Ilustración de María Chevalier para Biodiversidadla
Por Ignacio Marchini para la Agencia de Noticias Biodiversidadla
Francisca “Pancha” Fernández Droguett es una militante feminista, socioambiental y territorial de Chile. Integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y la Cooperativa La Cacerola, nos contó sobre el modelo privatizador del país trasandino, único en el mundo, y los desafíos de cara a obtener una nueva Constitución que garantice uno de los derechos humanos más elemental: el acceso al agua.
¿Cómo está conformado el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y cuáles son los objetivos actuales?
- Mira, cosa interesante, en unos días cumplimos 10 años. El Movimiento por el Agua y los Territorios surge en el marco de una actividad que se hace año a año que se llama “Aguante la vida”, que la organiza el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). En el primer “Aguante la vida”, que fue hace 10 años, nos convocaron a distintas organizaciones, tanto urbanas como rurales, pero sobre todo organizaciones territoriales, que estuvieran en algún conflicto ambiental y tuvieran una mirada fuertemente crítica a las políticas del extractivismo. Creo que eso es bien importante porque es lo que nos diferencia, quizás, de otros movimientos “socio ambientales”: que nuestra lucha es profundamente antiextractivista y anticapitalista.
Bueno, en este encuentro uno de los ejes, modelador del despojo territorial, la contaminación y la precarización de la naturaleza, obviamente ha sido el modelo privatizador en Chile, que se ampara en la Constitución de 1980 y la figura del Estado subsidiario, pero sobre todo bajo una figura que, para nosotras y nosotros, es primordial: el Código de Aguas que se creó en 1981 donde, si bien se dice que el agua es un bien nacional de uso público, el acceso es a través de la figura de derechos de aprovechamiento de agua, y esa figura genera lo que llamamos mercado de agua. O sea, en Chile se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar el agua.
Entonces vimos que los conflictos de la megaminería, del agronegocio, del modelo forestal, de la salmonicultura, de las grandes obras hidráulicas, de la presión inmobiliaria, etcétera, están mediados por el modelo privatizador, con un gran eje en común que es la privatización de las aguas.
Entonces decidimos conformarnos como movimiento social y empezamos a articularnos en torno a un primer gran hito: conmemorar el Día Internacional por el Agua y el Día Internacional por la Tierra, 22 de marzo y 22 de abril, respectivamente. Y a partir de eso, trabajar de manera mancomunada la organización a nivel plurinacional, porque también nos asumimos como movimiento plurinacional porque somos distintos pueblos: originarios, afro, migrantes, sectores campesinos, sectores urbanos populares. Y así llevamos 10 años en esta lucha, principalmente, por derogar el Código de Aguas pero también por derogar todos los instrumentos privatizadores que han servido para consolidar el extractivismo neoliberal en Chile. Estamos contra el acuerdo del Tratado chileno-argentino minero y el decreto ley 701 que impuso el monocultivo de trigo. Y así sucesivamente, pero tenemos la otra arista que también es habitar las propuestas. Ahí también hay organizaciones de agroecología, redes de abastecimiento popular, donde trabajamos un eje importante que es la idea de economías territoriales.
¿Qué impacto genera en las comunidades el Código de Aguas, en relación al acceso a este recurso? Sobre todo para quienes no pueden pagarlo.
- Primero, hay que darle un contexto histórico. Cuando se promulgó este Código de Aguas, las comunidades en general no estaban enteradas y adivina quien sí: los grandes empresarios. Entonces, obviamente que la dinámica fue distinta en una y otra territorialidad. En Wallmapu, el territorio mapuche, no se supo, e inmediatamente la industria forestal acaparó estos derechos de agua. Eso es un hecho, hay un desconocimiento. Por ejemplo, luego de la pos dictadura, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), la figura que se crea “en democracia” para el tema indígena, compra tierras pero el acceso a ellas es sin derecho al agua. O sea, hay comunidades mapuches que tienen los títulos de propiedad de tierra, que son propiedades individuales que se suman y hacen propiedad comunitaria, pero que no tienen derechos de agua, entonces hay comunidades indígenas, ¡sin agua!
En cambio, en el norte, en las comunidades aymaras, por ejemplo, en algunos casos ellos mismos compraron sus derechos de agua, lo que no está exento también de conflicto interno entre las propias comunidades. La forma de organigrama del cuidado del agua, por ejemplo, en el ámbito rural, que son las juntas de vigilancia y los comités de agua, tienen una lógica privatizadora e individualista. Entonces depende mucho de la “buena voluntad” de los comuneros y comuneras, de las y los campesinos, la forma en que trabaja una junta de vigilancia o un comité de agua particular. Entonces, son acaparados los derechos de agua tanto por las actividades extractivistas como por la megaproducción de obras hidráulicas, como la empresa Endesa.
