En la actualidad, el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se encuentra en la segunda fase de la consulta prelegislativa. La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional está celebrando audiencias por todas las provincias del país, recabando opiniones y propuestas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios. Aprovechamos este momento de debate para conversar sobre este proyecto de ley y su proceso con Alejandra Santillana, directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) y coordinadora del Observatorio del Cambio Rural (OCARU).

¿Cuáles son sus mayores inquietudes respecto al proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales?

Es una ley que no discute los principales problemas que tiene el país en materia de agro. El primer punto es que hay un grave problema en términos de redistribución. Es decir, lo que nosotros tenemos en el Ecuador es un proceso de concentración brutal de la tierra en pocas manos y la ley no discute eso. Prohíbe latifundios haciéndose eco de la Constitución, pero no hay ningún mecanismo de redistribución real.

Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, asegura que la normativa sí promueve mecanismos de redistribución de tierras…

Lo que pasa es que Carvajal ahí se olvida de la palabra productivo. El cambio de la matriz productiva en el Ecuador tiene como fundamento ampliar la productividad. Todas las directrices del Estado están para que se aumente dicha productividad, ese es el dicurso. La productividad es la que organiza todos los sectores económicos del país, y por lo tanto se requieren tierras productivas. Hay una intervención de Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, en la que dice clarito que llaman a defender a la Patria y a una Ley de Tierras que va a lograr redestribuir y entregar tierras productivas a los campesinos, para que se puedan generar posibilidades de incluirse y que seamos todos emprendedores. Esa es la visión que tienen ellos.

¿Y cuál es la visión de ustedes?

Nuestra visión en relación al tema productivo es que no puedes plantearte el debate de la productividad si no garantizas la redistribución. Hay un vínculo cercano entre las posibilidades que tienen los campesinos con menos de una hectárea y los que tienen muchas más hectáreas con ser productivos, es decir, no puedes discutir productividad en un país donde hay procesos de reconcentración de la tierra tan brutales. La Ley no establece ninguno de estos mecanismos para cualquier tierra. Lo que dice es que la posbilidad de la expropiación se dará en los casos en que las tierras no sean productivas y que para eso se tiene que demostrar que son improductivas. ¿Y quién demuestra que sus tierras son improductivas? Los agroindustriales tienen a sus tierras produciendo. Mucho más cuando esa ley mide la productividad por tonelada por hectárea. Además, tampoco esta ley discute lo que es un latifundio, no está conceptualizado, no tiene número de hectáreas. Por lo tanto, no sabemos qué es un latifundio.

Pero en este tema de los latifundios y también de los minifundios, entra la cuestión de las propiedades individuales, que no siempre están a nombre de los verdaderos propietarios…

El presidente Rafael Correa tiene una clara posición frente al tema de los minifundios. Dice que la reforma agraria y la redistribución de la tierra genera más pobreza en el país, porque estás repartiendo pobreza. Para él la repartición de tierras es repartición de pobreza. Lo que no está discutiendo es que obviamente Alianza País tiene un proyecto muy claro de redistribuir lo poco que hay. Pero no está dispuesto a afectar a las grandes propiedades. Si hubiera un proceso de redistribución de tierras real, con créditos, infraestructura, educación, cadenas y posibilidades de comercialización, efectivamente no estarías redistribuyendo pobreza porque la gente no tendría menos de una hectárea para repartirla entre ocho hijos.

¿Y cuál es el segundo problema que tiene el país en materia de agro?

Es el tema del uso del suelo. En el Ecuador hay una agresiva política de defensa de la agroindustria y el monocultivo, y las economías familiares campesinas tienen muy poca tierra y en ella producen los alimentos para todo el país. Entonces esta ley que plantea el tema del uso del suelo deja la puerta abierta, con la discusión de la productividad y de la función social y ambiental, a justamente el fortalecimiento del modelo agroindustrial. La función social está vinculada directamente con la reducción de la pobreza y la generación de empleo y aquí entramos en una discusión. Cómo mide el Gobierno la pobreza y si es que esta es el principal problema en el país. Y sí, la pobreza es uno de los problemas fundamentales, pero si no hablas de desigualdad no puedes discutir la pobreza.

Lo que hemos visto estos años en el Ecuador es que se reduce la pobreza, como en el resto de América Latina, pero lo que queda intacto es la desigualdad. Y lo que se muestra con las políticas del Gobierno frente a la reducción de la pobreza, es que si bien en un primer momento hay una aceleración de esta reducción porque hay un proceso de crecimiento después de la etapa neoliberal, en algún punto vas a tener que afectar la riqueza porque si no, no vas a poder eliminar la pobreza. La pobreza se elimina siempre y cuando ataques a la desigualdad y esto significa afectar a las grandes propiedades, la concentración de la tierra, etc.

Para nosotras es una ley que intenta fomentar la agroindustria, en últimas, el agronegocio, porque está midiendo la discusión por productividad. Porque discute pobreza y no desigualdad, porque se mete a la discusión de generación de empleo y no en las condiciones laborales en las que los trabajadores tienen que aumentar la jornada laboral para alcanzar un sueldo que pueda sostenerles, y donde las mujeres están aún peor. Las condiciones laborales en el campo no se están discutiendo.

¿Y en cuanto a la función ambiental de las tierras?

