En el autobús, en el hospital, en cualquier calle de Asunción y en las estancias rurales de Paraguay la población indígena sufre discriminación. Unas 120.000 personas se reconocen como integrantes de pueblos originarios en Paraguay. El 76 % vive en situación de pobreza extrema, según el último censo, de 2012, y el Instituto Indígena del país.
Bernarda Pessoa estuvo a punto de parir a su primer hijo en el suelo de la sala de espera del hospital de Villa Hayes, ciudad capital del departamento de Presidente Hayes, a unos 50 kilometros de Asunción. Tenía 18 años y llevaba más de cuatro horas esperando a ser atendida. Sentada de la mano de su madre, con una sábana y la ropa para su bebé como único equipaje, fue ignorada durante diez horas por los médicos y enfermeros.
Solo cuando —rendida de sueño— empezó a sollozar, fue trasladada a una habitación privada, recuerda Pessoa. Su madre pasó toda la noche en una silla. Tampoco le dieron comida y tuvieron que pagar los medicamentos necesarios durante el tiempo que estuvo ingresada. Pessoa asegura que los médicos asumían que ella, por ser indígena, no hablaría español, por lo que evitaban comunicarse y enviaban a enfermeras a hablarle en guaraní. “Sabemos trabajar, estudiar y hablar igual que ellos, pero igual nos discriminan”, dice Pessoa.
Nacida en una comunidad indígena rural del Chaco, lleva desde los 19 años militando por los derechos de su pueblo y, en especial, por los de las mujeres. A sus 35, madre de cinco hijos, preside la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay (Conamuri) y lidera la comunidad Santa Rosa del pueblo qom, a unos 47 kilómetros de Asunción.
Pessoa creció y fue a la escuela de su comunidad hablando qom hasta que, a los 15 años, comenzó a trabajar como empleada doméstica en casas de Asunción. En ellas aprendió español y guaraní. “Paraguay es un país muy discriminador. Es una sociedad que no reconoce todavía a los pueblos indígenas y, especialmente, a sus lenguas. En las escuelas todavía no se enseña nuestro idioma, solo el guaraní, el español y el inglés. Ni siquiera está en libros de texto", denuncia.
Pessoa destaca que el transporte público es el segundo lugar donde más discriminación siente. Está acostumbrada a que la mayoría de la gente no quiera acercarse a ella en el autobús y a que la señalen y se rían si habla su idioma nativo con otra mujer. “Solo se sientan junto a mí cuando no les queda más remedio, la sociedad paraguaya no quiere juntarse con nosotros”, dice Pessoa.
La activista destaca que la discriminación “empieza en el Estado” y se contagia a las políticas públicas y a la sociedad en forma de esos episodios cotidianos “porque se asume con normalidad ser marginado por tener rasgos indígenas, por vestirse diferente, por el color de la piel o el idioma que se usa”.
En Paraguay no hay intendentes, gobernadores, diputados o senadores indígenas, ni siquiera el estatal Instituto Nacional del Indígena (INDI) está presidido por un miembro de un pueblo originario. “No basta con que cuenten con nuestra participación el día del voto, tienen que dejarnos tener participación política del Estado, pero los partidos tradicionales lo evitan con todas sus fuerzas”, denuncia Pessoa, quien pide apoyo para la aprobación de una ley contra toda forma de discriminación en el Parlamento. “No solo los pueblos indígenas necesitan esa normativa, todo Paraguay la necesita: los jóvenes, las personas con discapacidad, los ancianos, las empleadas domésticas, el campesinado... Todos dependemos de esa ley”.
Paraguay es el único país del Cono Sur que no posee una ley contra toda forma de discriminación. El caso más extremo de desprecio a las propias raíces fue el del pueblo aché, que sufrió una campaña de exterminio promovida por la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989) en la década de 1970. Según el último censo, que data de 2012, su población disminuyó más del 60% en menos de cinco años debido al desalojo forzoso de sus tierras ancestrales, la falta de atención médica y la venta de sus niños para el trabajo doméstico.
Amnistía Internacional recuerda que los pueblos indígenas siguen sin tener acceso a sus tierras ancestrales en Paraguay, según su último informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo.
FUENTE: EL PAÍS
