El derecho a volver al territorio es una práctica que las comunidades mapuches ejercen desde hace más de veinticinco años. Lejos de la campaña mediática y política que los llama “terroristas”, numerosas leyes amparan los derechos indígenas. Un análisis del pasado y el presente para entender a un pueblo que es preexistente al Estado argentino.
En el léxico del activismo del pueblo mapuche no figura la expresión “ocupar” o “tomar tierras”. “Recuperar territorio” puede parecer similar, pero entraña profundas diferencias. La primera se aprecia a simple vista porque es idiomática: el verbo hace referencia a “volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía”. El fundamento es histórico: antes de la Campaña al Desierto (1879-1885), el territorio mapuche libre se extendía por las actuales provincias de Neuquén, Río Negro, parte de Chubut, La Pampa, parte de Buenos Aires y obviamente, la Región de la Araucanía (Chile). Mientras que las ocupaciones o tomas se relacionan íntimamente con la vulneración del derecho a la vivienda, las recuperaciones se apoyan en derechos políticos de un pueblo preexistente al Estado.
El profesor mapuche José Quidel Lincoleo sostiene que mapu no debe traducirse como tierra, porque si se utiliza esa palabra, en español se entiende extensión de superficie, campo o parcela. Afirma que es más pertinente referirse a espacio territorial, porque en el concepto mapu están presentes no sólo la tierra en sus aspectos materiales y tangibles, sino también otras dimensiones que incluyen a los newen (fuerzas o energía) presentes en la naturaleza. Son aspectos muy profundos de la cultura del pueblo mapuche que difícilmente puedan comprender la gobernadora Arabela Carreras o el senador Alberto Weretilneck, ambos de Juntos Somos Río Negro (JSRN). Es la fuerza oficialista que en la provincia insiste en calificar de terroristas a las demandas territoriales mapuches.
Foto. Subcoop
Historia de las recuperaciones mapuches
Del lado argentino, las recuperaciones comenzaron a producirse en la década de 1990. Hubo otras antes, pero las que más impactaron en Neuquén fueron las que tuvieron lugar en 1995, en el contexto del llamado Conflicto de Pulmarí. Se vio involucrada un área de 112 mil hectáreas, bajo la administración de la Corporación Interestadual Pulmarí, donde conviven los estados nacional y provincial. En aquella ocasión, las recuperaciones tuvieron como protagonistas a cinco comunidades, con el impulso de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN).
Entre otras y otros, el cronista dialogó por entonces con Rosa Catrileo, anciana que, en 1934, había sufrido el desalojo de su familia en la zona del lago Ñorquincó, a manos de la Administración de Parques Nacionales (APN). Los empleados de la flamante repartición destruyeron su vivienda a tiro de caballo en pleno invierno. La institución era recién llegada, pero catalogó de “intrusos” a los pobladores mapuches que encontraron en su nueva jurisdicción. En diciembre de 1995, caminamos con doña Rosa por la Pampa de Aniceto, donde se erigía un che mamül (talla de madera que representa ancestros). El nombre de la pequeña planicie recuerda a su padre, el lonco (autoridad) Aniceto Catrileo. Una recuperación territorial puede parecerse superficialmente a una toma de tierras, pero es otra cosa.
Desmentidas fácticas sobre el Pueblo Mapuche
La historia de la comunidad Ñorkinkoes la de centenares de comunidades del pueblo mapuche en Neuquén, Río Negro y Chubut. En 2008, volvió a su territorio el Lof Roberto Maliqueo, en el Valle del Challhuaco. Su espacio queda a pasos de Bariloche, en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. En este caso, fueron dos los desalojos que había padecido la familia de María Florinda Catriao y Antonio Maliqueo. En primera instancia, debieron abandonar predios que, en la actualidad, ocupa la Escuela Militar de Montaña del Ejército Argentino. Luego se instalaron en el que reivindican como propio, del cual fueron desalojados por Parques Nacionales a fines de la década de 1960.
Su reclamo comprende el Lote Pastoril 128, con las famosas 625 hectáreas que tantas veces aparecen en los conflictos que involucran a mapuches dentro de la vieja Colonia Agrícola Pastoril Nahuel Huapi, antecesora de San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura y localidades más pequeñas, como Villa Mascardi. En el presente, el Lof (concepto mapuche de comunidad) lleva trece años de recuperación.
A fines de 2020, el Lof Casiano Epugnercelebró 20 años de otra recuperación, en el paraje Tres Picos. En este caso, el escenario del conflicto queda al sur de Ingeniero Jacobacci (Río Negro), en cercanías del histórico Quetrequile, antiguo asentamiento de tolderías muy pobladas.
A diferencia de los ejemplos anteriores, la contraparte no fue un organismo estatal, sino una de las tantas familias de origen sirio libanés que protagonizó la segunda oleada de despojos que sufrió el pueblo mapuche, sobrevivientes al genocidio estatal. Con la decidida participación de Fidal Guarda, unos de los fundadores del Consejo Asesor Indígena (CAI) en la década de 1980, el conflicto supo de balaceras, procesamientos, resistencia y múltiples instancias judiciales, que terminaron en la Corte Suprema de la Nación. Cosa rara, el Poder Judicial reconoció el derecho de los Casiano Epugnera permanecer en el territorio que abrigó antaño a sus mayores.
La repercusión nacional del Conflicto de Pulmarí fue mínima, aunque a escala regional se quiso vincular a las demandas del Pueblo Mapuche con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y, como hoy, también se acusó al Pueblo Mapuche de querer una secesión para construir un Estado distinto al argentino.
