Un horizonte de desalojos comunitarios que dejaría chiquito el episodio de Esquel. Un infierno de operativos contra poblaciones indígenas en todo el país. Una victoria de la Gendarmería y las policías bravas de las provincias por sobre la negociación política y la paciencia. Ése podría ser el tono de este fin de año si el Congreso continúa dando signos de que busca prorrogar una ley de emergencia aprobada por primera vez en 2006. La norma promueve el relevamiento de los puntos de conflicto y, mientras tanto, suspende el desalojo de comunidades donde se agrupan las 955.032 personas que en el censo de 2010 se reconocieron a sí mismas como indígenas.
La ley es la 26.160 e interesa tanto a los pueblos originarios como a los propietarios de tierras con potencialidad para grandes emprendimientos turísticos, agrícolas o mineros. El primer artículo establece que se declara la emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”. Se prorrogó en el 2009 y luego en el 2013. Vence el 23 de noviembre próximo. Dice el artículo 2: “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1”.
En términos parlamentarios, el 23 de noviembre es hoy. El tratamiento de la prórroga ya se cayó en la última reunión de la comisión de labor parlamentaria del Senado, que agrupa a los presidentes de los bloques. Puede ser que el Congreso esté bajo el coma inducido por la campaña electoral con vistas a las parlamentarias del 22 de octubre. Puede ser que el Gobierno quiera el fin de al emergencia. Puede ser que algunos gobernadores, sobre todo de la Patagonia, deseen lo mismo que el Gobierno. O puede ser todo lo contrario y que un día, de golpe, el Congreso despierte y alcance a evitar el choque. Lo cierto es que hasta hoy la prórroga duerme. Y que poderosos grupos privados están conformes con la somnolencia. La quieren definitiva y eterna.
Propiedad
Javier Esteban López de Zavalía firmó en la plataforma www.change.org <http://www.change.org> una petición llamada “No prorroguen suspensión de desalojos de falsos indígenas”. Lo apoyan otras 1233 personas. López de Zavalía es un tucumano que se define así: “Soy abogado, dedicado al derecho civil, enemigo de los privilegios injustificados, contrario a la discriminación positiva, que muchas veces genera nuevos privilegios”. Discriminación positiva es, por ejemplo, establecer cuotas mínimas para el ingreso de discapacitados al Estado argentino, o para mujeres a las universidades norteamericanas, o para negros en los centros de estudio de Brasil.
Uno de los apoyos de la petición de López de Zavalía surgió de la influyente Victoria Villarruel, fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Villarruel también suele autodefinirse sin vueltas. Dijo a La Nación el 25 de abril de 2010 que “la expresión ‘terrorismo de Estado’ no sólo es desafortunada, sino también confusa”. Para ella, “el terrorismo de Estado es una categoría política, que crea un terrorismo mayor que oculta y opaca las acciones del propio terrorismo”.
Según los peticionantes la ley no debe ser prorrogada, entre otras razones, por las que siguen:
- “Permitió que grupos de oportunistas, que previa o simultáneamente se habían proclamado indígenas (...) usurparan terrenos de particulares, reclamando luego protección de la ley 26.160”.
- “Se ha socavado hasta lo indecible la garantía de la propiedad privada establecida constitucionalmente, con una inconstitucional ley que establece privilegios de sangre o nacionalidad incompatibles con las garantías y derechos establecidos en el núcleo duro y primigenio de la Constitución Nacional, en los artículos 16 y 17”.
- “Se ha fomentado y financiado el surgimiento de grupos separatistas, que realizan acciones violentas de usurpaciones, quemas de viviendas y otros daños, privación de la libertad, cortes de rutas, hurtos de ganado, amenazas de muerte, y que reclaman territorios e independencia para resucitadas o inventadas ‘nacionalidades’, como ocurre con la ‘Nación Mapuche’ y R.A.M. en el sur del territorio argentino, o bien ‘Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita’, como ocurre en el norte del territorio argentino”.
- “Y todo esto con el aval y el financiamiento de ONG extranjeras, por no suponer, directamente, de potencias extranjeras, que buscan fraccionar nuestro territorio”.
RAM es la sigla de Resistencia Ancestral Mapuche, un grupo radicalizado que a pesar de ser pequeño y de baja representatividad entre los pueblos originarios fue magnificado por el Gobierno nacional. Exagerar el poder de daño de RAM es una de las especialidades de un animador de televisión que todos los domingos desde Canal 13 se dedica a vulnerar a sectores ya vulnerados como chicos de Lanús o miembros de pueblos indígenas. Como los kurdos, una minoría étnica que se distribuye entre Irán, Irak, Turquía y Siria y dispone de milicias armadas, los mapuches de Chile y la Argentina tendrían de vanguardia armada a RAM y sus lanzadores de cascotes.
Santiago Maldonado, de 28 años, está desaparecido desde el 1 de agosto
Defensoría
Sin entrar en esta última polémica, las autoridades de la Defensoría General de la Nación ya aconsejaron prorrogar la 26.160. Lo hizo la propia defensora, Stella Maris Martínez. También el secretario letrado de la DGN y coordinador del Programa sobre Diversidad Cultural, Sebastián Tedeschi. “La desaparición de Santiago Maldonado se produjo en un contexto de hostilidad muy fuerte contra las comunidades indígenas de la zona”, dijo Tedeschi a este diario. “En lugar de alimentar ese contexto hay que cumplir la Constitución Nacional cuando reconoce la persistencia de los pueblos indígenas y manda a demarcar y titular la propiedad comunitaria.”
En la Convención Constituyente de 1994, la radical Elva Roulet, presidenta de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, propuso sumar el actual artículo 75 inciso 17 en reemplazo del artículo 67 inciso 15 de la vieja Constitución, que incluía entre las tareas del Congreso “proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”. El frepasista Carlos Chacho Álvarez sugirió aprobar el proyecto de Roulet por unanimidad, y así ocurrió. El artículo 75 dice que al Congreso le corresponde reconocer “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, lo mismo que garantizar “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad de las tierras que ocasionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Dice el texto que ninguna de esas tierras “será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. El final obliga al Congreso nacional y a las provincias a “asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales”.
“Al reconocer la situación de emergencia por la que atraviesan las comunidades, el Estado argentino ha elevado el estándar de protección de sus derechos”, opinó Tedeschi. “La pérdida de vigencia de la ley 26.160 implicaría un incumplimiento al principio de no regresividad en materia de derechos humanos”, dijo. En el derecho internacional de los derechos humanos está permitido avanzar pero no retroceder. El retroceso está penado. El Estado que incurra en una regresión puede ser responsabilizado ante la comunidad internacional.
La DGN brinda apoyo a todos los defensores federales del país para prestar asistencia jurídica y patrocinio (firma de abogado) a todos los pueblos indígenas que tengan casos en la Justicia federal o reclamos no satisfechos que quieran llevar al Poder Judicial.
También desarrolla campañas para difusión de estos derechos y brinda apoyo técnico para defensores provinciales y abogados particulares que llevan estos casos.
Pluralismo
La decisión sobre si prorrogar o no es un desafío para la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Claudio Avruj. No bien pasó de la ciudad a la Nación, con la asunción de Mauricio Macri el 10 de noviembre de 2015, Avruj extendió el nombre a la secretaría, que pasó a llamarse “Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural”. Allí funciona el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con Juan Cruz Testa de director de Tierras. Junto con el INAI trabaja el Consejo de Participación Indígena, que tiene como una de sus principales metas “promover la participación de las comunidades en el relevamiento de la ley 26.160”.
FUENTE:
