Los incendios forestales que devastaron la Chiquitanía y El Chaco marcaron un antes y un después en la discusión ambiental de Bolivia. El desastre que mantuvo al país en emergencia por más de dos meses finalizó con un resultado trágico: 5.3 millones de hectáreas se quemaron en todo el país.
“Ha sido un año muy negro para Bolivia”, dice Miguel Ángel Crespo, director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), al hacer un balance del 2019 en términos ambientales y recordar los cinco millones de territorio calcinado.
La crisis ambiental estuvo acompañada de una crisis política. Semanas antes de las elecciones, mientras se incendiaban los bosques de Bolivia, la opinión pública parecía darle la espalda a Morales influenciada por lo que muchos analistas han llamado el “efecto político de la Chiquitanía”. En medio de protestas por los resultados electorales y disturbios sociales, Evo Morales renunció finalmente a la presidencia.
Sin embargo, más allá de los incendios, el 2019 fue un año controversial en el panorama ambiental. Normas polémicas, protestas contra proyectos extractivos, amenazas a las áreas protegidas y conflictos por el litio marcaron la agenda de este año.
Más de cinco millones de hectáreas del bosque seco tropical Chiquitano y del Gran Chaco Americano fueron arrasados como consecuencia de los incendios forestales sin precedentes que se iniciaron a fines de julio y se extendieron hasta setiembre.
Las imágenes de árboles calcinados y animales que no lograron escapar del fuego dieron la vuelta al mundo. Durante semanas, bomberos, voluntarios, personal del Ejército y la población local trataron de controlar el fuego pero los esfuerzos resultaron inútiles.
“Evo Morales y su gobierno se negaron a declarar desastre nacional”, afirma Crespo al recordar el pedido permanente que los bolivianos hicieron para que el gobierno del expresidente tomara acciones concretas cuando la emergencia empezaba. Recién el 21 de agosto, cuando ya se habían perdido casi un millón de hectáreas, el gobierno de Evo Morales ordenó que se utilizaran aviones para combatir los incendios.
Al final, 5.3 millones de hectáreas de bosque desaparecieron. De ellos, 3.9 millones corresponden al departamento de Santa Cruz y 1.2 millones al Beni, según un informe de la Fundación Amigos por la Naturaleza, del 27 de setiembre.
“Por lo menos 40 millones de árboles se quemaron y miles de animales murieron incinerados. Se han encontrado aves que volaron cientos de kilómetros para salvarse del fuego”, señala Pablo Solón, director de la Fundación Solón.
La Chiquitanía es el bosque seco tropical más extenso y uno de los mejor conservados en el mundo, que ocupa 20 millones de hectáreas de Bolivia. Solón lamenta “la pérdida de esta biodiversidad única en el mundo” y se pregunta cómo evitar que una situación igual se repita el próximo año, cuando nuevamente se inicien las quemas o “chaqueos”, que tienen como fin despejar el terreno para la actividad agrícola y ganadera.
Aunque los chaqueos son una práctica común en la zona, este año el gobierno de Morales autorizó la ampliación de la frontera agropecuaria y las quemas controladas, medidas que según los expertos consultados, actuaron como detonante de la tragedia.
“Las modificaciones en la norma del cambio de uso de suelo en Santa Cruz y en el Beni que amplió la frontera no solo agrícola sino extractiva a los sectores mineros tuvo como consecuencia este desastre en la Chiquitanía”, dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib). “Dije que iba a ser una catástrofe y eso fue”, agrega.
Los incendios forestales destruyeron también bosques en áreas naturales protegidas. Una de ellas fue el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu, en el Gran Chaco boliviano, que apenas había sido categorizada meses antes, en mayo de este año.
“Ha sido calamitoso, un hecho calificado de biocidio y etnocidio. Recursos fundamentales como el agua de los ríos han quedado contaminados y los peces están muriendo”, agrega Ruth Alipaz, líder indígena de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígena, Originario, Campesino y Áreas Protegidas (Contiocap).
En abril del 2019, un informe publicado por el World Resources Institute (WRI) reveló que Bolivia se ubicaba en el quinto lugar entre los países que perdieron mayor cobertura forestal en el mundo durante el 2018. Después de los incendios forestales, las cifras se han elevado exponencialmente.
En marzo de este año, el gobierno de Evo Morales firmó un acuerdo con los agroindustriales de Santa Cruz, mediante el cual autorizaba el uso de soya genéticamente modificada. La negociación significaba también ampliar la frontera agrícola en 250 000 hectáreas. La decisión fue criticada por los expertos. Pero no fue la única controversial. En julio el presidente Morales modificó el Decreto Supremo 26075 para que se autorice el cambio de uso de suelo en Santa Cruz y El Beni con fines agropecuarios y las quemas controladas.
