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NOTICIAS - ACTUALIDAD
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- Escrito por Ñanduti FM
- Categoría: Paraguay
La postura fue fijada en un comunicado emitido por el presidente del ente rural, Lic. Justo Cárdenas, que sin embargo insistió en buscar una solución “extrajudicial” al conflicto. La acusación contra los imputados por la masacre se basa en el supuesto de que las tierras pertenecen a Campos Morombí. El texto completo del comunicado emitido el viernes 16 y firmado por Cárdenas es el siguiente:
El Instituto reivindica sus derechos en cada una de sus presentaciones judiciales y en tal sentido afirma categóricamente que las tierras ubicadas en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, conocidas como Marina Cué, pertenecen al Estado Paraguayo. Esta afirmación se encuentra fundamentada en el Decreto Nº 29.394 del 9 de octubre de 1967 por el cual se aceptaba la donación a favor del Estado Paraguayo de 2000 hectáreas de tierras ofrecidas por la Industrial Paraguaya S.A., así como también por el Decreto Nº 3532 de fecha 4 de octubre de 2004, que declaraba al inmueble de interés social y disponía su transferencia en forma gratuita a favor del INDERT, a los efectos de ser aplicado a los fines sociales establecidos en el Estatuto Agrario.
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- Escrito por Agencia de Noticias U. Nacional
- Categoría: Colombia
La inseguridad alimentaria se relaciona con la falta de dinero para la compra de alimentos, lo que disminuye la cantidad y calidad de su ingesta, complejizando sus ya precarias condiciones socioeconómicas.
En los municipios andinos de Nariño cultivadores de papa, esta inseguridad asciende a casi el 90%, mientras que el departamento registra más del 60%, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2010.
Esta es una de las principales conclusiones del Proyecto “Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria a través de la producción de papa”, ejecutado por la Universidad McGill de Canadá y la Universidad Nacional de Colombia, que ante este panorama es mucho lo que puede hacer para contribuir a superar la difícil situación de estas comunidades.
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- Escrito por La Prensa
- Categoría: Bolivia
El Proyecto de Norma fue remitido al Pleno de la Cámara de Diputados
La Comisión de la Región Amazónica, Tierra y Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, aprobó en grande el Proyecto de Ley N° 199/2014-2015 de “Desarrollo integral de la Amazonia Boliviana Bruno Racua” y anunció a través de su presidente, Alejandro Zapata, que en fechas próximas se tratará en detalle, informó Erbol digital.
La aprobación en grande fue calificada como "un logro histórico y un significativo avance legislativo" por el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia – BOCINAB, quienes convocaron a conferencia de prensa, en la Sede de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia - CIRABO, en Riberalta.
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- Escrito por ABC Color
- Categoría: Paraguay
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Édgar Villalba, Defensor del Pueblo adjunto, visitó a Andrés Chemei, cacique del pueblo Maká. Expresó su solidaridad con la lucha por la tierra propia. Recorrió la comunidad en Roque Alonso y habló de violación a los derechos humanos, Visitó la comunidad Maká instalada en la vecina ciudad de Mariano Roque Alonso.
Camino a puente Remanso, los maká tienen un asentamiento de ocho hectáreas; en el predio se observa el hacinamiento de 2.000 personas.Édgar Villalba se entrevistó con el cacique Andrés Chemei.
El anciano líder maká explicó en forma detallada la grave situación que enfrentan por la usurpación de sus tierras y el violento desalojo en la isla Laefiyuket.
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- Escrito por La Via Campesina
- Categoría: Colombia
Con la asistencia de los delegados de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular (en adelante la Cumbre) y delegados del Gobierno Nacional, se alcanzaron los siguientes acuerdos:
I. Sobre el Decreto de creación de la Mesa Única Nacional
El Gobierno expidió el Decreto 870 de 2014 mediante el cual se crea la Mesa Única Nacional.
II. Sobre Derechos Humanos y Garantías
Se crea una Comisión conjunta de análisis y estudio de alternativas penales, adscrita a la sub-comisión de garantías y derechos humanos, ésta estaría conformada por:
