Inversores apuestan por la sensible región donde la ganadería crece en un ritmo tan intenso como la deforestación ilegal y las denuncias de trabajo indígena en condiciones de esclavitud.

Es en los bosques áridos del Chaco, con una rica biodiversidad que resiste al calor intenso y a la escasez de agua, donde el gobierno paraguayo pretende consolidar a su país como carnicería del mundo. Potenciada por inversores brasileños, la agenda de Estado a largo plazo fue impulsada por el presidente, ya en fin de mandato, Horacio Cartes –un importante ganadero en ese bioma que comprende más de la mitad del territorio del país–. En el trascurrir de la próxima década, la meta es constituir un rebaño de 20 millones de cabezas de ganado, el triple de la población paraguaya.

El capital brasileño es crucial en ese proceso, tanto el de la industria frigorífica, como el de los ganaderos atraídos por tierras baratas. Para hacerse una idea de esa influencia en la economía vecina, los dos más grandes mataderos activos en Paraguay y responsables de casi el 70% de las ventas internacionales de carne bovina, son de origen brasileño.

A pesar de la preocupación de  las organizaciones ambientalistas e indigenistas, las grandes inversiones indican que la industria brasileña de la carne se ha ido al Chaco para quedarse. Con sede en Barretos, interior de la provincia de São Paulo, el grupo Minerva –que en 2013 negoció una inyección de US$ 85 millones por la IFC (International Finance Corporation), un brazo del Banco Mundial, para impulsar sus negocios en Paraguay– ahora es líder de mercado, seguido por Frigorífico Concepción, controlado por el también brasileño Jair Antonio de Lima.

En 2017, Minerva batió record de facturación con R$ 12,1 mil millones. Estas cifras se deben en parte a la compra, en julio del año pasado, de nueve unidades de la empresa JBS, la más grande procesadora de proteína animal del mundo, ubicadas en Argentina, Uruguay y Paraguay. Hace cinco años que Minerva amplía sus proveedores y adquiere mataderos en Sudamérica. En junio pasado, el mercado se agitó con los rumores sobre una posible fusión con otro gigante nacional del sector de carnes, la BRF, dueña de las marcas Sadia y Perdigão, que hasta el momento no ha sido confirmada.

El negocio de ganado en Paraguay crece a una velocidad tan alta como los datos de deforestación ilegal y las denuncias sobre trabajo forzado de indígenas y niños. Por eso, al gobierno local y al sector productivo se les presiona cada vez más a mirar con cuidado al Chaco, porción occidental paraguaya en donde la ganadería se viene expandiendo en lo últimos años. Aunque ocupe casi 60% del territorio paraguayo, lo equivalente a la provincia de São Paulo, el Chaco concentra solamente 3% del total de habitantes.

“El Chaco es hoy la ecorregión que sufre la mayor deforestación en el mundo”, explica Alberto Yanosky, director-ejecutivo de la organización ambientalista Guyra. “Estamos derrumbando bosques nativos para producir carne”, completa.

En noviembre del año pasado, la deforestación llegó a su culmen, ya que a lo largo del mes una impresionante media de 2 mil hectáreas de vegetación nativa se deforestó a diario –lo que equivaldría a 2.600 campos del estadio Maracanã–. De acuerdo con el monitoreo por satélite realizado por Guyra, al menos un tercio del Chaco ya se convirtió en pastizal para alimentar la mitad de todo el rebaño bovino paraguayo.

En el ámbito laboral, las noticias tampoco son esperanzadoras esperanzadoras. Está previsto para septiembre el lanzamiento de un esperado informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre trabajo forzado y esclavitud por endeudamiento de las comunidades indígenas en la región. Además, las recurrentes denuncias de sindicatos y movimientos sociales, y las escasas inspecciones laborales realizadas hace poco provocaron una alerta.

“Las autoridades siempre quisieron ocultar esas deficiencias”, critica Melanio Morel, director de la central sindical CUT-Auténtica. “El Ministerio de Trabajo no toma medidas específicas para solucionar el problema”, agrega.

“El Chaco es hoy la ecorregión que sufre la mayor deforestación en el mundo”, explica Alberto Yanosky, director-ejecutivo de la organización ambientalista Guyra

El hecho es que la primera fiscalización de la historia del Chaco que encontró indígenas en condiciones de trabajo forzoso ocurrió apenas en noviembre de 2016. Se encontró a un grupo de 35 indígenas produciendo carbón vegetal en condiciones inhumanas en una estancia ganadera en Boquerón, al norte del país. En un ambiente en que la temperatura llega a los 50 grados, los trabajadores no tenían acceso a agua para beber y fueron rescatados después de que fuera enviado un pedido de socorro al Ministerio Público (MP) de Paraguay.

“No puedo afirmar que eso pasa en todas las haciendas del Chaco. Pero cuando hay una denuncia y se investiga, eso es lo que encontramos”, dice Teresa Martínez, procuradora del Ministerio Público responsable del rescate de los 35 trabajadores.

Esclavitud

Ubicada a 450 kilómetros de la capital Asunción, Filadelfia es la puerta de entrada para el Chaco. La ciudad se fundó hace casi 90 años por colonos menonitas, cristianos protestantes que migraron de Europa y se establecieron en la parte occidental de Paraguay. Abriga la sede de una de las tres cooperativas menonitas que mueven la economía –con frigoríficos, lácteos y curtiduría– y generan el mayor porcentaje de empleos del Chaco.

En marzo de este año, el Ministerio de Trabajo paraguayo inauguró una oficina en el centro de Filadelfia para recibir especialmente reclamaciones de indígenas que trabajan en las estancias ganaderas de la región. La responsable es Erundina Gómez, indígena cuyo padre “trabajó 20 años en una hacienda, pero nunca le pagaron nada”.

“Los indígenas ganan poco, trabajan mucho, comen poco, no duermen bien. Falta agua. Eso pasa en todas partes. Y todo el mundo lo sabe”, resume líder comunitario Guarani-Ñadeva

Según Erundina, el puesto no dispone de medios y tampoco de autonomía para averiguar in situ posibles irregularidades, ya que en Paraguay los fiscales de gobierno solo pueden entrar en las propiedades rurales bajo orden judicial. Así, el trabajador no solamente tiene que ir a la oficina de Filadelfia para registrar su queja, sino también entregarle a su patrón la notificación oficial que lo convoca a presentar aclaraciones.

“El Ministerio no invirtió nada [en esta oficina]”, critica Erundina. “Tengo que imprimir los papeles en otro lugar”.

Repórter Brasil habló con algunos indígenas, y su queja más frecuente fue los bajos sueldos, invariablemente inferiores al salario mínimo establecido por la ley. Es común que servicios temporales, como limpieza de pastos y construcción de cercas, sean ofrecidos por “contratistas” –intermediarios que suelen adelantar dinero a los indígenas y cobrar después de que terminen el trabajo–.

“El contratista cobra todo: botas, ropas, comida. Todo es por cuenta del trabajador”, resume Isabelino Bogado, líder comunitario Guarani-Ñadeva. “Los indígenas ganan poco, trabajan mucho, comen poco, no duermen bien. Falta agua. Eso pasa en todas partes. Y todo el mundo lo sabe”, afirma. En las comunidades indígenas alrededor de Filadelfia, las quejas recaen principalmente sobre los colonos menonitas, cuya mayoría se dedica a la ganadería.

Patrick Friesen, gerente de comunicación de la cooperativa menonita Chortitzer, localizada en una ciudad vecina de Filadelfia, garantiza que sus 6.500 socios son instruidos para operar de acuerdo con la legislación laboral. La cooperativa es dueña de Trébol, la marca de productos lácteos más popular de Paraguay, y también controla Frigo Chorti. Es el único matadero instalado en el Chaco, ya que la mayoría de los frigoríficos activos en Paraguay están en las inmediaciones de Asunción.

“El Chaco es muy grande. Esta región puede ser completamente distinta de otra ubicada a 400 kilómetros, donde un empresario puede emplear gente en su tierra haciéndola trabajar de manera forzada o sin el pago adecuado”, dice Friesen.

“Algunos estaban con colchones en el piso, otros dormían sobre maderas. Ellos ponían una lona entre los árboles para protegerse del sol”, describe Teresa Martínez, del Ministerio Público

En el extremo norte del país, próximo a la frontera con Bolivia, lejos de los más importantes núcleos urbanos del Chaco, fue donde las autoridades paraguayas, en noviembre de 2016, hicieron el primer rescate de trabajadores en condiciones de esclavitud. Pero el propietario de la estancia, de donde se liberó a 35, era un colono menonita asociado a Chortitzer, que fue condenado judicialmente por el crimen de tráfico de personas.

