Nosotros, movimientos sociales y populares, reunidos en Brasilia en los días 14, 15 y 16 de julio, durante la XVIII Cúpula Social do MERCOSUL, expresamos en este documento los consensos alcanzados por las organizaciones y movimientos sociales presentes, destinados al fortalecimiento de la agenda social, de la participación ciudadana y de la plena integración de los pueblos de la región.
Los movimientos sociales reafirman su compromiso con la Democracia como valor fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. La lucha contra el neoliberalismo, en la década del 90, culminó con la elección de sucesivos gobiernos progresistas en América Latina, abriendo un ciclo de cambios y transformaciones sociales. Con la derrota del Alca, en 2005, avanzamos en la soberanía de los pueblos, en inversiones en políticas sociales y de inclusión importantes, y hoy todos esos proyectos están siendo confrontados por una ofensiva imperialista, representada por el poder financiero internacional y por las oligarquías nativas que vieron sus intereses afectados por los gobiernos populares.
Las grandes corporaciones multinacionales y los especuladores financieros, causantes de esta crisis, quieren impulsar nuevas formas de explotar a los pueblos del mundo, apoyados por tratados de “libre comercio”, que para avanzar, deben cuestionar los procesos de integración regional, en especial al Mercosur, y así, sobreponer los intereses de las corporaciones a los derechos de los trabajadores y a la libertad de los pueblos. En este sentido, rechazamos el Tratado Transpacífico, el TISA, y cualquier otro acuerdo que no sea claro, justo y democráticamente construido a partir de la participación popular. No aceptamos la reducción de ninguno de los derechos consolidados de los trabajadores del bloque.
Uruguay y Paraguay deben salir de las negociaciones del TISA, y el Mercosur debe adoptar una actitud proactiva de rechazo de esa dinámica de negociación, que busca limitar aún más las capacidades de los Estados de construir trayectorias de desarrollo profundizando el poder corporativo.
Nos preocupamos y estamos atentos a la incursión de China en la región, y queremos que las negociaciones con este país sean pautadas no solamente por el comercio, que amenaza la industria local y el mundo del trabajo, sino también por una relación justa y benéfica para los pueblos de la región.
Mercosur no debe avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, tomando como ejemplo los seis acuerdos de asociación que Europa ha firmado con América Latina queda claro que los mismos imponen condiciones injustas en la relación comercial y promueven obligaciones que limitan la capacidad de desarrollo autónomo de nuestros Estados: compras públicas, protección de los derechos de propiedad intelectual, protección a las inversiones, exigencia de apertura en sectores industriales que ponen en riesgo nuestros puestos de trabajo. No al retroceso de las políticas de subsidios agrícolas y apertura a los mercados en este sector. Las negociaciones con terceros deben sustentarse sobre las bases de equilibrio, y deben concordar con los objetivos estratégicos construidos regionalmente. Denunciamos la falta de transparencia y el sigilo con que vienen siendo tratadas las negociaciones del MERCOSUR y la Unión Europea,
El capitalismo especulativo ha provocado la crisis ambiental, alimentaria y energética que actualmente deteriora la capacidad de revertir la desigualdad y la injusticia social, amenaza los significados y contenidos de los proyectos democráticos y emancipadores de la Región y coloca en riesgo la propia supervivencia de la humanidad. La preservación de la madre tierra y la soberanía sobre los recursos naturales y minerales deben ser pautadas por una nueva lógica de producción y consumo, que preserven y estimulen la solidaridad.
Es importante destacar que hay una tentativa de imponer una ofensiva conservadora contra los derechos de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los pueblos originarios, de la población LGTB, de los negros y negras, indígenas y población campesina. Esa ofensiva precisa ser combatida en todo el continente y en respuesta los movimientos sociales precisan actuar de forma unitaria, construyendo una agenda común de lucha a partir de las siguientes acciones: fortalecimiento de la integración y el respaldo y profundización de las conquistas y de la democracia.
La masacre de Curuguaty se convirtió en uno de los casos más graves de violación de derechos humanos y criminalización de las luchas sociales da Jubileo Sur/Américas, en cuyo contexto se encuentra la demanda de acceso a la tierra y a la alimentación adecuada. Nosotros, los pueblos del Mercosur, nos posicionamos como “Observadores Internacionales del Juicio”.
