Los hechos acontecidos en las últimas semanas muestran que el abandono estatal hacia comunidades campesinas e indígenas deriva en conflictos que cada vez son de mayor intensidad. Finalmente, la inacción estatal deriva, en los hechos, en una liberación del territorio para el avance del agronegocio.
La comunidad indígena Ka’a Poty, de Alto Paraná, fue nuevamente desplazada del territorio que ocupaba tras una fuerte presión mediática derivada de un ataque cometido por algunos miembros de la comunidad contra colonos asentados en tierras cercanas. Los hechos de violencia están siendo investigados por el Ministerio Público y varios miembros de la comunidad se encuentran detenidos.
Sin embargo, la comunidad Ka’a Poty había sido desalojada anteriormente de forma ilegal e impedida de acceder a su territorio, sin que esto tenga consecuencias judiciales para los responsables.
«Las comunidades indígenas y campesinas siempre se ven forzadas a cumplir las órdenes judiciales (de los desalojos), pero la ley nunca está para ellas. Se siguen acumulando propiedades de dudoso origen en manos de un sector privilegiado» señala el investigador y Trabajador Social, Abel Irala.
«Es creciente el número de comunidades indígenas amenazadas, golpeadas y perseguidas que forman parte una enorme cantidad de comunidades que no gozan de garantía jurídica sobre sus territorios y que el Estado no realiza las diligencias para brindarles protección, existen al menos un 13% de comunidades indígenas con superposición de títulos en el país, y aproximadamente 25% en conflicto con agroempresarios y ganaderos, según datos oficiales del censo indígena» añade Irala.
En este cuadro de situación el Estado no ha tenido políticas de atención real a los reclamos de tierra de las comunidades indígenas, ni del campesinado. «Solo se ha hecho prevalecer títulos dudosos y despejar terriotorio para el agronegocio a costa de los más desprotegidos, violentando sin piedad a los indígenas, y también al campesinado» concluye.
Marina Kue
Por su parte la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) lamentó lo ocurrido el pasado 18 de agosto, en la localidad de Curuguaty, zona de Marina Kue, donde dos personas murieron en el contexto de una larga lucha por la tierra, mientras el Estado continúa estando ausente para la población campesina de ese lugar.
«Aunque ya han pasado diez años, el Estado no se ha ocupado de la recuperación de tierras malhabidas ni ha investigado exhaustivamente la muerte de los campesinos durante la masacre ocurrida en junio de 2012, esa inacción estatal se ha cobrado dos vidas más» indicó la organización.
