Fotografía: Felix Ramos Comunario de la Estancia Colpani, enseñado las aguas contaminadas que dejo la empresa minera (IPDRS)
En el conversatorio en torno a la investigación sobre “Agricultura familiar y gobernanza ante la expansión minera en el Jatun Ayllu Yura”, realizada por la antropóloga Elizabeth López; y además, en el estreno del documental “Bajo el abrigo de las montañas. Testimonios de la Mina Caracota”, realizado por el equipo del IPDRS, contamos con las reflexiones de especialistas y autoridades indígena originarias sobre la experiencia de la Comunidad de Pokerani (Departamento de Potosí) y su denuncia sobre el impacto del extractivismo minero en su territorio.
La investigación fomentada por la plataforma interinstitucional del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural (FAA DR) obtuvo el comentario del periodista investigador Alfredo Zaconeta, que se refirió a los antagonismos irreconciliables entre operadores mineros y comunidades indígenas, que se derivan de la histórica mala praxis de la minería. Zaconeta hizo una valoración sobre la investigación publicada, en la se brinda una detallada cronología sobre la relación entre una empresa minera y las comunidades originarias, y que, permite comprender la lucha de las últimas, por sus recursos naturales a lo largo de las diferentes modalidades de gobierno (colonial, republicano y Estado Plurinacional) y persistente rol primario exportador de materias primas.
Entre los datos que proporciona el periodista, indica que si hace 10 años la actividad minera estaba presente en al menos 200 municipios, ahora son más de 300 los que se dedican a la actividad minera, ya sea en cooperativa, mineras pequeñas, grandes empresas y otras. Este panorama, lógicamente puede ser y se torna bastante conflictivo, pues se desatan una serie de controversias que tienen que ver con los derechos de uso, concesiones, derechos laborales, impacto ambiental e impacto socioeconómico.
Fotografía: Imagen extraída del conversatorio virtual de presentación del Documental (IPDRS)
Alfredo Zaconeta destacó esta investigación como parte de la trayectoria de Elizabeth López, una línea de investigación comprometida con los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, y un importante énfasis en el impacto significativo en la vida de las mujeres. Generalmente, la crítica a la minería se enfoca en la tributación y el impacto ambiental, esta investigación permite acceder a conocer, los múltiples impactos que ocasiona la minería, en su mala praxis y en relación a las siempre marginadas comunidades rurales.
Por su parte, el tata Zenobio Fernández como perito en justicia indígena, autoridad del Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesinas de Bolivia; y además, como comunario de Pokerani, se refirió a los antecedentes históricos del territorio. Mencionó el tributo que las comunidades originarias brindaban a la dominación colonial, a través de la mita o tasas tributarias, y que permitía un mínimo de reconocimiento y respeto a sus posesiones territoriales. Esta tributación en la colonia es la que les otorga a las actuales comunidades rurales, el título de originarias, y sobre esta base, la actual legislación agraria les otorga títulos colectivos de estos territorios. Esta persistente defensa del arraigo territorial se habría encontrado con la empresa minera que activó la Mina de Caracota, y existen, al menos, tres generaciones que han vivido las diferentes etapas de la explotación de antimonio en su territorio, y han tenido que lidiar con la incursión de la empresa privada, una legislación minera que nunca fue adecuada y la ausencia del Estado.
Fotografía: Dique de colas: piscinas con geomembrana, donde van a dar las aguas residuales de la actividad minera (IPDRS)
Fernández recalcó, en su comentario, que actualmente reivindican el derecho a su territorio, en primera instancia; además que, lograron comprobar ante los tribunales judiciales los daños ambientales y económicos, ocasionados por la explotación minera hacia la población originaria. La demanda emitida desde la comunidad de Pokerani, y respaldada por las autoridades originarias del Jatun Ayllu Yura y la Nación Qhara Qhara, denuncia la discriminación laboral, los daños ambientales y sociales y la extracción ilegal de oro.
Pudimos contar con el testimonio de dos comunarios, Víctor Fernández y Martha Cabrera, quienes aportaron al conversatorio desde su vivencia propia. Fernández indicó que la población de la comunidad, tradicionalmente, ha hecho agricultura, y realizado usos y costumbres, aun así, explicó “no hay instancia de autoridades que nos puedan defender”, ante la empresa, el avasallamiento y marginamiento que viven desde hace más de 50 años. El impacto de esta actividad y acaparamiento de los terrenos cultivables, incluso de parte de los trabajadores foráneos de la mina, fue la movilidad humana, la población salió de la comunidad a la ciudad de Potosí, otras ciudades e incluso países, en busca de trabajo, pues no se podía realizar agricultura y la mina no ofrecía condiciones labores adecuadas.
Fotografía: Marta Cabrera comunaria de la Estancia Pokerani (IPDRS)
Por su parte, Martha Cabrera se refirió a las múltiples discriminaciones que sus padres tuvieron que vivir, así como ella misma, la discriminación que se vivía en el trabajo, pero también en el ámbito de la educación, pues la empresa tenía una escuela para los trabajadores, pero las y los niños de la comunidad no accedían a ella. El avasallamiento de terrenos y hasta el paso para sus animales, al ser una comunidad principalmente ganadera, terminó por cansar y entristecer a las familias.
Finalmente, Elizabeth López remarcó que el caso particular de la comunidad de Pokerani refiere a la deuda histórica que se tiene con las comunidades originarias, que desde tiempos de la colonia han estado permanentemente en la búsqueda de la restitución de sus derechos, de la vida y la dignidad. Los derechos que se reivindican se refieren a la reconstitución de su territorio, a la educación, a la salud, etc. Se trata entonces, afirmó, de un caso que ejemplifica lo que ocurre con la minería y las comunidades indígenas originarias, y la reproducción de un patrón colonial que ejerce la minería sobre los territorios y sobre los cuerpos. Incluso, señaló Lopez, el “ninguneo” al que son sometidas las comunidades y sus autoridades es parte de un patrón colonial que se instaura en la médula de la explotación minera. Elizabeth López, además, valoró el trabajo de la Nación Qhara Qhara, que estaría poniendo en cuestión precisamente, este patrón colonial que persiste hasta el día de hoy, y que está presente en la actual legislación minera, y que tiene la capacidad de sobreponerse al derecho del otro, ya sean campesinos, indígenas u otro tipo de población.
López destacó la importancia de visibilizar estos territorios, que albergan minerales y también población. Recordó que hace años no se conocía el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) hasta que intentaron atravesarlo con una carretera, y por ello, el material escrito y audiovisual que se pueda generar es de suma importancia para las poblaciones rurales y urbanas. Por ello, la labor de la Nación Qhara Qhara desde el enfoque de la justicia indígena originaria, está profundizando el cuestionamiento al patrón colonial de la minería y está poniendo sobre la mesa la pregunta ¿Cuál es el rol de la minería en nuestros territorios? Como puede verse, afirmó López, el desarrollo que ofrecen estas incursiones a las poblaciones locales es una fantasía.
Reviva el Conversatorio: https://bit.ly/3guKzii
Vea el Documental “Bajo el abrigo de las montañas. Testimonios de la mina Caracota”
