La abogada especialista en derechos humanos, Milena Pereira, analiza los principales problemas en su libro recién publicado “Ciudadanía de papel”.

El pasado 24 de julio Base Investigaciones Sociales presentó en el Archivo Nacional “Ciudadanía de papel: derechos humanos en comunidades campesinas”.

El material es una investigación de Pereira sobre el cumplimiento de derechos elementales de familias agricultoras de cuatro departamentos de Paraguay.

El material tiene tres grande apartados, el último busca identificar, de todos los problemas, los principales que más impacto tienen sobre los derechos de campesinas y campesinos en Paraguay y que muchas veces determinan la expulsión territorial de las familias rurales.

La autora menciona cinco: la falta de mecanismos que garanticen precio justo a los productos campesinos; la falta de políticas de protección de comunidades frente a las fumigaciones con agrotóxicos; la falta de garantía del derecho a la salud de personas campesinas; la actual política estatal de educación a niños y niñas campesinos; y la falta de instituciones estatales que garanticen el cumplimiento de los derechos del campesinado.

“La falta de garantía de precios justos a los productos campesinos promueve el empobrecimiento de estos hogares; la falta de garantía del derecho a la salud aumenta los riesgos de muerte y de ruina económica de las personas campesinas”, dice.

Y sigue sosteniendo que “…y la desprotección frente a las fumigaciones con agrotóxicos estimula la emigración forzada del campo a las ciudades, facilitando el avance del agronegocio; en el caso de la política educativa hacia las niñas y niños campesinas, la misma contribuiría a disolver las posibilidades de desarrollo futuro de las comunidades”, resume..

De todo este análisis, la autora señala que el Estado paraguayo está cometiendo omisiones constitucionales, pues todos los mencionados derechos son elementales dentro de la Constitución Nacional.

Precio, fumigaciones, salud, educación y garantías

Que el Estado debe establecer y organizar los precios justos para los productos campesinos se establece en el artículo 115 de la Carta Magna. En la realidad, este escenario es manejado por actores como los acopiadores e intermediarios, que abusan de la dependencia existente por parte de las familias campesinas.

Sobre las fumigaciones, Pereira analiza que la actuación del Estado ante conflictos ambientales-sociales se resume a negar la existencia de tales problemas: “Se trata de un riesgo ambiental que el Estado pretende desconocer y respecto del cual omite tomar precaución alguna, incluso con relación a las personas en situación de mayor vulneración…”

“La exclusión prácticamente total del campesinado de la seguridad social, contribuye a acentuar esta vulnerabilidad, ya que se pasa a depender exclusivamente de las prestaciones del sector público de salud”, analiza sobre el derecho a la salud. Sus estudios de campo le hacen concluir que en esa esfera son la falta de acceso(vial, de servicios) y de medicamentos lo que más se sienten.

El otro gran problema es el acceso de niños y niñas a un derecho a la educación adecuada para su realidad. La actual instrucción que se desarrolla en las aulas rurales se caracteriza por la falta de equidad, pertinencia, relevancia y la condiciones alarmantes de trabajo de los docentes.

“ Nuestro currículum es para otra realidad”, “Para los niños es una vergüenza ser campesinos”, son algunas frases que dibujan el escenario de la instrucción en el campo.

Por último, la autora reflexiona sobre la desprotección institucional del Estado hacia el campesinado.

“La cultura campesina se encuentra negada por el Estado y , por tanto, no existen agencias dentro del mismo que tengan la función de adecuar las políticas públicas a la realidad campesina y garantizar su efectiva ejecución para ese sector poblacional”, dice.

O como resume uno de los entrevistados durante el trabajo en terreno, “No hay un modelo de dar respuesta al campesinado”.

El libro se puede descargar en versión PDF EN ESTE ENLACE.