Es fundamental que afirmemos que los problemas y las limitaciones del actual proceso del MERCOSUR deben ser resueltos con MÁS DERECHOS, MÁS PARTICIPACIÓN Y MÁS INTEGRACIÓN Y no con la negación y retroceso que representan los acuerdos de libre comercio.
En este contexto, los movimientos sociales y organizaciones reafirman la importancia y el significado que tiene el proceso de integración regional democrático e inclusivo para la construcción de sociedades soberanas y justas, con una agenda política que incorpore los siguientes temas:
1. Las dimensiones política, económica, productiva, social, educacional, ambiental, cultural y ciudadana de la integración regional, que son las bases sobre las cuales se debe avanzar rumbo a un MERCOSUR más efectivo, justo y democrático. En este sentido, hacemos un llamado a los gobiernos para que implementen las directrices del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS) y el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR. Asimismo, apoyamos la actuación de la UPS y de su capacidad presupuestaria, para de forma transparente y eficaz, promover la ampliación de la participación autodeterminada de las organizaciones y movimientos sociales de la región.
2. La armonización de legislaciones que afectan la plena consolidación del proceso de integración (trabajo, providencia, tributos, entre otras) y la implementación efectiva del Acuerdo de Seguridad Social del Mercado Común del Sur y el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercado Común del Sur – MERCOSUR, Bolivia y Chile. Para tal, instamos a que los gobiernos apliquen, en todos los niveles, las políticas acordadas en el bloco.
3. Saludamos la decisión de la Argentina de convocar elecciones generales del PARLASUR el próximo 25 de octubre, sumándose a la República del Paraguay e instamos a los demás países a llevar adelante procesos similares, que tengan como objetivo la consolidación del PARLASUR, principal órgano de representación política de los pueblos, asegurando la paridad de género en las listas.
4. La libertad de expresión y la construcción de un MERCOSUR verdaderamente democrático y participativo, implica necesariamente la democratización de los medios de comunicación y una política activa de cooperación específica. En este sentido, enfatizamos la necesidad de participación activa y fomentada por los Estados y organizaciones de la sociedad civil en la discusión, elaboración y/o implementación de nuevas leyes de comunicación que reflejen el nuevo mapa social de nuestro continente que exige la democratización de la palabra, la pluralidad de voces, y la extinción de los monopolios de los medios de comunicación. Fin de la restricción y de la persecución a los medios comunitarios, populares e independientes. Consideramos la comunicación un derecho u no una mercadería e instamos a los gobiernos a hacer efectiva la participación de la sociedad civil en la Reunión Especializada de Comunicación Social (RECS).
5. El fortalecimiento de las políticas regionales de educación que respeten y valoricen la diversidad cultural, racial, étnica y de género, que sean inclusivas y que incorporen como fundamento los derechos humanos como elemento indisociable de la creación de una ciudadanía regional, superando todas las formas de discriminación, debiendo ser, por tanto, no sexista, no machista, no racista, no homofóbica y no lesbofóbica. Defendemos, especialmente, la garantía del financiamiento público educacional adecuado para la adopción de políticas de educación para la integración, de inclusión educacional de segmentos vulnerables, de las políticas de financiamiento para la educación y de la valorización, en todos los niveles, de los profesionales de la educación. Es igualmente imprescindible garantizar la utilización, preservación y transmisión de las lenguas maternas de las poblaciones originarias de la región, especialmente en las áreas de frontera.
6. Exigimos que los países miembros del MERCOSUR implementen efectivamente políticas públicas de educación ambiental y comunicación comunitaria para la preservación del medio ambiente y mitigación de los efectos provocados por los impactos ambientales, minimizando el sufrimiento de los afectados por la injustica ambiental. Que sean planeados y ejecutados proyectos de educación ambiental para una sociedad sustentable y ambientalmente responsable con la generación y descarte de residuos sólidos y acciones de fortalecimiento de recolección selectiva y creación de empleo y renta en América Latina.
7. El Mercosur siempre reconoció a la juventud como sujetos de derecho y como personajes importante para la Región. La juventud del Mercosur convoca para la construcción de jornadas de luchas continentales, contra el golpismo, en defensa de la democracia y con campañas comunes: “Contra la reducción de la edad de imputabilidad penal, por el matrimonio igualitario, contra las bases militares en América Latina.