“Evo Morales dejó un gobierno con un pasivo ambiental impresionante y bárbaro como no se ha visto nunca. Y eso que era defensor de la Madre Tierra”, dice Crespo de Probiomas. El ambientalista asegura, además, que el gobierno de Morales consolidó políticas públicas subordinadas a los intereses del agronegocio y que la ampliación de la frontera agrícola fue una decisión “en desmedro de bolivianos, cuando no era necesario hacerlo”.
Para Pablo Solón estas normas del gobierno anterior deben ser derogadas y se deben suspender las actividades que tienen incidencia en la deforestación. “Se debe frenar el envío de carne a China y frenar la producción de soya, actividades que incentivan la deforestación”.
De hecho, mientras los bosques bolivianos aún ardían, Morales anunció el primer envío de carne a China, un negocio que el expresidente promovió decididamente durante su mandato.
Las decisiones tomadas por Morales durante el 2019 confirman la orientación que el gobierno del expresidente había tomado en temas ambientales, una política que se contradecía claramente con la defensa del medio ambiente que aseguraba seguir.
Las contradicciones en la política ambiental de los 14 años de gobierno de Morales fueron reseñadas en la investigación Un año crucial para la política de la conservación en Bolivia, que se publicó en mayo de este año en la revista científica Nature Ecology and Evolution.
En el estudio se precisa que en el 2010 cuando se aprueba la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, también se autoriza la construcción de la carretera que divide en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
La investigación indica que por lo menos nueve áreas protegidas en la Amazonía boliviana ya están fragmentadas por las carreteras, además, nueve proyectos de hidroeléctricas están ubicados dentro de áreas protegidas o a menos de cinco kilómetros de ellas.
“Las decisiones políticas apuntaban y permitían una visión de país que significaba entregar Bolivia al agronegocio”, sostiene Vincent Vos, biólogo e investigador en Riberalta, en el Beni.
Tras la salida de Morales, el 14 de noviembre se instaló un gobierno de transición que nombró como presidenta a Jeanine Áñez, quien hasta ese entonces cumplía el cargo de segunda vicepresidenta del Senado. Aunque las protestas continuaron algunas semanas más, actualmente los ánimos parecen estar calmados.
“Sería interesante que el nuevo gobierno pueda revertir lo dejado por Evo Morales”, dice Crespo citando la reciente decisión del ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien ordenó la paralización de los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, en Tarija.
Para Crespo, sin embargo, el anuncio que ha hecho la gestión de Añez sobre la reforestación en la Chiquitanía siembra dudas. La decisión fue anunciada por la la ministra del Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, acompañada de empresarios agropecuarios de Santa Cruz. “Desde el punto de vista científico, lo que corresponde es una recuperación natural de la Chiquitanía. Pero cuando la ministra y otros sectores hablan de reforestación, me temo que se esté buscando introducir definitivamente la agroindustria a este territorio y que la reforestación se haga con eucaliptos”, sostiene Pablo Villegas, del Cedib.
Ruth Alipaz, de Contiocap, también se muestra prudente ante las decisiones adoptadas por el nuevo gobierno. Aunque asegura que aún están en un momento de tregua, la reunión con los sectores agropecuarios ha puesto en alerta al movimiento indígena. “El ministro de Obras Públicas [Yerko Núñez] dijo que la hidroeléctrica Chepete-El Bala era inviable, pero hay ministros y funcionarios del gobierno que apuestan por continuar los proyectos de la gestión de Morales”.
Alipaz dice que los pueblos indígenas se han declarado en emergencia y han solicitado una audiencia a la presidenta. “Somos el 42 % del país y el más afectado por la política extractivista”, agrega.
“La expansión de actividades auríferas y el uso masivo de mercurio se ha desbordado este año. Lo más preocupante es la presencia de dragas y dragones en los ríos, estos últimos con capacidad de hasta ocho dragas”, lamenta Marco Gandarillas de Cedib al referirse al problema de la minería ilegal que se extiende en Bolivia.
Pablo Villegas, también del Cedib, menciona los efectos perversos que ha tenido la legislación que entregó derechos a los mineros sobre los suelos de territorios indígenas y de áreas naturales protegidas. Estas autorizaciones, otorgadas por el gobierno a las llamadas «cooperativas mineras», han agudizado las presiones extractivistas sobre estas tierras. Los resultados son concretos: aparición de nuevas empresas mineras formalmente legales aunque con prácticas bastante informales para el ambiente.
