Ayer a la siesta una comitiva compuesta por la fiscal de Alto Paraná, siete patrulleras y dos vehículos de la fiscalía intentaron entrar al asentamiento campesino Primero de Marzo Joajú, en el distrito de Yvyra Rovana del departamento de Canindeyú, a 300 km de Asunción.

El asentamiento es ocupado desde 2012 por unas 330 familias campesinas de la Organización de Lucha por la Tierra(OLT), que reclaman que las tierras fueron entregadas de manera irregular a la familia empresaria Bendlin y exigen que sean recuperadas para beneficiarios de la reforma agraria.

Lidia Ruiz, vocera nacional de la OLT dijo que el asentamiento tiene acceso por los departamentos de Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná. Fue por éste último que la comitiva intentó entrar, pasando por el asentamiento campesino Santa Lucía y luego intentando pasar por la comunidad indígena Jukyry, cuyas familias lo impidieron.

En esta comunidad la comitiva requirió a las personas información sobre Primero de Marzo Joajú, sobre sus movimientos, salidas, cantidad de familias, sobre el tipo de relación entre ambas comunidades.

Ruiz recordó que hace una semana drones sobrevolaron la zona y que ahora pasa ésto, que la organización entiende como un amedrentamiento y probablemente una etapa previa a un desalojo más.

La dirigente explicó que tanto la Fiscalía como el Ministerio del interior tienen todos los datos sobre la dirigencia de la OLT para poder hacer las cosas de manera institucional, y cuestionó que se intenten acciones poco claras como la de ayer.

Dijo que las familias de Primero de Marzo Joajú están en asamblea permanente y que estarán expectantes de cualquier novedad, especialmente durante la semana santa.

Recordó que actualmente se desarrolla una campaña internacional a favor de las familias campesinas y contra un nuevo desalojo, que ya mostró apoyo de países como España, Francia, Brasil, Chile y distintos actores de la sociedad paraguaya.

Antecedentes de la tierra en disputa y del asentamiento

De acuerdo a los antecedentes que maneja la OLT, en 1969 la familia Bendlin fue beneficiada irregularmente con casi 4.500 hectáreas de tierras estatales a cambio de entregar al gobierno de Alfredo Stroessner una avioneta.

De acuerdo a las leyes agrarias vigentes, ningún empresario podía ser beneficiado con tierras estatales, siendo éstas exclusivas para la implementación de la reforma agraria de familias campesinas.

Desde 2012 la organización campesina realizó una ocupación, teniendo en cuenta el antecedente de propietarios irregulares de los Bendlin.

A partir de esto, realizó todos los procedimientos institucionales frente al Instituto de la Tierra(INDERT) para lograr una solución, sea la compra, expropiación o reubicación de la familias campesina a otras tierras del Estado.

En principio este órgano del Estado encaminó el proceso, pero luego le cerró toda puerta diciendo que no había dinero, sin presentar alternativas a la solución de los derechos en juego de las familias.

Desde entonces se registraron al menos tres desalojos contra el asentamiento, al menos uno de ellos encabezado por el entonces fiscal de Curuguaty, Jalil Rachid, que actualmente es viceministro de Seguridad y que antes tuviera una controversial actuación al frente de la causa de la masacre de Curuguaty.

De acuerdo al último censo agropecuario de 2008, en Paraguay el 2,6 de los propietarios concentra el 86% de todas las tierras agropecuarias del país, una concentración que pone a Paraguay como uno de los países más desiguales del planeta, de acuerdo al índice Gini.

Se calcula que alrededor de 300 mil familias campesinas no tienen tierra actualmente, y las que tienen, las ganaron casi exclusivamente a partir de ocupaciones de facto y de conquistas a apartir de luchas sociales, y no a través de políticas estatales, de acuerdo al analista e investigador Abel Areco.

Esas conquistas de tierras acumularon alrededor de 115 líderes campesinos asesinados desde 1989 a 2013, de acuerdo al Informe Chokokue II, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.

Artículo original disponible en: http://www.baseis.org.py/amedrentamiento-fiscal-al-asentamiento-primero-de-marzo-joaju-fue-frenada-por-comunidad-indigena/