8. Reconocemos la centralidad del empleo y del trabajo decente para la estrategia de desarrollo y crecimiento del MERCOSUR. Por esto, exigimos la estructuración del Observatorio del Mercado de Trabajo del Mercosur, para que este pueda atender a las demandas hechas por los órganos del bloque. Especialmente, que ese observatorio contemple los datos referentes a la inserción y permanencia de la mujer en el Mercado de Trabajo, reconocidamente, los recortes por edad, clase social y etnia. Exhortamos a los gobiernos a colocar en práctica el Plan MERCOSUR de Facilitación de la Libre Circulación de Trabajadores/as, a armonizar los sistemas providenciaros, implementar los Planes Regionales de Inspección del Trabajo y de Erradicación del Trabajo Infantil, a acelerar la armonización de las Normas sobre Salud y Seguridad en el Trabajo. Defendemos el derecho a la libre organización sindical conforme lo expresado en la Declaración Socio-laboral del Mercosur. Exigimos de los Estados la misma tipificación del crimen de tráfico de personas en todos los países del MERCOSUR y que se ratifique inmediatamente la Convención sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (nº 189) y la Recomendación con el mismo título (nº 201) de la OIT.
9. Además del derecho al trabajo que se garanticen los derechos al acceso a los servicios básicos y la vivienda adecuada a los trabajadores.
10. Que el Mercosur asuma el compromiso de construcción de políticas que avancen en el sentido de alcanzar un salario igual para trabajo igual y la creación y ampliación de equipamientos públicos que contribuyan en la socialización del Trabajo Doméstico.
11. De forma especial, saludamos la firma de la nueva Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR y expresamos nuestra movilización permanente para hacer efectivos los derechos en ella expresados. Esta firma viene a sumarse a esta perspectiva de una región que busca su desarrollo ampliando derechos sociales. Avanzar en un MERCOSUR por más derechos, para el reconocimiento de la ciudadanía regional y la libre circulación de personas entre nuestros países es fundamental.
12. La salud es un derecho universal, integral, que promueve igualdad y exige participación, para que el desarrollo con justicia social sea alcanzado. En este sentido, instamos a los gobiernos de la región para desenvolver Políticas regionales de salud que garanticen su universalidad, gratuidad, integralidad, su carácter equitativo, primordialmente con acciones de prevención y de promoción, sustentado por la calidad técnica y humana, financiado con recursos generales de los Estados y con la participación y control popular en los núcleos de decisión. Entendemos que el gozo de los derechos a la salud debe ser concebido como cuestión de orden pública, inalterable e irrenunciable, asumido por los Estados, garantizando satisfacción de salud individual y colectiva.
13. Reafirmamos los territorios, tierra, agua, semillas, biodiversidad y derechos de los pueblos del campo, de las aguas y de las selvas como la base de un proyecto de desarrollo basado en la justicia social y ambiental. Entretanto, esa base está bajo continuo ataque gracias a una ofensiva del agronegocio, de las empresas mineras, petroleras, de las corporaciones transnacionales, de las compras de tierras por extranjeros y de la especulación inmobiliaria, colocando en riesgo la existencia de la propia humanidad, pues compromete la reproducción de la vida en todas sus dimensiones. Llamamos a los Estados a garantir la reforma agraria popular e integral, la demarcación y homologación de tierras indígenas y de poblaciones tradicionales como forma de reparar las grandes deudas sociales de América del Sur y recolocar el desarrollo regional sobre otros niveles, como la agroecología y la soberanía alimentaria. Hacemos un llamado a los Presidentes a implementar las recomendaciones presentadas por la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) y por la Reunión Especializada sobre Cooperativas (RECM)
14. Hacemos un llamado a los gobiernos a comprometerse con la promoción y la protección de los derechos humanos en el MERCOSUR y Estados asociados, enfatizando la importancia de asegurar el derecho a la verdad y a la memoria, reconocer las vulnerabilidades de los migrantes y refugiados en los países del bloque, con perspectiva de género, establecer estrategias de cooperación contra la violencia y discriminación sexual, racial y étnica, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y el tráfico de seres humanos, especialmente de mujeres y niños y de profundizar el compromiso en la promoción y en la protección de los derechos de los niños y de los adolescente, personas con necesidades especiales y adultos mayores. Se debe brindar especial atención a los derechos de los pueblos originarios, particularmente en las regiones de frontera.
