El segundo aspecto a señalar tiene que ver, justamente, con el modo cómo el Estado concibe sus estrategias de desarrollo, en el contexto de un modelo extractivista largamente arraigado en nuestra historia. La principal derivación que surge de ello es la falta de iniciativas para la creación de empleo sostenible, que garantice procesos de sociabilidad post-agraria, lo que en un contexto de deterioro de las condiciones de reproducción campesina pone, a los trabajadores que migran del campo a la ciudad (o a los centros de empleo estacional), frente a un callejón sin salida sin precedentes.
En efecto, hasta hace algún tiempo, los procesos de urbanización eran acompañados de prácticas vinculadas a la “doble residencia”, indicándose con ello la posibilidad que tenían los campesinos de diversificar su economía accediendo a trabajos temporales no agrarios. Sin embargo, leída desde otro punto de vista, podría decirse que esta práctica atendía, más bien la ausencia de un aparato productivo en los centros poblados, que garantizara un grado mínimo de certidumbre en la población. Por ello, los campesinos, después de sus trabajos temporales en las ciudades o las minas, que por cierto no demandan estándares de calificación, volvían a sus actividades agropecuarias, resolviendo así la imposibilidad de una inserción laboral definitiva. En ese sentido, el campo era el sostén de las carencias urbanas, cuestión que además estaba –aún lo está- vinculada a procesos de intercambio desigual.
Hoy por hoy, el deterioro del trabajo campesino le está poniendo límites a esta especie de complementariedad rural-urbana, rasgo sobre el cual se abogó en torno a la persistencia de la cultura indígena que entre idas y venidas cristalizó a su manera en las ciudades. Por eso, algunos autores indicaban que los valores indígenas suplantaban los valores de clase, lo que incluía un ambiente proclive a etnizar la política. Si la tendencia es como presumimos, lo que parece estar ocurriendo en el marco de la migración rural-urbana es el abandono definitivo del campo y, junto a ello, la presencia de generaciones que están viviendo formas de extrañamiento sin retorno, lo que supone el desgajamiento de los vínculos culturales con la tierra y, finalmente, el más rotundo proceso de vaciamiento ideológico que se haya vivido en el país, a ser llenado por prácticas de des-socialización y violencia.
Por todo ello, urge que a la política extractivista se anteponga una política de desarrollo rural que devuelva a la población campesino-indígena el sentido de vivir de la tierra. Ni el deterioro del medio ambiente, ni el despojo de sus medios de producción individuales y colectivos conduce a ello. Tampoco un Estado que a nombre de las necesidades del desarrollo nacional, lo haga sin un concepto estratégico y a largo plazo, cuya misión principal sea, en definitiva, la preservación de la vida.
*Cecilia Salazar es socióloga y tiene un máster en Ciencias Sociales. Actualmente es directora del Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la UMSA (CIDES-UMSA), una de las instituciones que conforman la Plataforma de Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural.