Hay una figura muy extraña que solamente pasa en Chile. Los derechos de agua se dividen en dos: derechos consultivos y derechos no consultivos. Los derechos consultivos son derechos de agua en los que se consume el agua totalmente. Entonces, por ejemplo, el consumo humano o la agricultura serían derechos consultivos. Y los derechos no consultivos son en los que se usa el agua para producir pero se devuelve, por decirlo de alguna manera. Obviamente, los derechos no consultivos no tienen ningún tipo de fiscalización de la calidad del agua que se regresa. Entonces casi la totalidad de los derechos no consultivos del agua en Chile lo tienen, obviamente, obras hidráulicas vinculadas con la generación de energía, bajo el control de Endesa. Y en el caso de los derechos consultivos están destinados a la agricultura, el agronegocio y la megaminería.
Es muy complejo. Nosotros decimos que claramente en Chile no hay sequía, hay saqueo porque, por una parte, hay un modelo que te permite acaparar derechos de agua mediante la figura de la privatización y, además, insólitamente, usurpan aguas. Hay muchas mineras que, además de tener derechos de agua, hacen uso del agua de la que no tienen derechos porque la Dirección General de Agua (DGA) tiene muy poca capacidad de fiscalización. Entonces eso decimos: acá el modelo privatizador es el principal agente de escasez hídrica.
¿Y cómo hace para acceder al agua alguien que no tiene los recursos económicos?
- A ver, es horroroso, pero muchos campesinos y campesinas tienen que migrar cuando no tienen los derechos de agua. Así de simple. Por ejemplo, yo vivo en la capital, Santiago de Chile, pero en la región metropolitana también hay una zona campesina muy importante, que es la zona de Paine y Melipilla, y ahí hay comuneros y comuneras campesinos y campesinas que, desprovistos de agua, se dedican al trabajo de la construcción en la ciudad de Santiago y luego retornan a sus casas, siendo que históricamente eran campesinos, pero no tienen agua. Primero, no tienen agua porque no tienen derecho al aprovechamiento. Segundo, y peor, hay algunos que teniendo derechos de agua, los afluentes y los cuerpos de agua están en situación de escasez hídrica. Entonces, tienen derechos otorgados, que es la cantidad de mililitros que pueden utilizar, pero no los pueden usar porque simplemente no hay agua.
Otros campesinos y campesinas, recreando la creatividad, usan el sistema de riego por goteo o incorporando la humedad. Si tú haces algún tipo de sistema de captura de la humedad del aire y eso lo conviertes en agua, por lo menos eso no está privatizado en Chile. En cualquier momento ya sabemos que el aire puede que se privatice, con el nivel de locura que estamos viviendo. Pero quiero decirte que sí, también han emergido propuestas de campesinos y campesinas como el sistema de riego por goteo como una posibilidad de subsistencia, pero es muy complicada la situación. Muy.
¿Qué herramientas o propuestas vinculadas a la agricultura están pensando desde los ecofeminismos? Sobre todo para mantener esas prácticas ancestrales que, como vos decías, tienen un peso cultural y de tradición que te ves forzado a abandonar por cuestiones materiales. Y te lo pregunto vinculado con la nueva Constitución.
- Bueno, lo primero que nosotras decimos es que no hay forma de subsanar esta situación que no sea mediante la derogación del Código de Aguas pero, también, hay que transitar a un más allá del extractivismo neoliberal. O sea, entendemos la dimensión estructural como un eje de cambio primordial. Es por eso que, como Movimiento por el Agua y los Territorios, si bien no es la Asamblea Constituyente que queríamos porque tuvo limitaciones, sí decidimos participar de la Convención Constitucional y tenemos 5 convencionales que son parte del MAT y que están disputando estos temas. Derechos de las aguas pero no derecho de aprovechamiento, sino que hablamos de que el agua es un derecho humano de la naturaleza. También hablamos de la soberanía alimentaria, la soberanía energética de los pueblos, los derechos de la naturaleza. Hemos estado trabajando todo ese marco que no ha sido fácil porque, además, hay un sector de la llamada “izquierda progresista” que es pro capitalismo verde. O sea, es una disputa que tenemos que dar dentro de los propios sectores supuestamente más críticos al modelo.
