El día de hoy 12 de noviembre de 2019, se llevo a cabo la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, denominada Violencia y situación de los pueblos indígenas del departamento del Cauca, en la ciudad de Quito Ecuador.
Esta audiencia contó con la participación de cuatro comisionadas de la CIDH, representación del consejo regional indígena del Cauca CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN y delegados y delegadas del gobierno colombiano.
El Consejo regional indígena del Cauca, expuso ante la CIDH la situación de alto riesgo en el que se encuentran los diferentes pueblos indígenas que hacen parte del CRIC a causa de los actores armados (legales e ilegales) que hay en los territorios, donde han asesinado a líderes, comuneros y guardias indígenas que vienen dando cumplimiento al ejercicio de control territorial y defensa de la vida.
Los representantes de los pueblos indígenas fueron enfáticos en denunciar que, durante lo corrido de este año, en el departamento del Cauca se han registrado: 68 asesinatos, 179 amenazas, 15 atentados, 15 masacres, 7 acciones armadas en el Territorio, 6 hostigamientos, 6 reclutamientos forzados de menores por actores armados ilegales y hay por lo menos 200 menores en riesgo de reclutamiento que son acompañados por las estrategias de prevención de la ACIN y el CRIC.
Las amenazas individuales se incrementaron en 2019 en un 300% con respecto al año anterior – tan solo en el norte del Cauca se presentaron 79 amenazas. Asimismo, se ha incrementado en un 100%, las amenazas colectivas en contra de las comunidades, estructuras locales y organizaciones zonales y regionales.
Lastimosamente, estas amenazas se han materializado. Gran parte de los homicidios son selectivos en contra de integrantes y líderes de los procesos político-organizativos. Solo durante 2019, han sido asesinadas 15 autoridades ancestrales y Guardias Indígenas del Pueblo Nasa, en el norte del Cauca y Tierradentro.
Igualmente se rechazó la propuesta estatal de militarización de los territorios, puesto que no da garantías de protección, ni es la solución para la violencia, ni ha prevenido el narcotráfico, los asesinatos y las masacres. Por el contrario, se ha consolidado como un factor adicional de riesgo en contra de nuestra integridad, tranquilidad y subsistencia física y cultural.
Es de conocimiento del pueblo colombiano que la fuerza pública ha sido cómplice de asesinatos, amenazas y ha agredido física y verbalmente a integrantes de nuestro movimiento indígena.
Se dejo claro que las comunidades tenemos nuestro ejercicio de control territorial, el cual se hace a través de la guardia indígena, quien ha implementado diferentes estrategias para salvaguardar la vida y el territorio y a su vez se exigió respeto al Territorio Ancestral de los Pueblos Indígenas, la Autonomía, el Gobierno Propio, las Autoridades, la Jurisdicción Especial y demás ejercicios de autoprotección.
Posterior a la intervención del consejo regional indígena del Cauca CRIC, el gobierno nacional manifestó una preocupación frente a los asesinatos que han venido ocurriendo en el departamento del Cauca, el crecimiento de cultivos de uso ilícito y la minería ilegal (siendo estos dos últimos la razón por la que nos están asesinando) y con ello justificando la militarización de los territorios.
El Estado desde su enfoque de seguridad, ha propuesto la coordinación entre la Fuerza Pública, las autoridades y la guardia indígena, en contravía de la visión de protección de los Pueblos Indígena. La ocupación del territorio significa que nuestra población sea sometida por cualquier bando, avalando así la persecución y el asesinato de nuestra Guardia que se opone al control de esos actores sobre el territorio ancestral. Para nosotros los pueblos indígenas, la defensa de la vida es estar en armonía con la naturaleza, por tanto, la guerra, el conflicto armado y la violencia, son indicadores de desarmonía con el entorno natural. Por eso hemos dicho que los actores armados tanto legales como ilegales deben salir de nuestros territorios porque su presencia no garantiza el cuidado y equilibrio de la madre tierra.
Una de las comisionadas de la CIDH durante la audiencia y tras las intervenciones, dijo: “ha habido un aumento de asesinatos a lideres y lideresas indígenas, es preocupante y tiene que parar».
La estrategia de poner más policías o poner mas militares no ha dado resultados, hay grupos ilegales que han llegado al territorio y están haciendo de las suyas.
Esta claro que los indígenas no se sienten protegidos con la llegada de fuerzas militares, ellos quedan en medio de una guerra, entre los militares y los grupos armados.
Llego el momento de buscar mecanismos innovadores, de confiar en los pueblos indígenas y su ejercicio de cuidar el territorio. Mi llamado es a explorar alternativas posibles.”
Como era de esperarse la respuesta del gobierno, en cabeza de Alejandro Ordoñez, embajador de Colombia ante la OEA, fue: “Frente a esas ideas de no militarización: Constatamos con preocupación que la comisión solicite al estado administrar de determinada forma la disposición interna y soberana de su fuerza pública.
La causa del problema no es la fuerza pública, no es el estado, es el narcotráfico, es la minería ilegal; vale la pena advertir que someter a los colombianos, a riesgo de enfrentar al narcotráfico, a los actores criminales es renunciar a una idea constitucional de defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos y el estado no va a renunciar a eso.”
Tras concluir la audiencia, la CIDH en un comunicado público “condena enérgicamente los ataques y asesinatos contra personas, autoridades y miembros de la Guardia Indígena, en Colombia e insta al Estado a tener en cuenta al momento de tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según la cual los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.
Finalmente, la CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes del Cauca por medio de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, y en particular de quienes integran el pueblo indígena en línea con lo establecido en la sentencia T-030 de la Corte Constitucional Colombiana.” Comunicado:http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/292.asp
Los pueblos indígenas filiales al Consejo Regional Indígena del Cauca nos mantenemos firmes en la no militarización de nuestros espacios de vida, en fortalecer la guardia indígena y su ejercicio de control territorial. Tenemos la convicción de que nuestra lucha es con la palabra y con ella seguiremos caminando en la defensa de nuestro gran territorio CRIC.
