Ante la gran variedad de actores involucrados con lógicas, posturas, intereses y formas de actuar tan diferentes, el acceso a la tierra y la distribución de la propiedad rural en Colombia se configura como un proceso complejo enmarcado por leyes constitucionales de tenues reformas agrarias, procesos de consolidación de mercados de tierras, la acción de movimientos sociales y de incidencia por parte de los diversos grupos anteriormente mencionados, presión económica impuesta por un modelo de desarrollo económico de libre mercado y la consolidación de la violencia estructural y sistemática generando limitaciones en el acceso sobre la propiedad rural.
También inciden componentes como la corrupción política y judicial, el clientelismo regional, la violencia política, paramilitar, guerrillera y del narcotráfico, el modelo de libre mercado, donde el factor tierra pasa de ser un elemento netamente de bien común para la sociedad en su conjunto y en especial para las comunidades rurales (campesinas, afro e indígenas).
