La masiva movilización del pasado 10 de diciembre y la retoma de tierras por parte de comunidades recientemente desalojadas dan cuenta de un reagrupamiento del sector popular dispuesto a luchar en defensa de sus derechos. Las organizaciones sociales y políticas del campo popular y la izquierda articulan espacios de unidad y anuncian importantes movilizaciones para el inicio del 2022.
Los habitantes del Asentamiento 12 de junio de San Vicente Pancholo, Departamento de San Pedro, fueron los primeros en articular una resistencia activa contra los desalojos y en re-ocupar las tierras de las que fueron desplazados. Otras acciones de lucha se habían planteado en Tava’i, Caazapá, donde varias comunidades campesinas se movilizaron en solidaridad con las familias desalojadas del Asentamiento Maria La Esperanza.
Estas acciones pusieron un freno a la oleada de desalojos que había afectado a cientos de familias campesinas e indígenas en los últimos meses, tras la aprobación de la Ley de Criminalización Zavala-Riera.
A esto se sumó la masiva movilización de organizaciones populares el pasado 10 de diciembre por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Las organizaciones campesinas de forma unitaria fueron la columna vertebral de la articulación que movilizó a más de 10 mil personas en la capital y que colocó como consigna principal el fin de los desalojos y la derogación de la mencionada normativa que profundiza la criminalización contra quienes luchan por la tierra.
Tras la multitudinaria movilización también se ha dado una profundización del proceso de unidad entre sectores políticos y sociales del campo popular y la izquierda, al punto que el pasado lunes se lanzó el “Ñemongeta por una Patria Nueva”, de cara a articular una plataforma política y social de la que forman parte los principales partidos de izquierda y las organizaciones sociales que buscan confrontar con los planes del gobierno, los gremios del agronegocio y los partidos de la derecha.
En las últimas horas se ha confirmado la reocupación de las tierras del Asentamiento Cristo Rey que fuera desalojado hace más de un mes, allí unas 50 familias que habitaban en el asentamiento por más de 10 años, recibieron el apoyo de comunidades vecinas y organizaciones como la Federación Nacional Campesina para volver a ingresar a las 400 hectáreas donde se ubica el asentamiento.
De la misma manera, la comunidad indígena Cerrito, del Pueblo Ava Guaraní, ubicada en Minga Porã, Alto Paraná volvió a ingresar a su territorio ancestral del que había sido desalojada el 29 de noviembre pasado, las tierras intentan ser despojadas por un sojero brasileño que ya había actuado de la misma manera con otras comunidades indígenas de la zona.
De esta manera el 2021 culmina con un movimiento popular que se encuentra articulando espacios de unidad tanto a nivel nacional como en las bases, haciendo esfuerzos conjuntos en la defensa del territorio ante el avance del modelo de agroneogocios y preparando importantes movilizaciones a fin de lograr la derogación de la Ley de Criminialización y generar un escenario favorable para el avance de las reivindicaciones sociales.