Entonces, ahí hay una decisión mancomunada como movimiento de incidir en lo institucional pero sin duda para nosotros y nosotras lo más importante es la movilización territorial, porque el extractivismo está al orden del día. De hecho, estamos bajo dos situaciones de riesgo, de profundización del extractivismo, que son la aprobación del Tratado Transpacífico 11 (TPP 11) y la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea. Son dos monstruos que, además, la Convención no puede frenar porque uno de los acuerdos que hizo la clase parapartidista de Chile fue que los Tratados de Libre Comercio no se tocaban durante la Convención. Por suerte, todavía no ha pasado esa desgracia y nos movilizamos en contra de los dos tratados.
Entonces, como movimiento podemos decir que tenemos cuatro pilares: agua, semilla, energía y suelo. Son fundamentales para entender la lucha territorial. El agua tiene que ver con la desprivatización y que sea reconocida como derecho humano pero de la naturaleza, porque nos interesa mucho que, más allá de que obviamente la prioridad es el consumo humano, también lo es el equilibrio ecosistémico. Esto incluye proteger todo tipo de cuerpos de agua como los glaciares, que son un reservorio natural de agua dulce, los humedales, los mares.
En el eje de agua trabajamos también la dimensión de la gestión comunitaria de las aguas. Ahí tenemos una diferencia con otros sectores. Nosotros y nosotras no estamos por la nacionalización de las aguas, porque decimos que el Estado es también extractivista, centralista y colonial. Entonces queremos que el Estado garantice el agua como derecho humano y la naturaleza, pero queremos que también el Estado resguarde la posibilidad de autodeterminación y gestión propia de los distintos cuerpos de agua. No es sencillo, pero es la apuesta que tenemos. De hecho, tenemos una propuesta que se llama “Decálogo por la gestión comunitaria de las aguas”.
Cuando hablamos de semillas hablamos de semillas libres y ancestrales. Están fuertemente vinculadas con la soberanía alimentaria. Nosotras, en el Decálogo, decimos que el agua y las semillas son bienes comunes, no de propiedad, sino de bienestar, común de los comunes, no solamente humanos sino comunes no humanos también. Y que son inapropiables. No pueden tener condición de propiedad el agua y la semilla porque son generadoras de vida.
Esa dimensión de inapropiabilidad es la que vinculamos con la soberanía alimentaria de los pueblos. Desde una soberanía sanitaria pero también desde una soberanía de cómo producir, distribuir y consumir. Por eso, desde el movimiento del agua nos asumimos como movimiento agroecológico. Tenemos una escuela de agroecología llamada Escuela de Agroecología Germinal, que está en la zona más devastada del Valle Central, en Petorca.
Después está el pilar energético. La energía para nosotros es fundamental, pero en el marco de la soberanía energética de los pueblos. Ahí hay una gran diferencia. Porque uno podría decir “ah, energía renovable, energía verde”, pero decimos que mientras no haya control y administración de los pueblos, seguiremos tributando a la matriz central energética. Por ejemplo, acá en la comunidad campesina en la que participo, San Pedro de Melipilla, pusieron unos paneles solares pero es una gracia. Primero, no hubo una consulta ni participación ciudadana respecto a cuál es la incidencia del territorio en que se coloca y, además, se puso al lado de una chanchería. Y segundo, no tributa para la localidad sino para la matriz central energética. Entonces eso no es soberanía energética. Son falsas soluciones. En Chiloé, una zona insular de Chile en el sur, pusieron un parque eólico gigantesco que está destruyendo las pomponeras y las turberas, que son sistemas de agua parecidos a los humedales que están en ese territorio. Entonces están degradando el territorio. Decimos que tiene que haber administración y control de los pueblos y además tiene que tributar para los territorios y las economías locales.
Y por último, sin suelo, agua, semilla y energía no tienen posibilidad y por eso es que seguimos caminando hacia una reforma agraria, pero una reforma agraria pensada en términos agroecológicos, desde otra forma de entenderla, donde la lógica del suelo también implique una recuperación territorial. Y eso ojo, no solo exclusivamente en el campo sino también en la ciudad. La disputa de los movimientos por la vivienda digna y el derecho en la ciudad también es una disputa por el suelo.
Son todos esos elementos que tenemos presentes en esta lucha y que estamos tratando de instalar en la Convención. Pero específicamente bajo esta premisa, que es la presentación de una iniciativa popular de norma por derecho a la naturaleza, gestión comunitaria de las aguas y protección de los glaciares.