15. Las organizaciones sociales presentes en esta cumbre reconocen la contribución de los países de la región, de sus gobiernos y de los actores sociales en la declaración de la OEA del 15 de junio de 2015 donde manifiestan la necesidad de que tengamos un instrumento regional, jurídicamente vinculante que proteja los derechos humanos de las personas mayores y fomente un envejecimiento activo en todos los ámbitos, asegurando su dignidad por toda su vida.
16. La construcción y la implementación de las Directrices de Educación y Cultura en Derechos Humanos del MERCOSUR es la manera efectiva de construir una identidad regional que considere las realidades históricas, sociales, económicas, culturales e políticas de los pueblos de la región. La dimensión social y cultural del MERCOSUR, además de su estructura económica, sólo será posible a partir de la construcción de ciudadanas y ciudadanos mercosurianos.
17. La prioridad de la formulación de un marco jurídico de defensa de los derechos de los migrantes en los países del MERCOSUR y Estados Asociados, reconociendo el derecho a migrar y no migrar como derecho humano fundamental, enfatizando la necesidad de garantizar la seguridad de todos los migrantes independientemente de su estatus migratorio, denunciando y frenando las violaciones de derechos humanos en las fronteras y de la conducción inhumana de las deportaciones y expulsiones colectivas de extranjeros. Por la integración de nuestros pueblos en la construcción de una ciudadanía Mercosuriana por la libre circulación de personas, por la ciudadanía regional, con documento único y por un MERCOSUR libre de xenofobia, tomando en cuenta la perspectiva de género, exhortamos a nuestros gobiernos a ratificar la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y promover la respectiva normativa del MERCOSUR con vistas a la convergencia de los marcos jurídicos de estos derechos en nuestros países. Reiteramos la propuesta de creación de un Consejo de Políticas migratorias e integración de los Pueblos como instancia política y decisoria, con la participación de los y las migrantes. Consideramos necesaria la implementación de instancias de asesoría legal de los y las migrantes en el ámbito del MERCOSUR y el tratamiento de las cuestiones migratorias por órganos civiles, abandonando la lógica de seguridad nacional en las cuestiones migratorias.
18. La necesidad de una estrategia de desarrollo regional urbano, integrado y sustentable para el conjunto de las ciudades. Para tanto, proponemos el reconocimiento, por parte de los gobiernos de los países del MERCOSUR, del derecho a la ciudad como un derecho humano fundamental.
19. La asignación de los recursos políticos y económicos necesarios para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. La misma prioridad debe ser dada a la adopción de políticas públicas de atención a la salud reproductiva y sexual. Enfatizamos la necesidad de los gobiernos, articulados con los movimientos y organizaciones sociales, implementar los compromisos asumidos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Punir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Exigimos la descriminalización en toda la región, de la orientación sexual e identidad de género, con la elaboración y aprobación de leyes antidiscriminatorias como políticas de Estado. Exigimos la despatologización de las identidades de las personas trans, travestis, transexuales y transgénero y la promoción y aprobación de la Ley de Identidad de Género en los países del MERCOSUR. Que la construcción de políticas del Mercosur tome como base las experiencias más avanzadas de los países que lo componen, de modo que reflejen los modelos más exitosos, como la legalización del aborto en Uruguay, la paridad de género en las elecciones generales de Venezuela, matrimonio igualitario y derecho a identidad de género en Uruguay y en Argentina y la Ley Maria da Penha en Brasil.
20. La importancia de la consolidación y mayores aportes financieros para el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR como un instrumento para superar las desigualdades sociales y asimetrías entre los países. Entendemos que los recursos destinados al FOCEM deben ser ampliados y su actuación transparente, propiciando el control social para que el FOCEM aumente su inversión en las cuestiones sociales, considerando las peculiaridades de los diferentes segmentos de la sociedad (jóvenes, mujeres, migrantes, trabajadores, etc.). Asimismo, es fundamental articular los mecanismos de financiamiento existentes a través de la construcción de un organismo regional de financiamiento al desarrollo en el MERCOSUR. También defendemos que el acceso a los recursos del FOCEM por empresas sea pautado por el respeto a los principios y derechos expresados en la Declaración Socio-laboral del MERCOSUR.
21. La necesidad de articulación entre los movimientos, organizaciones sociales y populares y gobiernos para garantizar continuidad, en el MERCOSUR y Estados asociados, de las recomendaciones de la Conferencia Regional de las Américas sobre los avances y desafíos en el Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia e Intolerancias relacionadas. Debe ser estimulado el intercambio de experiencias y mejores prácticas para la promoción de la igualdad racial en el bloque. Apoyamos la Resolución de las Naciones Unidas denominada “Década de las comunidades afrodescendientes 2015-2024 y exhortamos a los países de la región a promover la implementación con amplio Diálogo Social. Solicitamos que se organice un encuentro regional, de forma urgente, con todas las entidades afrodescendientes del Mercosur.
22. Promover la inclusión de la temática de la deficiencia en la agenda permanente de los Estados-Miembros y Asociados con la participación plena de la sociedad civil; Incentivar la creación de consejos consultivos de la sociedad civil en los Estados Miembros y Asociados; solicitar que el actual Grupo de Trabajo sobre Deficiencia del MERCOSUR se torne una Comisión Permanente.
23. El cumplimiento por parte de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales en sus instancias (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de las Leyes, especialmente la Convención 169, normas de protección de los derechos de los Pueblos Originarios. El reconocimiento político de nuestras naciones por los países asentados sobre el espacio territorial ancestral de los Pueblos Originarios y su libre determinación en espacio territorial ancestral de los pueblos nativos y auto-determinación. Así como la existencia de un documento único de identidad como pueblos originarios, reconocido por todos los Estados Parte en igualdad de condiciones.
24. La necesidad de implementar y fortalecer la participación social en la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y transfronterizas. El desarrollo sustentable, la defesa de la biodiversidad, la ratificación de los tratados internacionales, son fundamentos para la construcción de un MERCOSUL socio-ambiental. Instamos a los países del bloque a asumir una postura común de defensa del medio ambiente y de los recursos naturales del MERCOSUR, frente a la próxima COP 21 - Conferencia de las Partes – que tendrá lugar en diciembre próximo en Paris. Urge una postura que esté a la altura de los desafíos y de las demandas de los pueblo por justicia climática y socio-ambiental. La defensa vehemente por los países del bloque del principio de la Transición Justa y del Trabajo Decente es condición fundamental para la transición de una economía de alto carbono para una de bajo carbono.
25. Nos solidarizamos efusivamente con el Pueblo Griego en su lucha por la reestructuración de la Deuda ilegítima, odiosa e ilegal y por el rechazo a las políticas de austeridad que vienen asfixiando la economía griega y colocando a la población en una situación dramática. Al mismo tiempo, apelamos a nuestros gobiernos para promover un gesto de solidaridad para con Grecia, y discutir opciones de financiamiento alternativo y prácticas que promuevan la justicia social, y signifiquen una ayuda concreta para el pueblo griego para superar las carencias a las que fueron sometidos por la Troika y, en particular, por la intransigencia del gobierno de Alemania.
26. Hasta que Israel respete sus obligaciones con el derecho internacional: exigimos que el MERCOSUR suspenda inmediatamente el Tratado de Libre Comercio con aquel país; establezca medidas concretas para prohibir contratos públicos con empresas envueltas en los crímenes israelenses; y no establezca el alto a las relaciones militares de los Estados Partes con Israel. Rechazar las agresiones al Estado Palestino.
27. Nos solidarizamos con el empobrecido y violentado pueblo haitiano que sufre en estos momentos una agresión por la expulsión de los migrantes del territorio dominicano, acción racista y xenófoba perpetrada por la República Dominicana, en una actitud que repudiamos en el espacio latinoamericano, que debe buscar la paz y la relación armoniosa entre pueblos y naciones. Exigimos a los Estados Parte que busquen caminos para impedir y reparar esta injusticia y que avancen en la integración entre los pueblos, basándose en la educación, salud, en el intercambio entre campesinos para la producción de alimentos, investigación y solidaridad, acciones estas que dependen de la retirada inmediata de las fuerzas militares extranjeras presentes en aquel país.
28. Expresamos nuestro más firme apoyo a la permanente lucha de la República Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, asumiéndolo como causa regional. Rechazamos el desarrollo de actividades unilaterales británicas que incluyen entre otros, la exploración de recursos naturales renovables y no renovables en el área en conflicto y controversia. Denunciamos la presencia de bases militares imperialistas en países latinoamericanos y caribeños que constituyen una seria amenaza a la seguridad y soberanía de la región. Así mismo apoyamos dentro del derecho internacional todas las sanciones implementadas por el gobierno argentino dirigidas a defender los recursos de la región y la soberanía.