“El problema está en la Ley de Minería que entrega las autorizaciones a las empresas sin que cuenten con registro de personería jurídica. La informalidad ya está en la ley”, explica Villegas. Según el experto, el ingreso de los denominados “dragones” de propietarios chinos, colombianos y brasileños ha contado con la aprobación del gobierno. “Este año hubo denuncias de empresas chinas con dragones y nuevos tipos de instrumentos de extracción de oro a gran escala que no se habían visto hasta ahora”, reafirma Gandarillas.
Con el incremento de la actividad minera aumentó también el uso de mercurio. “Una de las principales causas de contaminación en Bolivia es la minería aurífera. Y hasta ahora no existe el catastro minero y el gobierno no aplica el Convenio de Minamata, un tratado global que busca proteger la salud y el medio ambiente de las emisiones de mercurio y sus compuestos”, sostiene Villegas. Según el informe Amazonía saqueada, Bolivia registró en el 2015 veinte veces más mercurio en comparación con el 2010. “Con 133 toneladas de mercurio liberadas al año, Bolivia es el tercer país de América en emisiones del mineral”, refiere la publicación.
Sin embargo, la extracción de oro no es la única preocupación. La extracción de litio de los salares de Coipasa y Uyuni en Bolivia ha levantado controversia y conflictos en el país. El litio es un componente clave utilizado en baterías para vehículos, teléfonos, plantas solares, entre otros aparatos electrónicos. Distintas compañías de todo el mundo han iniciado una carrera por su explotación, lo que está siendo llamando la nueva ‘Fiebre del Oro’.
Un decreto supremo emitido en diciembre del 2018 a favor de la empresa alemana ACI Systems para explotar litio en Uyuni tuvo que ser derogado unos días antes de la renuncia de Morales debido a la fuerte protesta social en Potosí. Los pobladores solicitaban mayores beneficios, ya que según el acuerdo, la extracción tendría una duración de 70 años con regalías del tres por ciento para la región donde se encuentra el mineral.
Villegas indica que este acuerdo se estaba haciendo con una empresa junior, es decir, una compañía que se adjudica una mina para luego venderla a otra compañía de capitales más grandes. “Esta empresa se había formado siete meses antes de firmar el contrato y apenas cuenta con 20 empleados”, asegura.
Los proyectos de explotación de hidrocarburos también tuvieron protagonismo durante el 2019. Las protestas para detener la explotación petrolera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía se dieron en febrero.
Las comunidades que habitan en la reserva se oponían al ingreso de la empresa Petrobras que en el 2018 consiguió tres contratos de exploración y explotación en las zonas de San Telmo Norte y Astillero.
“Son muchos los intereses sobre los pueblos indígenas y las áreas naturales protegidas que tienen que ver con los recursos mineros y petroleros”, dice el líder indígena Alex Villca de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígena, Originario, Campesino y Áreas Protegidas (Contiocap).
Por ahora, el proyecto de Tariquía ha quedado en compás de espera según el anuncio que hizo el gobierno de Janine Áñez.
Este año, una historia de vida y protección de especies giró alrededor de dos ranas: Romeo y Julieta, una pareja de la especie Telmatobius yuracare que está en peligro de extinción.
La dupla se hizo famosa luego de que científicos del Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny encontraran a la hembra, a quien bautizaron como Julieta, pues hasta el momento de su hallazgo Romeo era el único individuo vivo de su especie en cautiverio y, en diez años, no se había visto otra en los bosques nubosos de Bolivia.
Más allá de toda la historia romántica que se organizó alrededor de estos dos animales, lo interesante han sido los esfuerzos que realizan científicos y ambientalistas en Bolivia para evitar la extinción de muchas especies.
La paraba frente roja (Ara rubrogenys) es otra especie en riesgo de extinción en Bolivia. Actualmente, varios proyectos se realizan para rescatarla y evitar su desaparición.
El Proyecto Paraba Frente Roja es una alianza entre la Fundación para la Investigación y la Conservación de los loros en Bolivia y los gobiernos municipales de Comarapa y Saipina, en Santa Cruz.
Las comunidades de Anamal y Las Juntas, en Comarapa, ya se han unido a este propósito a través de un convenio con las autoridades. Su compromiso es no aumentar la cantidad de mascotas silvestres, reforestar las riberas de los ríos y no talar los árboles que sean útiles para la paraba frente roja.
Existen, además, reservas creadas con el propósito de albergar a esta especie. El Área Natural de Manejo Integrado municipal de Lagarpampa-Mollepampa, en Chuquisaca; la Reserva Natural Comunitaria Paraba Frente Roja y el Área Protegida Municipal Jardín de las Cactáceas, en Santa Cruz, también son dos refugios para estos animales.
La población de la paraba frente roja se calcula en 800 individuos en todo el país, pero los esfuerzos que se están haciendo podrían conseguir que este número aumente.
*Imagen principal: devastación en la Chiquitanía. Foto: Fundación Nativa.
