Marcani relata que el hecho detonador del conflicto fue la explotación laboral de Bellota hacia los obreros oriundos del lugar. En las asambleas de la central agraria, el empresario negaba someterse a las decisiones de la comunidad y amedrentaba con procesos penales a los dirigentes. En esta confrontación fueron perseguidos penalmente y encarcelados 33 campesinos de Zongo.

A pesar de que la norma sobre deslinde jurisdiccional restringe a la justicia indígena originaria campesina para conocer casos del ámbito penal, ambiental, militar, civil, familiar, etc., los comunarios lograron abrir y procesar el caso de la expulsión de Bellota en su propia jurisdicción, con sus propias normas y sus autoridades.

“La justicia indígena ha resuelto recuperar el territorio, su autodeterminación y sus tierras”, dice Marcani. Bellota continúa con la concesión minera y la explotación del subsuelo, pero no restringe más el paso de los comunarios por las tierras que están en la superficie de la concesión.

La justicia indígena, sin embargo, no analizó el caso de los asalariados explotados por Bellota. Los obreros que fueron encarcelados por el empresario, o abandonaron la comunidad, o murieron o retornaron a labores mineras en la misma empresa. 

Marcani explica que el proceso en la justicia indígena logró que Bellota detenga el amedrentamiento a los comunarios (los obreros obtuvieron su libertad), levante las restricciones de acceso a las tierras de la superficie de la mina, ponga en regla los documentos de funcionamiento de la concesión y cumpla con tener “trabajadores bien pagados”. 

El caso número 83 “La defensa territorial desde la jurisdicción indígena de Zongo”, del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, fue sistematizado por el investigador Pedro Pachaguaya y por Juan Carlos Marcani. Para conocer el caso completo visita: www.porlatierra.org o descárgalo en formato PDF.