Hace una semana, el profesor mexicano Carlos Rodríguez Wallenius realizó una estancia corta en la maestría de Desarrollo Rural del Postgrado del CIDES-UMSA. Aprovechamos su visita para intercambiar con él, algunos criterios sobre su ámbito de trabajo, realizamos un conversatorio el día 10 de octubre de 2019, en la ciudad de La Paz en oficinas del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica –IPDRS.
Proveniente de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, Actualmente es Coordinador de la Maestría en Sociedades Sustentables. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales y maestría en Desarrollo Rural por la misma universidad. Rodríguez nos mostró cómo se han desarrollado en México, los “modelos de despojo” en franca confrontación a la economía campesina. Puede afirmarse que el auge y “consenso” de las commodities determina la pauta de los conflictos socioterritoriales, es decir, de la disputa por la tierra y los recursos naturales.
Los modelos de despojo se refieren principalmente a actividades extractivas, que a su vez, encausan proyectos de infraestructura, referidos a la minería, al agua, plantaciones extensivas agrícolas, plantaciones forestales y por agrocombustibles, obras de infraestructura, exploración y explotación de hidrocarburos, fracking, y proyectos de turismo de enclave, entre otros. Un panorama bastante similar al que se vive en Sudamérica, con sus escaladas por las variaciones poblacionales, geográficas, y también, por las formas de resistencia campesina e indígena.
Según Rodríguez y su trabajo de investigación, existen en México 520 conflictos que implican el despojo de territorios, contaminación y destrucción de los recursos naturales. La causa de estos conflictos, son probablemente los modelos de plantación forestal y para agrocombustibles; es decir, eucalipto, teca, cedro americano, melina, jatropha, palma africana, entre otros. Esta dinámica trae consigo una “gobernanza del despojo” que incluye planes de promoción e inversión en cuestiones “sociales”, y por supuesto, la introducción de la idea de que estos proyectos implican el desarrollo para toda la sociedad. No obstante, lo que tangiblemente incluye es el monopolio de los recursos, el mercado de tierras, negociaciones en desventaja para campesinos e indígenas a cambio de subsidios, negociaciones por la comercialización de bonos de carbono, entre otros.
En el actual contexto, se están haciendo inversiones públicas importantes, por ejemplo, para el incentivo a la reforestación frutal. Sin embargo, no existen avances significativos en el desarrollo de mecanismos para la consulta previa, libre e informada a todos estos tipos de conflicto socioterritorial, de acuerdo a lo que estipulan los convenios y tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. A lo sumo, se hacen evaluaciones de impacto ambiental, subvencionados por las propias empresas transnacionales, que no arrojan recomendaciones que se articulen a las demandas o resistencias de las comunidades campesinas o indígenas.
En ese sentido, un hecho que podría ser un referente fue la consulta que se realizó sobre la construcción del Aeropuerto en la ciudad de México, y cuya negativa fue vinculante, no obstante, al enorme endeudamiento que el Estado asumió por las contrataciones y avance de dicho proyecto. Lo cierto es que estos conflictos, catalogados en observatorios globales y regionales, algunos emblematizados y ampliamente estudiados por diversos académicos, pero aún no se ha articulado la suficiente fuerza social para articular a quienes en verdad los resisten y confrontan, corporarlmente y territorialmente. Los campesinos e indígenas que disputan sus territorios y los recursos indígenas viven en una desventaja estructural, los impactos sociales, territoriales y ambientales de cada uno de estos conflictos, y el trabajo de promoción y responsabilidad social que realizan las corporaciones transnacionales, los fragmentan cada vez más.
