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Paraguay

La Fiscalía, a través del fiscal Andrés Arriola se estará constituyendo en Cuyabia, norte del Chaco paraguayo, para corroborar la denuncia hecha por el INDI, sobre delitos ambientales y violación de derechos que afectan a la comunidad Cuyabia. Esto será en los próximos días, según informó el Fiscal Andrés Arriola. 

Debido a denuncias presentadas, por los Ayoreo y por el INDI.

La anterior administración del INDI, en complicidad con una compradora y una escribana pública, llegó al extremo de vender la propiedad de 25.000 hectáreas, violando la misma carta magna de Paraguay. Hoy están a las puertas de un juicio oral y público por el delito penal de lesión de confianza contra el Estado paraguayo. 

El extitular del INDI, Rubén Darío Quesnel, soporta además el cargo de “abandono” por su desatención a la situación de los Ayoreo. “Hoy estamos igual que antes”, afirma Unine Cotamorajnai, “seguimos sin que el INDI nos dé el título y acá los ganaderos siguen entrando. Vamos a esperar hasta este martes al fiscal. Después ya vamos a tener que tomar otras medidas. Por favor que mis amigos les hagan llegar este mensaje a las autoridades y a la prensa”.

Un grupo indígena que reside desde tiempo inmemorial en una tierra en el Chaco paraguayo afronta la presión diaria de un estanciero que cuenta con el título de ese terreno y contra el que la Fiscalía ha abierto una investigación por genocidio.

La comunidad está dividida, pues una parte de las 22 familias vive dentro de la hacienda, llamada Santa María, y otros salieron por diversos motivos y los dueños ya no les dejan volver.

Marciana Antonia Galeano, de 34 años, salió un día a acompañar a sus hijos a la escuela que se encuentra a más de 15 kilómetros de la comunidad y nunca más pudo regresar.

La plataforma de mujeres rurales e indígenas acaba de cerrar su séptimo congreso en Asunción. En su pronunciamiento final advierte sobre un regreso hacia el autoritarismo y denuncia las políticas de despojo y expulsión del modelo extractivista. Se reafirma en la defensa de la soberanía y en perseguir el socialismo como horizonte. Llama a conformar un nuevo Congreso Democrático del Pueblo para frenar las políticas privatistas del gobierno, el arrasamiento de nuestra soberanía alimentaria y la violencia contra las mujeres.

Esta mañana la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas(Conamuri) cerró con una marcha por Asunción su séptimo congreso nacional, en su año 15 de existencia.

Más de 600 personas, primordialmente mujeres, intentaron llegar hasta Mburuvicha Róga para repudiar las políticas privatistas y de despojo del gobierno de Horacio Cartes, de acuerdo a la caracterización que realizaron las delegadas nacionales en estos tres días de debate político(18,19 y 20 de octubre).

Un latifundista ha expulsado a 22 familias campesinas, con apoyo policial, de un asentamiento ubicado en tierras estatales, aledañas a su estancia, una acción que refleja los abusos de algunos terratenientes en el país, según denunciaron los labriegos y un senador de la oposición.

El terreno pertenece al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), una entidad estatal, según dijo a Efe el senador Luis Alberto Wagner, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El dueño de la hacienda aledaña, Agustín Silvera, posee 146 hectáreas pero ha ido moviendo su alambrado y ha invadido las 150 hectáreas del Indert, según Wagner.

El pasado sábado dio un paso más, al enviar a sus empleados, acompañados del jefe policial de la zona, para expulsar a los campesinos del asentamiento, ubicado en el distrito de Guayaqui Cuá, en el departamento de Caaguazú, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.

El Gobierno paraguayo anunció hoy que comenzará los trámites de "inscripción preventiva" de tierras a nombre de la comunidad indígena Shaawoyamaxa como exige la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde 2006 para evitar que el hasta ahora propietario las ponga en venta.

El Gobierno paraguayo anunció hoy que comenzará los trámites de "inscripción preventiva" de tierras a nombre de la comunidad indígena Shaawoyamaxa como exige la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde 2006 para evitar que el hasta ahora propietario las ponga en venta.

Una semana después de que la Corte Suprema reafirmara la legalidad de la histórica ley de expropiación aprobada por el Congreso y por el presidente Horacio Cartes, el Instituto Nacional del Indígena (INDI) avisó que iniciará la transferencia de las 14.404 hectáreas que exige la sentencia de la CorteIDH.

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