El trabajo comprometido de académicos, activistas e instituciones abocadas al desarrollo rural en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, muestran al 2017, que la región sudamericana, aún con los cambios sociales y la transformación del rol del Estado, es principalmente proveedora de materias primas y sus Estados disputan créditos, mercados y socios de corto plazo sin apostar por un modelo económico sostenible. Existe una tendencia clara a dar legalidad y protección a las políticas extractivas que compiten en recursos básicos con las poblaciones locales, principalmente rurales. Prolifera la ampliación de los transgénicos, los paquetes tecnológicos agroindustriales, la amenaza del fracking, la deforestación, el uso de aguas subterráneas, la violencia y desocupación forzada del campo.
En este contexto, las empresas privadas transnacionales han ganado presencia y vulneran las soberanías nacionales a través de sobornos y otras formas de corrupción que han llevado a procesos judiciales a gobernantes de Brasil, Ecuador y Perú. En tanto que las organizaciones de la sociedad civil se muestran debilitadas, dependientes de agendas y patrocinios de gobiernos, empresas y agencias multilaterales.
Aquellos que pensábamos como avances en términos de democracia constitucionalizada, el pluralismo, la descentralización, el reconocimiento de derechos, la protección de bienes comunes, la consulta previa y otros, son puestos en duda y descalificados. Peor aún con el intento de prorrogarse en el poder de parte de varios mandatarios, fórmulas y proyectos políticos, vulnerando sus constituciones y mostrando la fragilidad de los mecanismos de representación de la actual democracia.
La paradoja entre los Estados plurinacionales y otras repúblicas donde los derechos colectivos apenas se reconocen se va diluyendo de forma preocupante. Tras incorporar los símbolos del imaginario indígena a la discursiva estatal y encumbrar los enunciados del “vivir bien” y el “sumaj kawsay” como planes de desarrollo, se imponen las políticas agraristas y se pierde de vista la concepción del territorio poniendo barreras a la libre determinación de los pueblos indígenas.
Pareciera reducirse la distancia respecto a Argentina y Chile que persisten en caracterizar al pueblo mapuche como “enemigo interno”, reproduciendo entre su población urbana y occidentalizada, una estigmatización en justificación de la violencia aplicada. La política conservadora es mucho más clara en su conducta respecto a los pueblos indígenas y su agenda, en Brasil se ha generado una enmienda constitucional con la que las decisiones sobre la demarcación de los territorios indígenas ya no son competencia de los gobiernos federales sino del Congreso Nacional, donde tienen gran peso en las decisiones los representantes del latifundio y el agronegocio. La ambigüedad sobre el respeto o no a la intangibilidad, el respecto a los territorios indígenas y los pueblos no contactados del Yasuní en Ecuador, y la anulación de la intangibilidad del parque nacional y territorio indígena TIPNIS en Bolivia, son muestras de la propensión a diluir las paradojas y distancias, los Estados por su carácter dominante insisten en ser centralistas y no se detendrán en sus planes extractivos.
Las altas cifras de líderes campesinos e indígenas y defensores de los territorios y el medio ambiente muestran el recrudecimiento de la violencia hacia los protagonistas del campo. Los autores del Informe 2017 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica llaman a no considerar a los datos sobre la violencia como la sumatoria de hechos aislados, sino estructuralmente, como una conducta estatal permanente, no se puede permitir que las instituciones y estructuras de poder nieguen lo sistemático de las persecuciones a campesinos, indígenas y afrodescendientes, sus acciones y proyectos.
Varios de los autores de este Informe, son también aliados del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, iniciativa de articulación sudamericana que trabaja una plataforma de conocimiento y de insumos sosteniendo, a contramarcha de la adversidad que el modelo de acumulación capitalista impone al campo, que persiste la demanda de tierra de parte de campesinos, que prolifera la defensa de los territorios e indígenas, que la vida rural da paso a transiciones desde los cuerpos de mujeres y hombres, y colectivos sociales que creen y trabajan por la producción de alimentos sanos, sistemas productivos abocados a la diversidad e imponen a la comunidad sobre el individualismo, la acumulación y el despojo.
Colaboraciones al Informe 2017:
Argentina: Tomás Palmisano y Juan Wahren del Grupo de Estudios Rurales - Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL) del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires
Bolivia: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
Brasil de Carlos Walter Porto Gonçalves y el equipo del Laboratorio de Estudios de Movimientos Sociales y Territorialidades (LEMTO) de la Universidad Federal Fluminense
Colombia: Flavio Rodríguez, Milson Betancourt y Billy Ávila del Programa de Geografía de la Universidad Externado de Colombia; y Juliana Millán Guzmán de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI
Ecuador: Stalin Herrera y Esteban Daza del Instituto de Estudios Ecuatorianos / Observatorio del Cambio Rural
Paraguay: Idalina Gómez, coordinadora de la Red Rural
Perú: Pedro Castillo del Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES;
Venezuela: Vladimir Aguilar, profesor del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes
Descargue el Informe 2017 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, aquí.