La ley habla del cuidado del medio ambiente, del respeto a la Constitución, pero no dice nada sobre los transgénicos. Nosotros exigimos que en la ley haya una cláusula que diga explícitamente que no va a haber transgénicos porque el discurso de la productividad está muy ligado al tema de los transgénicos. Para aumentar la productividad qué necesitamos usar, la teconología, cuál, bioteconología, cuál es la que está a la mano, transgénicos. Y tenemos además tres ejemplos muy claros de que no nos estamos inventando esto. Por ejemplo, el presidente de la República dijo que es necesario reformar la Constitución y pensar en los transgénicos. Además, el Ministerio del Ambiente tiene una cuña radiofónica en relación a la producción de transgénicos. Es decir, ¿están pensando en abrir las puertas a los transgénicos? Si no lo están pensando pónganlo explícitamente en la ley, que no va a permitirse el uso de transgénicos.

¿Y el tercer problema?

Tiene que ver con el tratamiento que se da a las tierras ancestrales y comunales. No se dice nada en relación a la autonomía de los espacios comunales, qué pasa con la gestión. Hay una especie de ausencia de no entender que además, lo comunal tiene otro tipo de gestión. La Ley se llama de Tierras Ancestrales y lo que hacen es entrar a consulta prelegislativa. Es lo único que se dice, el resto son cuestiones que ya encuentras en la Constitución.

Cuál es su opinión sobre esta consulta prelegislativa, ¿existe una actitud sincera de escuchar e incorporar propuestas?

El proceso de diálogo con las organizaciones, como en todo con este Régimen, es un proceso condicionado por ellos y en algunos momentos no hay ni siquiera diálogo, simplemente no nos toman en cuenta. La consulta prelegislativa que se lanza nuevamente tiene los mismos vicios que la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas. Primero, quien la define es la Comisión, no hay una consulta verdadera a pueblos y nacionalidades para que ellos puedan definir la temática. Segundo, se establecen las preguntas en relación a cosas que ya están garantizadas por la Constitución.

Y la última pregunta de las tres que se consulta es una cuestión complicada porque yéndose en contra de la Constitución y del acuerdo firmado por el Ecuador como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), plantea que en caso de conflictividad en el espacio comunal será el Estado el que dirima. Y esto no dice la Constitución, no dice ninguno de los tratados firmados, no implica el carácter de Estado plurinacional. En todo conflicto, por la autonomía que tienen las comunidades y las organizaciones en términos de justicia indígena, deben dirimir las leyes y en últimas la Corte Constitucional en un pedido explícito. Pero no es el Estado el que define lo que pasa con la conflictividad. Sin embargo, este tema entra en la discusión y una se pregunta qué tiene que ver esto exactamente con la Ley de Tierras. No se les está preguntando a las comunidades y a los pueblos y nacionalidades si quieren que en su territorio haya palma y florícola, lo central no se discute.

¿Y por qué solo se están discutiendo tres temáticas que están contempladas en 18 artículos de más de un centenar que contiene el proyecto de ley?

Nuestro análisis es que esto tiene que ver con dos cosas. Cuál es el carácter del Estado y del Gobierno de Alianza País y su proyecto para el agro, y cuál es su concepción sobre participación. En la primera nosotros creemos que este es un proceso de modernización del capital al estilo ecuatoriano, es decir, un país terriblemente dependiente y con procesos de acumulación interna vinculados fundamentalmente al tema extractivo pero donde el agro cumple un papel central, en donde la renta de la tierra y la concentración de la misma son finalmente lo que permiten estas utilidades y este gran proceso de acumlación de ciertos grupos empresariales de Ecuador. De todas las compras públicas que hace el Gobierno en relación a productos y alimentos, básicamnete el 89% están en manos de once empresas. Lo que vemos es que es una Ley de Tierras que fomenta una institucionalización del mercado de tierras que ya existe en el Ecuador, que es un mercado que responde a las leyes del capital.

En el segundo punto, la participación para este Gobierno queda clara. Tenemos un quinto poder garantizado por la Constitución, pero un Consejo de Participación en el que todo proceso es viciado y termina excluyendo a los que no les interesan. No hay ni siquiera en la forma liberal separación de poderes y además es una participación que está condicionada a la socialización pero no a la toma de decisiones, es decir, ninguno de los mecanismos son vinculantes.

Si se aprobara este proyecto de ley como está redactado en la actualidad, ¿qué supondría para el Ecuador?

Implicaría una legalización, una institucionalización de mecanismos que profundizan la desigualdad en el campo, que pormueve a la agroindustria como única posibilidad económica en el país y que de alguna manera contribuye a sepultar otras agriculturas más amigables con el medio ambiente, con capacidad de generación de empleo y bastante más justas, como la agricultura familiar campesina.

La aprobación de una ley como esta es la contribución para seguir profundizando la presencia del capital como único referente hegemónico en los territorios. También apreciamos procesos graves de disminución de las condiciones de vida de campesinos y campesinas y muchos, algo que ya está ocurriendo en el país, lo que hacen es vender sus tierras porque no pueden entrar a competir porque no son productivos, porque no tienen apoyo del Estado y acaban arrendando la tierra o la venden. Y cuando la venden, o se vuelven trabajadores de una de las cadenas agroindustriales o vienen a las ciudades.

Creemos que el proyecto para el campo es un campo sin campesinos. Creemos que Correa no se sale de la tendencia que hay en América Latina de aumentar la agroindustria y que esta ley continúa una tendencia mundial de aumento de la productividad con un cierto nivel de amistad con el medio ambiente, y de la pobreza como paradigma fundamental de nuestros países sin discutir desigualdad, y por lo tanto de concentración de recursos productivos.