Mientras el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, es felicitado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) por aprobar la ampliación de la Reserva Nacional de Galápagos y por firmar el compromiso de detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para 2030, pobladores indígenas ecuatorianos han iniciado acciones legales para frenar su nueva política de hidrocarburos que busca incrementar la producción petrolera del país como una forma de hacerle frente a la crisis económica actual.
El 18 de octubre de 2021, cientos de ancianos, jóvenes y líderes indígenas llegaron a Quito después de haber viajado largas horas desde sus comunidades en la selva amazónica, para presentar la primera de una serie de demandas contra el presidente de Ecuador.
Los pobladores indígenas llegaron hasta la Corte Constitucional con una acción judicial en contra del Decreto Ejecutivo 95 en el que, en julio de 2021, se expidió una nueva política de hidrocarburos que busca incrementar la producción petrolera del país como una forma de hacerle frente a la crisis económica actual.
“Hay campos petroleros viejos que hay que hacerlos más productivos y campos nuevos también. La frontera petrolera podría expandirse. Pero en eso hay que ser concreto, porque duplicar la producción petrolera en cuatro años parece como un poema. A diciembre de este año el Ministro de Energía tiene muy claro un desafío que cumplir: incrementar la producción petrolera en aproximadamente un 8 % diario. Es decir, elevar cerca de 40 mil barriles diarios más”, dijo Lasso en una entrevista con el portal 4pelagatos, en agosto de este año.
El decreto y las posteriores declaraciones del presidente y sus funcionarios generaron temor en los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. “El Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano de respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería”, dice Nemonte Nenquimo, lideresa Waorani y presidenta de la organización Conconawep.
¿Por qué este decreto podría ser una amenaza para las selvas y comunidades amazónicas ecuatorianas? ¿Cuáles son los argumentos de los líderes indígenas para pedirle a la justicia que declare inconstitucional el decreto 95?
No hubo consulta previa con los indígenas
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (Conconawep), organizaciones que presentaron la demanda en la Corte Constitucional, aseguran que el decreto 95 no fue consultado con los pueblos indígenas potencialmente afectados, quienes aseguran que tampoco dieron su consentimiento, tal y como exige la legislación nacional e internacional. Ese es su principal argumento para pedir que este sea declarado inconstitucional y nulo.
“Los territorios de los pueblos y nacionalidades están en peligro. Estos territorios permiten equilibrar la vida y los ecosistemas. Por ello, por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena, que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera, necesitamos que se garantice nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada pero de manera vinculante; que exista consentimiento y esto debería ser reconocido por la Corte Constitucional”, afirma Leonidas Iza, presidente de la Conaie.
Jorge Acero, uno de los abogados que acompañó la demanda presentada por los indígenas, asegura que hay una doble inconstitucionalidad con el decreto: tanto en forma como en fondo.
En cuanto a la forma comenta que la aprobación de una norma o política pública tiene que ser consultada, e incluso construida con la participación de los pueblos cuyos derechos podrían resultar afectados, lo cual, en este caso, no ocurrió.
En cuanto al fondo, el abogado dice que los derechos de participación son fundamentales para los pueblos indígenas porque, “de hecho, la Corte Constitucional en una sentencia de 2010 estableció que esos derechos son sustanciales y permiten superar una discriminación histórica”.
Los pueblos amazónicos tienen claro que la expansión de la industria de hidrocarburos los afecta directamente pues casi todo el petróleo de Ecuador se extrae de la Amazonía. Lo primero que busca el gobierno es aumentar la producción en la zona que actualmente ya es explotada: las provincias de Sucumbíos y Orellana, seguidas de algunas regiones de Napo y Pastaza.
De hecho, después del anuncio del decreto ejecutivo se aceleró la construcción de una carretera y de nuevas plataformas petroleras en el famoso bloque 43, mejor conocido como ITT, en el corazón del parque nacional Yasuní y muy cerca de la zona intangible de los indígenas en aislamiento Tagaeri y Taromenane, tal como lo reportó en septiembre Mongabay Latam, con base en imágenes satelitales publicadas por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) de la organización ambiental Conservación Amazónica.
Sin embargo, para cumplir esa meta no basta con intensificar la actividad en las zonas petroleras en extracción sino que se requiere abrir nuevos pozos. Los expertos consideran que el gobierno insistirá en explotar zonas del centro sur de la Amazonía, a pesar de que en el pasado ya hubo un intento de licitación de bloques petroleros en esta región —conocida como ronda suroriente en las provincias de Pastaza y Morona Santiago— y no hubo mucho interés por parte de las empresas.
“Si esta vez hay interés sería preocupante porque los bloques dibujados sobre mapa se traslapan con territorios de siete nacionalidades en al menos un 90 % y, en algunos casos, el bloque representa el 100 % del territorio”, afirma Acero.
Para el abogado, la consulta previa libre e informada también es importante para garantizar otros derechos de los pueblos indígenas como los de elegir el desarrollo que quieren vivir, gestionar los recursos naturales existentes en su territorio, así como para los procesos de organización y autogobierno existentes en cada pueblo o nacionalidad y el derecho a la autodeterminación que está garantizado en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
¿Cuáles son las preocupaciones con el decreto?
