La Articulación Nacional Indígena por Una Vida Digna, que congrega a más de 30 organizaciones indígenas de los diferentes pueblos que habitan el territorio paraguayo realizó hoy su segunda marcha con motivo del Día de la Resistencia. La movilización congregó a unos 3 mil indígenas bajo el lema “Sin Territorio no hay Vida Digna”, durante la marcha los líderes denunciaron el avasallamiento del habitat tradicional indígena por el agronegocio en complicidad con el Estado.
“A más de 30 años de nuestro reconocimiento constitucional como pueblos de existencia anterior a la formación y organización del Estado paraguayo, los indígenas del Paraguay exigimos garantías para la realización de nuestros derechos colectivos que en la actualidad se ven impedidos por una realidad que se contrapone -y se impone- a los mismos. Fuertes intereses económicos han capturado para su provecho propio las instituciones públicas, y esta situación es tolerada por las autoridades, donde las corporaciones del agronegocio y la ganadería, son las que establecen las políticas a ser ejecutadas en nuestras tierras de ocupación tradicional, sin nuestra participación ni consentimiento” señala el manifiesto central de la movilización firmado por las organizaciones componentes de la Articulación.
La organización señala que los indígenas sufren un acelerado desplazamiento forzoso, mediante el sistemático avasallamiento y persecución que se da en sus territorios de origen; además denuncian que en las últimas dos décadas la criminalización contra líderes y lideresas ha aumentado, así como los desalojos forzosos. “Como consecuencia de esta política represiva, en muchos casos, nuestros hermanos y hermanas hoy día están malviviendo en la periferia de las ciudades, cuando no en situación de calle, en las esquinas y semáforos de casi todo el país, en situación de máxima vulnerabilidad” señalan
La movilización recorrió varias instituciones públicas reclamando la atención a las necesidades de los Pueblos Indígenas. Tras ser recibidos por una delegación compuesta por autoridades del Poder Ejecutivo, encabezada por el Ministro del Interior, y del Legislativo, se firmó un acuerdo mediante el cuál se plantea la apertura de una mesa de trabajo permanente entre la Articulación Indígena y el Estado a fin de resolver los principales puntos reclamados por las comunidades indígenas.
En las calles y ante las instituciones los indígenas reclamaron una política integral de recuperación y protección de sus tierras y recursos naturales, “en especial de aquellas que fueron entregadas ilegítimamente por el Estado a terceros, sin considerar que las mismas eran áreas de ocupación y dominio tradicional de muchos pueblos indígenas”. Exigieron que estas tierras, al igual que aquellas que fueron mal adjudicadas durante la dictadura de Stroessner, sean consideradas malhabidas, a los efectos de su recuperación y restitución a sus legítimos dueños, como lo recomendó la Comisión de Verdad y Justicia en el año 2008.
Según los datos oficiales del último Censo de Población Indígena, llevado a cabo en el año 2012, se registró que del total de comunidades censadas, un 29% de ellas tienen algún problema con relación a la tenencia de tierra. Los casos más problemáticos son de alquiler y apropiación indebida de las mismas por agroempresarios, totalizando un 61 % de los casos, en los últimos años esta alarmante situación ha empeorado debido acelerada expansión de las fronteras del agronegocio.
Los líderes indígenas señalaron que vuelven a sus comunidades esperanzados, después de haber demostrado que siguen luchando por sus derechos y por la defensa de su territorio y de haber logrado marchar a pesar de la insistente intención del gobierno de impedir e invisibilizar la movilización indígena. Añadieron que estarán vigilantes y en constante alerta para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado
