Con las primeras acciones en diferentes regiones del país inició hoy la Lucha Prolongada, convocada por la Plenaria de Organizaciones Campesinas, indígenas y Sociales. El movimiento social apunta a lograr la derogación de la Ley Zavala-Riera que profundiza la criminalización de la lucha por la tierra además de conquistar políticas de acceso a la tierra y apoyo a la producción campesina.
Los referentes de las Organizaciones integrantes de la Plenaraia señalron que la Lucha Prolongada se da “por la derogación de la ley que criminaliza la Lucha por la Tierra, conocida como Ley Zavala Riera, el cese inmediato a los desalojos y la legalización de los asentamientos campesinos, indígenas y urbanos”.
Otros reclamos que fueron incorporados por el movimiento popular guardan relación con “una política de Estado en apoyo a la pequeña producción afectada por el cambio climático, por la soberanía paraguaya en Itaipú y por el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez; por la libertad de las compañeras y compañeros presos y la suspensión de todas las imputaciones realizadas en el marco de la lucha por la tierra”.
Mientras las principales acciones se dieron en las cabeceras departamentales del interior del país, una delegación de dirigentes se concentró en Asunción reuniéndose con diferentes sectores e iniciando un campamento en el microcentro de la capital. La Plenaria está conformada por alrededor de quince organizaciones sociales que tienen previsto continuar movilizándose por tiempo indefinido aumentando la presión a las autoridades a fin de lograr las reivindicaciones planteadas.
Según datos del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE-IS durante el 2021 más de cinco mil personas han sido víctimas de desalojos forzosos, sin que se le otorgue alternativas habitacionales, tal como lo establecen los estándares internacionales de Derechos Humanos, estos desalojos se han dado principalmente en zonas donde el agronegocio avanza sobre los territorios campesinos e indígenas. Además, desde la vigencia de la Ley de Criminalización el Ministerio Público ha imputado a más de 50 campesinos e indígenas por el “crimen” de reclamar un pedazo de tierra.
