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Entre los desafíos que se ha planteado el gobierno bajo el nombre de “Agenda Patriótica 2025” está la ampliación de la frontera agrícola de las poco más de tres millones de ha actuales a 13, tres veces y poco más el total de la superficie sembrada en el país. El desafío es mayúsculo y ha sido especialmente interesante la forma en que la iniciativa se abrió paso hasta hacerse pública.

Era una reunión en la que estaban presentes las dos más importantes autoridades políticas del país con la directiva de los empresarios agroindustriales. El propósito del encuentro era no sólo imaginar los grandes retos que puede proponerse el país –y el sector agroindustral, claro– hasta el 2025, cuando Bolivia cumpla doscientos años de vida. No, no se trataba sólo de imaginar, sino de proponer horizontes lo más concretos e inmediatos posibles.

El informe hecho público el domingo por la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos (MIA) en Colombia es espeluznante. Al menos, 660 casos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, 262 detenciones arbitrarias, 12 personas asesinadas, 21 personas heridas con armas de fuego, 485 heridos con otro tipo de elementos, 4 desaparecidos, 51 casos de ataques indiscriminados contra la población civil en diferentes departamentos de Colombia y 52 casos de hostigamiento a líderes y lideresas campesinos y populares.

Venezuela se retiró este martes del sistema interamericano de derechos humanos, acusándolo de servir a Washington para agredir a su gobierno socialista y bajo protesta de organismos humanitarios que temen atropellos de libertades y cuestionan la independencia de la justicia local.

La medida entra en vigor un año después de que el Estado venezolano denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos por decisión del presidente Hugo Chávez -fallecido en marzo tras 14 años de gobierno-, con lo que se sale de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), asentada en San José.

“La alimentación no es una mercancía sino un derecho humano reconocido por los Estados a partir de diversos instrumentos jurídicos. Reconocer este derecho plantea la obligación de los Estados de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación de los pueblos y en especial de los productores de alimentos, que se garantice el derecho al trabajo y empleo dignos, al salario justo basado en los principios de justicia social y dignidad humana”, dice la declaración de la I Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe.

El encuentro, realizado el 6 y 7 de agosto en Bogotá, Colombia, fue convocado por diversas asociaciones regionales comprometidas con la lucha por la soberanía alimentaria, incluyendo a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-La Vía Campesina, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, y la Red de Acción contra Plaguicidas, entre otras.

 

Marcha de 2 mil personas cortó la Avenida Paulista (corazón económico del país), pidiendo la cancelación de las licitaciones de petróleo, la privatización de las hidroeléctricas y por la aprobación de la Política Nacional de las Poblaciones Damnificadas por Represas. Éste fue el resultado de la movilización promovida por el Movimiento de Damnificados por Represas (MAB por su sigla en portugués), la Federación Única de Petroleros (FUP), la Plataforma Obrera y Campesina para la Energía, Vía Campesina y el Levantamiento Popular de la Juventud. La concentración fue el cinco de septiembre en la Plaza Osvaldo Cruz, con muchos venidos desde la ciudad de Cotia, donde estaba realizándose el encuentro nacional del MAB.