La defensa recusó de nuevo al tribunal argumentando que no garantizó las condiciones para una adecuada defensa: no aparecieron los traductores castellano-guaraní ni se facilitaron a tiempo los expedientes del caso al nuevo abogado Pablo Aguayo, sostuvo.

Esta mañana se reanudó el juicio por el controversial caso de la matanza de Curuguaty, pero volvió a suspenderse un poco más de una hora más tarde, luego de que el abogado Pablo Aguayo recusara al tribunal que entiende el caso.

Ahora la definición queda en manos de una Cámara de Apelaciones, que decidirá si los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero siguen o no en el proceso.

La jornada comenzó con el pedido del abogado Pablo Aguayo de que el tribunal dé permisos a Lucía Agüero,una de las acusadas por la fiscalía, para que acompañe a su hija de 10 años durante los análisis neurolingüísticos que se debe realizar, a lo que accedió el tribunal.

Después por secretaría se leyó el dictamen de la Corte Suprema, que declaró de inadmisible el recurso de nulidad que había pedido la defensa la semana pasada, para que se revise el dictamen de la Cámara de Apelaciones que confirmó en el caso al tribunal.

El abogado Pablo Aguayo reclamó que los asistentes del tribunal trabaron su acceso a los expedientes del caso y que recién ayer por la mañana le facilitaron y que parte de las copias estaban ilegibles. Por esto, el defensor pidió una reposición del plazo. También reclamó la ausencia de los traductores que habían pedido la semana pasada, pedido al que el tribunal accedió.

Después de una segunda pausa de la mañana el tribunal rechazó todos los reclamos y peticiones de Aguayo entorno al acceso a las copias, a la reposición de plazo y a los traductores en guaraní.

Sobre las copias, el tribunal dijo que Aguayo tuvo siete días para acceder e interiorizarse y aceptaron parcialmente que algunas páginas de las mismas eran ilegibles. Y que siempre las copias estuvieron a disposición solo que Aguayo no las retiró. Incluso que una secretaria del tribunal telefoneó a Aguayo para que las busque.

Sobre la reposición, en una exposición medio confusa, el tribunal habló de recurso de reposición y no de reposición de plazo. La terna dijo que se presentaba fuera de tiempo y por eso rechazaba.

Sobre los intérpretes castellano-guaraní, la respuesta del tribunal fue que elevó el pedido a la Corte Suprema y que ésta designó a una persona, que luego de su juramento se incorporaría al juicio. “Está en camino”, se limitó a decir el presidente del tribunal.

También dio a entender que prácticamente no hacía falta el intérprete porque el abogado Aguayo hablaba fluidamente el guaraní, por lo que los campesinos y campesinas acusados entenderían.

Aguayo rechazó estas respuestas, reafirmándose en que realizó varias gestiones para obtener las copias a tiempo, pero recibió trabas de parte de las secretarías del tribunal y que recién ayer les facilitaron. Y que incluso todavía no le habían acercado la copia de la carpeta fiscal.

Sobre el rechazo de más tiempo para acceder a tiempo a las copias, el defensor aclaró que no pidió recurso de reposición, sino reposición de plazo.

Y sobre la ausencia de intérpretes, a pesar del pedido y la aceptación del tribunal ya la semana pasada, dijo que el juicio debía empezar con el intérprete. Y preguntó al tribunal si él mismo tenía que encargarse de traducir a su defendida cuando hablaban en castellano el tribunal o el fiscal Rachid. Acusó al tribunal de pisotear los derechos linguísticos de los campesinos.

Dijo que estas resoluciones eran arbitrarias y también parcialistas en favor de las personas castellano-parlantes, por lo que pidió en ese momento la recusación del tribunal.