29. Apoyamos la formación de un Consejo de Defensa de los Pueblos del Mercosur para proteger la soberanía, la democracia y los derechos humanos de nuestros pueblos.
30. Apoyamos al Estado Plurinacional de Bolivia en su justa demanda por el derecho de salida al mar con soberanía, y solicitamos a las instancias del Mercosur que aceleren el proceso de incorporación de Bolivia como miembro pleno del Bloque.
31. La madre naturaleza es un bien común de los pueblos al servicio de la humanidad. Por tanto, rechazamos cualquier forma de destrucción, apropiación privada, biopiratería, y solucione de mercados que sólo profundizan el actual estado de crisis ambiental y climática. Nos oponemos al poder empresarial de MONSANTO asentado en la monocultivo y en los cultivos transgénicos.
32. Pronunciamiento contra la narco-política en Paraguay, cuya institucionalidad se encuentra hoy en disputa por el narcotráfico y el crimen organizado incrustado en el aparato del Estado.
33. Cese inmediato de la criminalización de los movimientos sociales, del estado de sitio de facto instaurado con la militarización de los departamentos así como el cese inmediato de las violaciones masivas a los derechos humanos por fuerzas militares y policiales.
34. La Cumbre Social del Mercosur exige respeto al proceso democrático brasilero y se posiciona contra las tentativas de retroceso político y económico al servicio de los monopolios privados que buscan imponer su voluntad al Brasil.
35. Abrazamos al heroico pueblo de Cuba y a su gobierno por su resistencia al bloqueo norteamericano y creemos que el restablecimiento de las relaciones con los EUA no perjudicarán el proceso revolucionario cubano. Aún esperamos el fin definitivo del bloqueo y el cierre de la prisión de Guantánamo.
36. Las organizaciones y movimientos sociales del MERCOSUR, reunidos en Brasilia, afirman el compromiso de continuar impulsando la integración de los pueblos: por una verdadera integración que nos permita recuperar la soberanía plena a partir y para los pueblos del Sur.
37. La XVIII Cumbre Social reconoce el proceso autónomo de construcción de esta cumbre y felicita al gobierno brasilero por el esfuerzo emprendido en este cambio de paradigma en la construcción de la Cumbre Social. Una cumbre verdaderamente de los pueblos, a través de los pueblos y para los pueblos. Finalmente, queremos y lucharemos para que este cambio se consolide en todas las cumbres sociales del MERCOSUR que seguirán. ¡Sin autonomía no hay avance!
38. Denunciamos la campaña internacional de desestabilización contra el estado venezolano, su gobierno y su pueblo, como arremetida del imperialismo que se ha venido manifestando en la orden ejecutiva, Decreto Obama, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, así como la injerencia de ex presidentes, senadores y voceros políticos de la derecha internacional que tienen como objetivo final interrumpir el proceso de integración que desarrollan los pueblos de la región.
39. Asimismo, nos solidarizamos con el pueblo venezolano, con su revolución bolivariana, encabezada por el Presidente Obrero y Chavista Nicolás Maduro y la lucha que emprende en la defensa de la soberanía de su país contra de la guerra económica y financiera que imponen las transnacionales.
40. Nos solidarizamos y apoyamos el pedido de justicia en el caso de las 43 víctimas de la violencia política generada por factores opositores en Venezuela en los años 2013 y 2014 y rechazamos el uso político que estos sectores le dan al tema de los derechos humanos con el objetivo de desestabilizar la democracia venezolana.
41. Reconocemos que el desendeudamiento de los países de la región es una condición esencial para el desarrollo de nuestros procesos de integración, por tanto repudiamos enérgicamente las maniobras especulativas de los Fondos Buitres que intentan someter al pueblo argentino. Asimismo, reconociendo que los procesos de reestructuración de la deuda no afectan únicamente a la República Argentina, destacamos la necesidad de que la comunidad internacional trabaje en pro de la conformación de una arquitectura financiera global que permita contar con los instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a problemas de sustentabilidad de la deuda de forma ordenada.
42. La integración regional es la respuesta de los Pueblos para detener el avance del conservadurismo y del liberalismo económico predatorio.
Brasilia, 16 de julio de 2015