Un cuarto de siglo más tarde su desenlace es quizá la desmentida más contundente que pueda encontrarse a los argumentos de la derecha: se cuentan por decenas o quizá centenas las familias mapuches que viven en territorio mapuche recuperado sin que ninguna institucionalidad se vea afectada. Otro tanto puede decirse de las comunidades Roberto Maliqueo y Casiano Epugner. Entonces, una pregunta valida es por qué desde 2017 se recurre al fantasma del «terrorismo» para descalificar a un pueblo en su conjunto.
Foto. Anibal Aguaisol / Luan, Colectiva de Acción Fotográfica
Poder Judicial, gobiernos y la Ley 26.160
El año 2017 quedó en la historia porque terminó con dos muertos: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. También se produjeron decenas de heridos, algunos de ellos con secuelas para toda la vida, como en la represión que la Policía de Chubut protagonizó en Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen. Menos claro es el recuerdo de una maniobra fallida: por entonces gobernador, Alberto Weretilneck impulsó una reforma del régimen de tierras fiscales que motivó en Río Negro la movilización mapuche más importante desde el retorno de la democracia.
La expresión “tierras fiscales” es un eufemismo: son los campos que ocupan desde fines del Siglo XIX o primeras décadas del Siglo XX centenares de comunidades que nunca accedieron al título de propiedad comunitario.
El hoy senador Weretilneck, muy cercano al multimillonario Joe Lewis y a las corporaciones mega-mineras, tuvo apariciones mediáticas el 9 de marzo último en los canales de televisión capitalinos cuando se desataron devastadores incendios en El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo. El legislador vinculó los incendios a “células mapuches terroristas”. Ninguna investigación corroboró su audaz acusación.
En el transcurso de 2021, el Poder Judicial se expidió en dos ocasiones en favor de las comunidades mapuches Buenuleo y Celestino Quijada, a partir de los resultados del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Reteci), que dispuso la Ley 26.160 en 2006.
En el primer fallo se desestimó la orden de desalojo que pesaba sobre la comunidad Buenuleo, en la Pampa de Huenuleo. En el segundo, se ordenó la apertura de un camino del que siempre se había valido la comunidad José Celestino Quijada, cerrado por Arelauquen Golf & Country Club, emprendimiento del poderoso Grupo Burco. En ambos casos, el Reteci constató el “uso tradicional, actual y público” que las dos comunidades hacen de los territorios en disputa.
Con la segunda determinación, pusieron el grito en el cielo el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso (JSRN) y la diputada de la UCR en Juntos por el Cambio, Lorena Matzen. Acusaron al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de no consultar al Municipio y de otorgar tierras. No son los únicos políticos que demostraron ignorar de manera alarmante la legislación que rige en materia de derechos indígenas.
La Ley 26.160, que suspende los desalojos, caduca el próximo 23 de noviembre y el oficialismo de JSRN ni las expresiones políticas de la derecha ven con buenos ojos su prórroga.
Lof Quemquemtreu y los derechos humanos
La última ofensiva contra el Pueblo Mapuche se desató a fines de septiembre, cuando la comunidad Quemquemtreu inició un proceso de recuperación territorial en el paraje Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón (Río Negro). La respuesta del Poder Judicial y del gobierno rionegrino fue tan desmesurada que no dejó derecho sin vulnerar, entre ellos: los de la infancia.
A instancias de la fiscal Betiana Cendón primero y, luego, del juez Ricardo Calcagno, se instaló un cerco policial que aisló a los partícipes de la acción para que no recibieran alimentos desde el exterior de la recuperación territorial. Como respuesta solidaria, otras comunidades mapuches, asambleas socioambientales y organismos defensores de los derechos humanos instalaron un “acampe humanitario” para respaldar al lof. En los últimos días, circuló en redes sociales un video que testimonia cómo un niño concurre a la escuela del paraje, con la custodia de un móvil policial.
Junto con otras expresiones del Pueblo Mapuche, el lof se desmarcó de los dos ataques incendiarios que se adjudicó la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) mediante un comunicado. No obstante, las corporaciones mediáticas capitalinas insisten en una ecuación muy peligrosa: mapuche como sinónimo de terrorista.
Foto: Anibal Aguaisol / Luan, Colectiva de Acción Fotográfica
El inicio del mal y las leyes incumplidas
Es la actuación del Estado la que está en la génesis de la tensión. No sólo porque se hizo a fines del Siglo XIX de territorios que eran ajenos a su jurisdicción, sino también porque no cumple con la Ley. La Constitución Nacional que se reformó en 1994 ordena reconocer “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” las comunidades indígenas y, además, “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.
En el lapso de 27 años que media desde su sanción, ningún gobierno otorgó títulos de propiedad comunitaria y, menos aún, cumplió con la segunda parte del mandato constitucional. Tampoco se puso en marcha el mecanismo de consulta previa, libre e informada que establece la Ley 24.071 (Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales) para cuando las políticas públicas afecten los territorios indígenas. El artículo 16 de la misma norma consagra el derecho de los pueblos indígenas a “regresar a sus territorios tradicionales”. Ante el desinterés estatal en regular el proceso, es lo que hicieron por sus medios comunidades como Ñorkinko, Roberto Maliqueo, Casiano Epugnery muchísimas otras.
*Autor de los libros “Crónicas de la resistencia mapuche”, “De mar a mar: el Wallmapu sin fronteras” y “Komütuam: descolonizar la historia mapuche en Patagonia”, entre otros.
