Asesinato de María Esther Riveros continua impune a cuatro meses del hecho.
Pasaron 4 meses de aquel 11 de marzo cuando en plena tarde de sábado un sicario acabó con la vida de María Esther Riveros, vecina del Asentamiento San Juan de Puente Khyja, tres balazos de un hombre desconocido que llegó al lugar en una moto. El Asentamiento es parte de un territorio en disputa entre pequeños productores campesinos que ocupan el lugar, y supuestos propietarios de las tierras que pretenden entregarlas a sojeros brasileños.
María Esther Riveros era prima de Máxima Segovia, la principal dirigente de la Comisión Mujer Paraguaya San Juan Poty, una de las organizaciones que había logrado congregar a las familias campesinas para luchar por un pedazo de tierra. Máxima no estaba en su casa ese día porque se encontraba camino a una reunión con autoridades en el marco de la lucha que llevaban adelante y donde estaban próximos a conseguir que les sean entregados nuevos títulos de propiedad sobre los lotes que ocupan; María Esther fue asesinada frente a la casa de su prima.
Hasta el momento el Fiscal Christian Bartomeu, encargado de la causa, no ha dado con los autores materiales ni intelectuales del crimen. Según varias versiones, el propio intendente del distrito de Puente Khyja estaría involucrado en el hecho ya que los lotes ocupados por las integrantes de la Comisión permanecen irregularmente en poder de la familia del Intendente.
Al principio, Bartomeu dijo que llamaría a declarar al jefe comunal debido a las denuncias realizadas por Máxima, sin embargo esto no ocurrió hasta el momento debido a que el fiscal señala que no cuenta con pruebas para llamarlo a declarar. El representante del Ministerio Público expresó que ya fueron identificados los autores materiales del crimen pero los mismos no fueron capturados.
Impunidad
Según el Informe Chokokue entre los años 1989 y 2013, en el marco de la lucha por la tierra 115 campesinos fueron asesinados, desde entonces hasta la fecha se suman otros seis asesinatos. La muerte violenta de María Ester es la número 122 de esa extensa masacre de dirigentes y militantes. Canindeyú es el Departamento con mayor número de campesinos muertos en defensa de su territorio, se registran 27 asesinatos. En la misma Colonia San Juan, dos dirigentes habían sido asesinados durante la lucha por la conquista de esas tierras; Rafael Pérez Roa en 1994, y Gregorio González Villalba en 1996, fueron victimas de la misma violencia de “civiles armados”.
Según señala el informe antes nombrado respecto a los asesinatos de dirigentes campesinos “estos atentados fueron planificados y tuvieron la coherencia de una finalidad política. Se perpetraron en el contexto de un plan general de ataque sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios, este plan sistemático se articula entre terratenientes e intereses corporativos ligados a los agronegocios que, aliados con líderes políticos tradicionales, mantienen capturado al Estado, sirviéndose del mismo y utilizando sus medios de represión para perpetrar estos crímenes y garantizarse impunidad”. El informe agrega que de 91 causas abiertas por crímenes contra luchadores por la tierra, solo 8 acabaron con condenas parciales a responsables materiales y en ningún caso fueron detenidos los responsables intelectuales de los crímenes.
