De 8 millones de kg en 2009 pasó a importar 43 millones de kg en 2013, según un informe de Base de Investigaciones Sociales. Organizaciones de la sociedad civil acercaron el dato al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, que desde este 23 de febrero al 6 de marzo examinará a Paraguay en torno al derecho a la alimentación adecuada y otros.

El Comité desarrollará su 54° sesión en la ciudad de Ginebra (Suiza), donde se pondrá en evaluación a tres estados: Paraguay, Tajikistán y Gambia en varios aspectos, entre ellos el del derecho mencionado.

Además de los informes de los gobiernos, la sesión recibió informes alternativos de la sociedad civil.

Durante los primeros días de febrero Base Investigaciones Sociales (Base IS) acercó, a través de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), un informe sobre la situación del derecho a la alimentación y las acciones del Estado paraguayo en torno al mismo.

Aumento de agroquímicos

En el informe resaltan varios aspectos de la situación nacional, como el disparo de ingreso de agroquímicos al país. De importar 8.806.210 de kilos en 2009 pasó a importar 43.890.108 de kilos en 2013. Sólo en herbicidas se disparó de 6 millones de kg a 32 millones de kg, en el periodo analizado.

Falta de protección al derecho alimentario

El documento de Base Is tiene al derecho a la alimentación adecuada como eje y “habla básicamente de un Estado que no tiene la capacidad -o no le ha interesado montar la capacidad- de garantizar el derecho a la alimentación adecuada y otros derechos de la población”, informó la organización.

“Existe una estructura económica excluyente del país, que a la par que se extienden ciertas actividades como la ganadería y la soja mecanizada, desplazan a comunidades campesinas e indígenas, a las cuales deja sin tierras y por ende sin la posibilidad de contar con un espacio donde generar sus alimentos”, indicaron además.

En el ámbito de la inocuidad de los alimentos es probablemente donde más se reciente el derecho, aseguran. “Pues la arista principal del conflicto agrario en el país vienen siendo los problemas en torno a las fumigaciones masivas y sus consecuencias sobre distintos derechos”.

El otro tema es el acaparamiento de tierras, donde el informe habla que Paraguay tiene el índice más alto de concentración con un 0,93 o hasta 0,94 del índice Gini.

Recomendaciones al Estado

La otra parte fuerte de este informe alternativo habla del papel del Estado ante esta realidad, que antes de ser el garante de los derechos de la población, se ha venido convirtiendo en garante de las violaciones de estos derechos, al criminalizar y reprimir a las poblaciones movilizadas para reclamar sus distintos derechos.

La última parte del documento acerca, entre otras, recomendaciones para el Estado paraguayo, entre las que destaca la necesidad de que realice una encuesta nutricional a nivel nacional; ratifique el protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sancione una ley marco de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que organizaciones sociales presentaron en 2014. También pide una postura clara sobre programas estratégicos que protejan el derecho alimentario y la necesidad de una reforma agraria.

Por último, el escrito resalta la necesidad de implementar protocolos y políticas para atender y prevenir intoxicaciones en las comunidades, como un Comité Interinstitucional que investigue en escala nacional los efectos de los agroquímicos en la vida humana, el medio ambiente, las aguas.

Aumento de casos de cáncer

Una investigación del Hospital de Clínicas, encabezada por el doctor José Luis Insfrán, relacionó el aumento de casos leucemia, linfoma y otros tipos de cáncer, con el aumento del uso intensivo e indiscriminado de agrotóxicos en la agricultura mecanizada.