Los hechos se sucedieron en los departamentos de Huila, Putumayo y Chocó durante los últimos tres días. A pesar de los reclamos durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque, las muertes de referentes y referentas sociales e indígenas no cesan en el país.
La violencia contra comunidades indígenas y líderes y lideresas sociales no se detiene en Colombia. Este jueves, en el departamento de Putumayo fueron asesinados los líderes sociales Emilio Campaña y Carlos Alonso Quintero. Mientras que el miércoles fue asesinada Mireya Hernández Guevara en Huila y el guardia indígena Anuar Rojas Isaramá en el Chocó.
Horas después del asesinato de Gloria Ocampo, secretaria de la Junta de Acción Comunal de Putumayo, Quintero fue acribillado frente a su esposa en su casa y Campaña fue muerto en límites de los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Caycedo.
La Red de Derechos Humanos del Putumayo solicitó a Carlos Chindoy, defensor del pueblo de esa región, que se activen los protocolos de protección pertinentes para alertar sobre “la grave crisis humanitaria que vive el municipio de Puerto Guzmán”. Además, solicitó al Gobierno Nacional garantizar la vida de los líderes sociales amenazados.
En el caso de Hernández Guevara, fue abordada por hombres armados quienes le dispararon en reiteradas ocasiones mientras viajaba en moto junto a su esposo. Inmediatamente fue trasladada a un centro de salud de la región donde llegó sin signos vitales.
En tanto que el secretario de gobierno de Algeciras, Juan de Jesús Romero, aseguró que “se procederá a una reunión de primera hora con las autoridades locales para realizar el rastreo de los hechos presentados.”
Finalmente el guardia indígena Rojas Isaramá, perteneciente a la comunidad Embera Jagua, fue asesinado en una zona de intenso tráfico de droga que se encuentra disputada entre organizaciones criminales y la guerrilla. Tenía 29 años y no se conocían amenazas de muerte en su contra.
“Rechazamos asesinato del guardia indígena Anuar Rojas Isaramá en Agua Blanca, Nuquí, Chocó. Solicitamos su esclarecimiento”, exigió el titular de la Defensoría del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en su cuenta Twitter.
A raíz del asesinato, la Defensoría del Pueblo territorial Chocó registró el desplazamiento forzado de 123 personas que conforman 28 familias. Los desplazados se dirigían a la cabecera del municipio de Nuquí.
“Ya se desplazaron 80 indígenas y están esperando que llegue la comunidad completa para venir aquí al pueblo. Una comisión de la Defensoría, el inspector municipal y el personero salieron para el resguardo a atender la situación”, declaró el alcalde de Nuquí, Jeffer Gamboa.
