Marco Octavio Ribera Arismendi
Biólogo y ecologista
El proyecto de la represa de El Bala es tan obsoleto, que se remonta ala década de los años 50, en la que fue impulsado a partir de estudios aún más antiguos realizados por la Universidad de Berlín (Plataformaenergetica.org, 26 abril 2011).
La idea del megaproyecto fue reactivada a fines de los años 80, cuando diversos gobiernos de turno privilegiaron la idea y la elevaron incluso a rango de Ley como prioridad nacional. A fines de los años 90, bajo el signo del neo liberalismo y del gobierno del exdictador Hugo Banzer, el megaproyecto fue activamente promovido por Luis Alberto Valle, a cargo de la prefectura del departamento. Existen datos de dicha época, sobre la disposición de la Chinaa ejecutar el Proyecto Hidroeléctrico de El Bala y que para ello envió una misión técnico-comercial que tenía auspicio del Banco Central Chino, bajo la idea del gobierno de Banzer de impulsar llave en mano la obra (El Diario, 21 de agosto del 2011). Felizmente, dificultades políticas y económicas del momento, así como la resistencia de los movimientos sociales y ambientalistas, hicieron fracasar el megaproyecto de tan elevado riesgo ambiental. El proyecto quedó archivado hasta mediados del año 2007.
En julio del 2007, ocurrió la gran paradoja, el Gobierno del MAS que ya pregonaba en los foros internacionales el respeto a la Madre Tierra, emitió el Decreto Supremo 29191, por el cual se reeditaba el proyecto de la megarepresa de El Bala, dándole nuevamente rango de prioridad nacional. A partir de entonces, El Bala fue agendado por ENDE y siguen apareciendo un sinfín de comunicados relativos a las proyecciones de expansión energética del país, juntamente con los megaproyectos Cachuela Esperanza y la binacional de Cachuela Riberâo. El último comunicado hace referencia a la enorme preocupación del primer mandatario del Estado, respecto al empantanamiento y no avance del megaproyecto, y la decisión de impulsar su concreción (La Razón 16 de abril de 2015). En dicha nota, se hace referencia a la exorbitante inversión, de 7.000 millones de dólares, lo que significaría con seguridad un terrible endeudamiento. La reactivación del proyecto es un hecho consumado y se plasma en la licitación realizada por ENDE para el Estudio de Identificación del Proyecto con un costo de casi 25 millones de bolivianos.
Considerando las proyecciones oficiales de generación de energía en Bolivia con varias iniciativas que no tienen tanto costo, ni económico ni socioambiental, el país va asegurando su abastecimiento interno e incluso un margen de exportación. Pero bajo la visión extractivista de exportar en grande (en este caso muchos megavatios) El Bala resulta atractivo a las políticas del gobierno y a las corrientes tecnócratas reaccionarias. Ya se ha hablado, que la exportación de energía estaría dirigida al mercado del Brasil, considerando los costos de transmisión y la fluctuación del precio del kilovatio en el país vecino, es muy posible que el balance resultante sea tan negativo, que para el caso de Cachuela Esperanza. Si existen expectativas de que algo de la energía producida se quede en la región del norte de La Paz y el Beni, estarían interpuestas a la angurria exportadora, y en caso de quedar un remanente para la población local, sería una energía más cara que la que actualmente pagan los vecinos de Rurrenabaque o San Buenaventura, tal como está ocurriendo en el río Madeira en el Brasil. Con todas estas consideraciones, seguir impulsando El Bala parece únicamente un capricho. Un capricho destructor de la Madre Tierra.
Si se construye esta megarepresa, tendría una altura cercana a los 150 metros en el estrecho denominado El Bala, y formaría un reservorio de agua que inundaría de más de 200.000 hectáreas (2.000 Km2) en los valles del los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, los cuales desparecerían bajo el agua, luego de los tres años previstos para el llenado total del reservorio. Las áreas protegidas más espectaculares y de mayor riqueza natural y cultural del país, el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi y la Reserva de Biosfera y TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Pilón Lajas, recibirían el mayor impacto de inundación del megaproyecto hidroeléctrico de El Bala.
El gobierno reactiva la megapesadilla de El Bala, con lo cual se abriría un conflicto que podría superar al del camino que quiere partir en dos al TIPNIS.
Ambas áreas protegidas en las cuencas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey son hogar tradicional de las culturas indígenas Tacana (Josesano), Tsimane, Mosetene y Esse Eja, además de comunidades campesinas interculturales. Esto significaría que más de doscientas familias indígenas y campesinas de dichas zonas, sean expulsadas de sus bosques y tierras tradicionales, las cuales quedarían bajo el agua, al final de cuentas, sería una forma de genocidio.
Además de la pérdida cultural, morirían miles de plantas y animales silvestres, es muy posible que pueda incluso provocarse la extinción de más de una especie. Todas las actividades de ecoturismo que se desarrollan, o podrían desarrollarse en dichas zonas, quedarían eliminadas, así como los demás emprendimientos sostenibles.
