Los dirigentes representantes de siete millones y medio de agricultores de todo el país, organizados en la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, en el marco de nuestros derechos constitucionales, de la democracia y del Estado de Derecho reunidos el 09 de junio del 2009 en Magna Asamblea nos dirigimos al Presidente de la Republica, Dr. Alan García Pérez y le manifestamos:
1. Respaldamos categóricamente la reivindicación de los derechos constitucionales de nuestros hermanos indígenas y nativos de la amazonía peruana y la defensa de su derecho a la vida, a la libertad, a su cultura, a sus tierras y su medio ambiente, como partes indesligables de su identidad y existencia, que vienen siendo vulnerados por la imposición de leyes como son los Decretos Legislativos 1090,1064 y 994 que a todas luces son inconstitucionales; por lo cual EXIGIMOS SEAN DEROGADOS DE INMEDIATO y de esta manera poner fin al sufrimiento que vienen atravesando nuestros hermanos víctimas de esta cruenta guerra interna que tuvo como consecuencia la matanza ocurrida en Bagua el 05 de junio último.
2. Una vez más Gobierno Nacional ha envilecido y ensangrentado la democracia. Los crímenes contra los indígenas amazónicos y policías se suman a la larga lista de atrocidades como las ocurridas en el Frontón, Cayara, Putis, Los Cabitos, el cobarde asesinato de nuestros hermanoscampesinos en el paro agrario del 18 de febrero del 2008 y como siempre la impunidad reinante para el más poderoso.
3. Lo que podemos evidenciar es que existe una total INEFICIENCIA DEL GOBIERNO DE TURNO: para quien el diálogo no existe y busca beneficiar a los grandes grupos de poder económico, constituyéndose esto en el meollo de nuestra desgracia. Al respecto, en el Perú acorde a nuestra Constitución debería existir un Gobierno Democrático, sin embargo, la realidad es otra los peruanos que protestamos en la defensa legítima de nuestros derechos, venimos siendo perseguidos, amedrentados, calificados de terroristas y asesinados. Cabe citar las declaraciones hechas a la prensa por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH): “La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.
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