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Qué pasa

Colombianos de varias regiones donde se ha sentido con fuerza el impacto de los cultivos ilícitos exponen experiencias y buscan soluciones a esta problemática en un foro en el Guaviare que da voz a la sociedad en el proceso de paz.

Organizado a pedido del Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, el encuentro, que tuvo su primera fase en Bogotá la semana última, se extendió hasta San José del Guaviare, en el sur del país, para llegar al corazón de una zona que ha sido epicentro de este flagelo.

En este segundo día de debates, en el que participan más de 300 campesinos, indígenas, afrodescendientes y otros sectores de la sociedad, los delegados seguirán ahondando en temas medulares como la producción, el tráfico y el consumo.

“Sawhoyamaxa permanecerá en sus tierras”

Tras un conversatorio y la puesta en común de la situación en que se encuentra Sahwoyamaxa, se dio a conocer un comunicado en conjunto, en el cual reconocen la larga lucha de las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kasek y el pueblo de Sarayaku y sostienen que mantendrán la firme convicción de que resistirán hasta la restitución integral de los derechos territoriales y el respeto de los recursos naturales.

Sawhoyamaxa recibió en sus tierras la solidaridad internacional de parte de organizaciones territoriales y el pueblo de Sarayaku (Ecuador), quienes vinieron representados por varios indígenas y el abogado que los acompaña en la  reinvindicación de sus derechos. Sarayaku es una comunidad que se encuentra en espera del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que condenó al Estado de Ecuador por la violación del derecho a la consulta a citado pueblo indígena.

El último censo agropecuario se efectuó en 1950 y registró un total de 86.377 unidades agropecuarias y una superficie cultivada de 859.726 hectáreas.

Los empadronadores que participan del registro que se realiza en el marco del Censo Nacional Agropecuario enfrentan tres problemas relacionados con límites, susceptibilidades y desinformación. La labor comenzó ayer en La Paz y mañana, con Tarija, se estará realizando en todo el país.

Así lo informó ayer la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, quien junto a autoridades ediles y comunales de otros municipios paceños participó en Jesús de Machaca del acto de inauguración del trabajo  censal en el departamento de La Paz, labor que también comenzará hoy en Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo muestra que un 58,6% de los menores de 5 a 17 años de edad están empleados en la agricultura, seguido del sector servicios (25,4%), la industria (7,2%), el trabajo doméstico (6,9%) y un sector no definido (1,9%), sobre una estimación de 168 millones de niños en el mundo que están activos económicamente para sobrevivir.

El trabajo peligroso por poner en riesgo la salud de los menores, su seguridad o moralidad emplea a más de 85 millones de niños y niñas, según el informe “Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil – Estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012”. A pesar de ello las cifras generales han disminuido en casi un tercio y más aún en el caso de las niñas. El estudio considera que la baja del empleo de niños puede ser atribuida a dos razones: que las economías en desarrollo se recuperaron más rápido del efecto de la crisis, por tanto las familias no necesitaron recurrir al trabajo infantil; o que el lento crecimiento económico después de la crisis haya desincentivado la demanda de mano de obra, incluida la de los niños.

El programa de Democratización y Construcción de la Paz (DCP) realizó, la pasada semana, el ciclo de talleres sobre derecho a la tierra trasladándose esta vez en la Facultad de Derecho de la Universidad Columbia-Paraguay. La jornada fue desarrollada por Elsi Vera, del , organización que forma parte del programa DCP.

Vera inició su intervención señalando el marco legal vigente en este país, que funciona como el primer obstáculo, puesto que las leyes están escritas desde la perspectivas de quienes las diseñan y que en la generalidad de los casos funcionan en oposición a los campesinos, quienes cuentan con escasa, o ninguna, representación en el diseño institucional del Estado.

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