Si a la construcción de la represa, se suman eventos de lluvias extremas, que pueden darse bajo fenómenos Niño-Niña (como en 2007-2008) o por otros fenómenos climáticos globales fuera del Niño-Niña, como los del 2013-2014, la amplificación de la inundación ocasionaría escenarios de desastres mayores en la cuenca del río Beni y sus tributarios. Los efectos de las inundaciones se extenderían río arriba hasta la región de Alto Beni por más de 150 Km. de curso fluvial, pudiendo afectar incluso las zonas de Muchanes, Inicua, Sararia o Santa Ana de Mosetenes.
Si en vez, ó además de El Bala, se llega a considerar la alternativa de una o más grandes o medianas represas (en cadena) en los estrechos de Susi, Chepite y Beu, situación alternativa que ya fue expectada en los años 90, los impactos de inundación podrían ser menores en comparación a si se construye la mega represa de El Bala. Sin embargo, los riesgos de inundación normal del reservorio, pero especialmente las expansiones por eventos extremos, podrían extenderse a lo largo del río Alto Beni y afectar muchas comunidades ribereñas (Inicua, Muchanes, Sararia, Santa Ana) e incluso poblaciones mayores como Sapecho o Palos Blancos.
Como referencia, se debe considerar el caso de las represas brasileras de pequeño porte como Balbina o Samuel (250 y 215 Km2 respectivamente), en las cuales, la dimensión originalmente prevista de los reservorios en los estudios de impacto, se duplicó en el curso de los siguientes años. De hecho, se prevé que las dimensiones de los embalses previstos originalmente para las dos megarepresas Jirau y San Antonio en el Madeira, superarán ampliamente en los próximos años las previsiones de los proyectos originales.
La idea peregrina de que el inmenso lago formado por la represa serviría para fines de turismo, posiblemente se aplique para un turismo desinformado y poco exigente, que no le importaría navegar en un lago putrefacto, hediondo y criadero de millones de mosquitos, pero no para un ecoturismo mínimamente responsable. En este caso hay otro problema de principios, pues este lago artificial, además de eliminar una extraordinaria riqueza de biodiversidad, sería un mega emisor de gases de efecto invernadero, especialmente metano y contribuiría con mucho al calentamiento global, aspecto ya comprobado para otras grandes represas de la Amazonía. Esto significa que la pretensión de asumir que las megarepresas constituyen fuentes de energía limpia, es una total falacia y desvirtúa la realidad.
Aguas abajo, la represa impediría el flujo natural del río Beni, y si bien se reduciría el riesgo de inundaciones, la represa y la modificación del curso del río, afectaría la dinámica reproductiva de los peces, con la posible desaparición del recurso y la actividad de pesca en los siguientes años, ocasionando un considerable daño económico a la región. La reducción del caudal del río, especialmente en la época seca, ocasionaría problemas a la navegación, en especial en los años más secos. Pero la megarepresa interrumpiría además, un proceso o dinámica ecológico natural a partir de la cual evolucionó la Amazonía, pues dejaría de arrastrar y depositar los lodos ricos en minerales que fertilizan cada año o cada evento grande de inundación, los suelos de muchas zonas de selvas y pampas, lo cual afectaría negativamente, a mediano y largo plazo, a los ecosistemas y a la producción agrícola y ganadera de indígenas y campesinos que viven aguas abajo. El argumento del gobierno y los partidarios de la megarepresa, en sentido de que se logrará un control de las inundaciones, no justifican en absoluto la enorme perturbación de la dinámica hidrológica y el resto de devastaciones ecológicas y culturales que se ocasionarán.
Los riesgos socioambientales no terminan aquí y es curioso que los estudios geotécnicos realizados no hayan manifestado esta situación. En el margen derecho del estrecho de El Bala, es decir en la pared rocosa oriental o este de la serranía subandina, se puede observar una falla tectónica que indica un fenómeno antiguo de una gran remoción o corrimiento en masa y posiblemente deslizamientos más recientes, lo cual merecería una especial atención y más detallados análisis geológicos. Esto indicaría que la pared de la serranía del este, no es estable y esencialmente anularía la posibilidad de construcción segura. De realizarse la construcción, a pesar del riesgo, (lo cual no sería una sorpresa), y aún más, si se llega a abaratar los costos de construcción, el riesgo futuro de un colapso de la mega estructura se torna mucho más probable. Si un desastre de esta naturaleza llegará a ocurrir, el vaciamiento del reservorio y la inmensa y súbita inundación consecuente, ocasionaría una gran catástrofe que devastaría las poblaciones y comunidades del río Beni. Considerando estos elementos, sería muy importante un análisis de gestión integral de riesgos para el nefasto megaproyecto de El Bala.
Tomando en cuenta todas estas consideraciones, ahora más que nunca, ya sería hora de que el gobierno asuma el principio precautorio, el cual establece que se deben asumir decisiones responsables de paralizar o no aprobar un proyecto que puede ocasionar problemas ambientales y sociales extremadamente graves o críticos, es decir de muy alto riesgo que devastarían áreas protegidas, culturas indígenas, muy alta riqueza de biodiversidad, grandes ecoregiones, procesos y funciones ecológicas y dese luego, una vez más, la imagen del propio gobierno.