“Las condiciones eran muy precarias. Algunos estaban con colchones en el piso, otros dormían sobre maderas. Ellos ponían una lona entre los árboles para protegerse del sol”, describe Teresa Martínez, del Ministerio Público, que coordinó la operación. “Tendrían que trabajar seis meses, pero con tres ya no aguantaban más, porque provenían de otra localidad, de aquí de la región Oriental, y no se habituaron al clima pesado del Chaco y a la falta de agua”, completa.

Los trabajadores eran indígenas del pueblo Ache, reclutados en su comunidad natal, a 800 kilómetros de distancia de la hacienda donde fueron encontrados llenando hornos de carbón con troncos de árboles nativos, etapa que generalmente antecede la formación de pastos para la ganadería.

Meses después de esta operación cerca de la frontera con Bolivia, una segunda fiscalización encontró adolescentes en condiciones inhumanas también en la producción de carbón. La procuradora Teresa Martínez no duda en puntuar que, si se realizan más acciones, nuevos casos de trabajo esclavo saldrán a la luz. “Las cosas no están cambiando. Y deberían cambiar”, reconoce.

Inversión de riesgo

Si las propiedades de los colonos menonitas históricamente establecidos en el Chaco en su mayoría son medianas, con cerca de 400 hectáreas, los ganaderos brasileños que invierten en la región, adquieren estancias con áreas hasta 30 veces superiores.

Además de los menonitas y de los inversores brasileños, la región también atrae ganaderos de Argentina y Uruguay. “El precio de la tierra en el Chaco subió 4.000% en la última década”, constata Alberto Yanosky, director-ejecutivo de Guyra. “Nosotros aseguramos una unidad de conservación hace diez años y pagamos US$ 20 la hectárea [equivalente a 10 mil metros cuadrados]. Hoy, esa misma tierra es negociada a US$ 800 la hectárea”, compara el ambientalista.

El boom de la ganadería en el Chaco llamó la atención de la Agencia Internacional para el Desarrollo del gobierno estadounidense (USAID, en la sigla en inglés). El año pasado, el órgano publicó una extensa relatoría sobre los impactos socio-ambientales de la inversión de US$ 85 millones que el Banco Mundial, por medio del IFC, hizo en la compañía brasileña Minerva en mayo de 2013 para impulsar sus actividades en Paraguay.  “Grandes exportadores de carne bovina, como Minerva, operan bajo rígidos controles sanitarios”, afirma el relato de la USAID. Sin embargo, “la aplicación de criterios ambientales y sociales en la gestión de la cadena de proveedores es prácticamente inexistente”. La publicación resalta que la inversión en Minerva se encuadró en la categoría de riesgo A –la más alta, según los parámetros de la propia IFC–. Entre los potenciales impactos negativos, se destacan justamente el incremento de la devastación ambiental, el aumento de los casos de trabajo forzado y el avance de la ganadería en tierras indígenas.

Pasados cuatro años desde la aprobación del financiamiento del IFC, los técnicos USAID analizan que aún faltan mecanismos concretos para garantizar que el ganado comprado de productores en el Chaco no haya pastado en áreas deforestadas irregularmente y que trabajadores indígenas no sean sometidos a condiciones de esclavitud.

Al mismo ritmo que se intensifican las ventas internacionales, crece la presión para mejorar la “trazabilidad” de la carne del Chaco. “Somos conscientes de que el comprador mundial quiere conocer y estar seguro de la legitimidad de su producto”, afirma Patrick Friesen, gerente de la cooperativa menonita que controla Frigo Chorti, tercer mayor exportador paraguayo. “Pero tenemos que saber que la marca Paraguay no está solamente en las manos del sector privado, sino también del gobierno”, añade.

Repórter Brasil envió una serie de preguntas a Minerva sobre sus operaciones en Paraguay, cuestionando si la empresa había adquirido ganado de productores sancionados por trabajo forzado en el Chaco. Por medio de su asesoría de prensa Minerva contestó que no se pronunciaría sobre el tema.

Este reportaje fue realizado con apoyo de la Ituc (International Trade Union Confederation)