De acuerdo con los abogados de los pueblos indígenas, no hay certeza de cuánto tiempo tomará el análisis que haga la Corte Constitucional. La decisión podría conocerse en unos meses o, incluso, en unos años. Como la sentencia podría llegar después de que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables ejecute las acciones encaminadas a cumplir con el decreto, en la demanda también se solicitó una medida cautelar para suspenderlo ya que, en opinión de las organizaciones indígenas, su aplicación genera unos riesgos graves e inminentes de que se vulneren sus derechos.
El abogado Acero cree que esos riesgos ya son evidentes considerando que, por ejemplo, el 24 de agosto el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, presentó los proyectos de reforma a la Ley de Hidrocarburos y el proyecto de Codificación del Reglamento de Aplicación a la Ley de Hidrocarburos para el análisis y revisión de la Presidencia de la República.
“Estamos trabajando de manera comprometida para cumplir el encargo del presidente de la República, Guillermo Lasso, como resultado de ello hemos alcanzado el 60 % del cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 95”, señaló en un comunicado el ministro Bermeo.
Por eso, el abogado Jorge Acero dice que la medida cautelar debe ser resuelta de forma urgente. “Esperamos que la Corte Constitucional tenga una decisión en las próximas semanas”, comenta.
Por otro lado, la demanda no solo menciona la violación del derecho a la consulta previa, sino que argumenta sobre la inconstitucionalidad en varias de las disposiciones del decreto. Uno de los temas tiene que ver con que el gobierno impulsa la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, a pesar de que la Constitución establece que la explotación debe ser realizada por el Estado y la empresa privada puede participar solo de manera excepcional.
El decreto ejecutivo 95 plantea reformular los contratos de participación con las empresas, en los cuales “se establecen maneras en que las empresas privadas podrán tener una participación superior a la del Estado”, dice Acero.
Leonidas Iza de la Conaie asegura que el decreto se aprobó sin tomar en cuenta los efectos desastrosos que ha dejado la extracción petrolera en el oriente ecuatoriano. Para él, la intención del gobierno de incrementar la explotación de petróleo es “una política de muerte contra la Madre naturaleza”.
Así mismo, el decreto contempla la posibilidad de que, en caso de controversias, estas sean resueltas por arbitrajes internacionales, “cuando la Constitución establece que el Estado no puede ceder su capacidad para solucionar un conflicto”, dice el abogado.
Para Acero, uno de los puntos más críticos es que el presidente da varios mandatos específicos al ministro de Energía para que desarrolle proyectos de reforma a la ley y reglamento de hidrocarburos, de manera que estos se ajusten al decreto. “Se extralimitan las competencias del Ejecutivo para asumir funciones que pertenecen a la Asamblea Nacional”, asegura.
Nemonte Nenquimo, lideresa Waorani, comenta que, sin importar lo que el gobierno diga, “la extracción petrolera no es desarrollo, es contaminación y muerte”. Mientas que Leonidas Iza exige que se suspenda de forma inmediata toda acción de llevar a la práctica el decreto relativo a la duplicación de la producción petrolera, “mientras no se garantice el derecho a la consulta libre e informada”.
Más acciones contra los planes extractivos
En el transcurso de noviembre también se presentará una demanda en contra del Decreto Ejecutivo 151 que plantea el plan de acción para el sector minero. Según los líderes indígenas, se busca relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía, pese a la decisión de los pueblos de mantener sus territorios libres de esta actividad. En el caso de este decreto, aseguran que tampoco fueron consultados.
Para el abogado Jorge Acero es preocupante que mientras se pide un incremento de la explotación petrolera y minera, se le solicite al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) que agilice los trámites ambientales, más cuando la entidad ha tenido recortes presupuestales y de personal. “No se sabe qué mecanismos implementaría el MAATE para agilizar esos trámites sin menoscabar su obligación de aplicar prevención y precaución ambiental respecto a las actividades que se vayan a desarrollar”, dice Acero.
La política extractivista del gobierno ecuatoriano para impulsar la economía del país empezó con fuerza y los conflictos con las comunidades indígenas están lejos de acabar, como se evidenció en los últimos días con el paro nacional, convocado por organizaciones indígenas y otros sectores sociales en los que se cuestionan varias políticas del presidente Guillermo Lasso, entre ellas el impulso a la expansión de las actividades petroleras y mineras.
Marlon Vargas, presidente de la Confeniae, asegura que rechazan “los decretos que promueven ampliar la frontera extractiva petrolera y minera. A través de ellos, el gobierno de Guillermo Lasso busca violar todos los derechos colectivos dentro de los territorios indígenas, derechos que son reconocidos no solo por la Constitución ecuatoriana, sino por los tratados internacionales. Por ello, alertamos a todas las nacionalidades. Defenderemos nuestros derechos y nuestros territorios, porque son nuestros espacios de vida”.
*Imagen principal: El 18 de octubre los indígenas de la Amazonía ecuatoriana presentaron una demanda contra el decreto 95 del presidente Guillermo Lasso. Foto: Amazon Frontlines.
