La Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) rechazó la aprobación del Proyecto de Ley 490, que califican como “Ley de Genocidio Indígena”.
La norma, aprobada por una comisión del Congreso el 23 de junio, anula la demarcación de territorios indígenas, habilitando el ingreso de madereros y mineros ilegales y de grandes empresas.
Indígenas de Brasil habían expresado su oposición rotunda a este proyecto con manifestaciones que fueron reprimidas violentamente. Tras su aprobación, anunciaron que seguirán movilizados para hacer respetar sus derechos.
Aprobación del proyecto
La calificada “Ley de Genocidio Indígena” fue aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados de Brasil, con 40 votos a favor y 21 en contra.
La norma plantea que los territorios indígenas sean considerados para la instalación de “bases, unidades y puestos militares, ampliación de la red vial y exploración de alternativas energéticas estratégicas”.
Además de que se solo sean consideradas tierras indígenas las que, en la promulgación de la Constitución de 1988, fueron simultáneamente habitadas por ellos y utilizadas para sus actividades productivas.
Cada territorio debe ser “esencial para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar; y necesarios para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones", señala la propuesta.
En ese sentido, la iniciativa legislativa propone que sean catalogadas como nulas “las demarcaciones que no cumplan con los preceptos establecidos por el texto”.
Y, además, se precisa que quedará prohibida la ampliación de las tierras indígenas que ya estén demarcadas.
Indígenas que realizaban manifestación contra proyecto de ley afuera del Congreso, en Brasilia, fueron reprimidos por la policía. Foto: COICA
Proyecto cuestionado
Según la COIAB, la aprobación del Proyecto de Ley 490 responde a los “intereses de ruralistas, mineros y madereros ilegales”, además de ser “otro ataque orquestado por el gobierno de Bolsonaro”.
Asimismo, consideran que este proyecto “es la reanudación del genocidio” en Brasil y “un atentado más a nuestros derechos fundamentales garantizados en el artículo 231 de la Constitución”.
Este artículo señala que “las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas están destinadas a su posesión permanente, y son responsables del uso exclusivo de las riquezas de los suelos, ríos y lagos existentes en ellas".
Por ello, opinan que esta propuesta es “totalmente inconstitucional”, y afirmaron que nunca fue consultada con las poblaciones indígenas, lo que motivó a los indígenas a manifestarse públicamente.
Sin embargo, en manifestaciones como las de 22 de junio fueron reprimidos con balas de goma y bombas de gas lacrimógeno, lo que dejó varios heridos, según denunciaron.
Además del fin de la demarcación de territorios indígenas, la COIAB alerta que con el proyecto se “abrirá los territorios de los pueblos indígenas aislados a la explotación económica”.
Por todo ello, anunciaron que no permitirán que sus voces sean silenciadas y seguirán movilizados en defensa de sus derechos, ganados con mucha lucha por los pueblos y organizaciones.
“¡No permitiremos más exterminios, ataques, amenazas y retrocesos!”, sentenciaron.
Desde la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) también se sumaron a este rechazo el pasado 23 de junio.
El proyecto aprobado ahora deberá pasar por el plenario de la Cámara de Diputados “donde predominan los lobistas del agronegocio”, según Nacho Lemus, corresponsal de TelesurTV en Brasil.
