Continúan los desplazamientos masivos y las agresiones contra los pueblos indígenas en Colombia. El más reciente caso lo denunció la organización UNIPA del pueblo Awá en Nariño. Se trata de las 90 familias Awá del resguardo Pipalta Palbí Yaguapí, que, desde el día de 2 de marzo, son víctimas de los constantes enfrentamientos entre actores armados que operan en la zona.
Según el comunicado 001 de 2022 emitido por UNIPA, “el pasado 07 de marzo las autoridades ancestrales verificaron el desplazamiento masivo (…) de 90 familias que suman un total de 281 personas”.
El documento resalta que entre las personas desplazadas se encuentran “más de 80 menores de edad (…) hacinadas de manera temporal en casas del poblado de Buenavista, en condiciones precarias e inhumana”.
“Esta situación hace parte de las sistemáticas vulneraciones a derechos humanos que viene sufriendo el resguardo Awá de Pipalta Palbí Yaguapí desde el año 2010, con asesinatos, amenazas contra líderes, confinamientos y desplazamientos, como hemos venido alertando mediante comunicados…”
Operación Artemisa vulnera a los pueblos indígenas
Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia @CNTI_Indigena rechazó que “funcionarios del Ejército y la Policía Nacional ingresaron a las veredas El Triunfo y la del Cabildo La Esperanza en San Vicente del Caguán”.
La CNTI también denunció la desaparición de cinco personas tras la incineración de dos viviendas del cabildo, y reitera que “la situación humanitaria es crítica por lo que la comunidad se mantiene en alerta máxima ante posibles nuevas acciones de la fuerza pública”.
No es la primera vez que esta situación ocurre en la vereda El triunfo. Ya en septiembre de 2021 el Ejército colombiano fue señalado por las autoridades indígenas de minar cuatro viviendas, destruidas como parte de una operación en contra de la deforestación en el Parque Nacional Natural Chiribiquete. En esa oportunidad registraron intervenciones en el cabildo nasa La Esperanza y la zona de Filo Quince, en la frontera entre Caquetá y Meta.
Es importante recordar el relató en 2019 del general Nicacio Martínez, comandante del Ejército de Colombia sobre la Operación Artemisa: «está enmarcada dentro de la Política de Defensa y Seguridad”. El general detalló que la conforman «la Brigada contra la Minería Ilegal, 6 Batallones de Selva, 6 Batallones de Infantería de Selva, 10 Batallones de Alta Montaña, 19 Batallones Especiales Energéticos Viales y 4 Batallones contra el Narcotráfico».
Entre 2018 y 2021 se realizaron 12 maniobras militares de la Operación Artemisa en las inmediaciones de los parques nacionales amazónicos. Las comunidades campesinas e indígenas de Meta, Caquetá y Guaviare se han opuesto a las intervenciones justificadas por el gobierno para la conservación del medio ambiente.
Tierras codiciadas por intereses empresariales
De acuerdo al Grupo Interdisciplinario de Investigación Kavilando, “Junto con la Operación Artemisa, Colombia ha desplegado una estrategia de “Burbujas Medioambientales”, iniciada en 2016”.
El grupo destaca que “las burbujas medioambientales son operaciones sorpresa que son dadas a conocer una vez que los militares han realizado un operativo para proteger determinada zona frente a las actividades ilegales”. Destaca además los casos de la compañía minera Cosigo Resources Ltd. que busca desarrollar actividades ilegales en el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, «dentro de los intereses de los inversores en función del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE.UU». También así el caso de la compañía minera canadiense, Auxico Resources, que pretende extraer oro y coltán en la Amazonía, y a la cual el exgobernador de Guainía, Javier Zapata, había concedido el 80% de la tierra.
“Frente a la utilización de la autoridad de los Parques Nacionales Naturales de Colombia para el desplazamiento de campesinos, una propuesta para solucionar el conflicto es la de “Parques con Campesinos”, que convertiría a estos en socios para la conservación en lugar de considerarles enemigos del medio ambiente”
De acuerdo a la publicación, el actual Plan de Desarrollo Nacional que ejecuta la Operación Artemisa, pretende promover objetivos de “conservación”, para reducir estas –las zonas selváticas- a una serie de áreas protegidas desconectadas, separadas por carreteras, rodeadas de pozos petroleros, represas hidroeléctricas, zonas fumigadas y minas”.
Para los expertos el continuo robo de tierras producido en los últimos años en Colombia cuenta con una nueva y aterradora arma: la militarización de la conservación del medio ambiente
AR/12/03/2022
