias, las concesiones mineras que querían imponerse en toda la zona, terminan revocando su propuesta porque no cumplían con los estándares ambientales. A partir de esto se empieza a trabajar el tema de gestión comunal, autonomía, gestión integrada de recursos hídricos, etc.
En cuanto a las acciones legales que se han realizado en defensa de la tierra, podemos mencionar al caso de Santa Clara de Uchunya, que involucra a la comunidad Shipibo. Esta comunidad presentó una demanda por despojo de tierras y pretende la titulación, en respuesta, el Tribunal Constitucional en una sentencia, reconoce el derecho a la propiedad indígena, teniendo en cuenta los antecedentes de la CIDH. El lado oscuro de este logro es que la sentencia no se ejecuta y se están realizando una serie de acciones para su implementación.
