La noción es de una gran amplitud, y abarca no sólo diferentes recursos sino también sujetos y modos. De ahí que se hable de industrias extractivas refiriéndose a la minería, hidrocarburos y áridos, pero también a la explotación de recursos de la naturaleza como los forestales y otros renovables. Incluso, desde enfoques recientes se emplea el término de agro extractivismo para hacer referencia a la agricultura extensiva para la exportación, también denominada agroindustria y asociada con grandes capitales privados, el uso de pesticidas, agroquímicos y una práctica extendida de deforestación.
La historia de Sudamérica, desde su “descubrimiento” en el siglo XV, ha estado marcada por el extractivismo, por su rol en la economía mundial como una proveedora de materias primas para el mercado global y por las luchas de los pueblos que la conforman para superar esta situación de subordinación. Y claramente, salvo algunos intentos durante la segunda mitad del siglo XX con las políticas de sustitución de importaciones, los países sudamericanos no han podido aún sustraerse de esta imposición histórica y geopolítica, que fue consolidada en la época neoliberal.
Ante esta situación, en las últimas décadas y de la mano de la aparición de gobiernos de izquierda en la región, se han generado grandes expectativas en relación a que se cuestionen estos roles mundiales respecto al uso y explotación de la naturaleza y que se promuevan políticas públicas tendientes a superar el rol primario exportador de los países sudamericanos y disminuir su dependencia respecto del extractivismo.
Sin embargo, luego ya de varios años esperando la realización de estos cambios, que debieran provenir principalmente de los gobiernos que promueven el respecto a la Madre tierra en la región, los resultados no son visibles. Si se toma en cuenta el tipo de relaciones productivas que se sustentan en nuestros países, resulta que no se encuentran diferencias importantes entre ellas, independientemente del tipo de gobierno que puedan tener (neoliberales, liberales, conservadores, de izquierda, o populares). Es más, en los últimos años, la dependencia de la explotación de materias primas en los países de la región se ha agudizado hasta un nivel crítico. Nuestros recursos naturales son, de manera creciente, entregados a las economías globales dejando muy poco valor agregado como beneficio.
Siguiendo a Edgardo Lander, el extractivismo tradicional o clásico ha evolucionado a lo que se denomina ahora como neoextractivismo o extractivismo progresista, donde el Estado ha tomado un rol mucho más protagónico en las actividades extractivas, estableciendo mayores niveles de control, recogiendo una mayor parte de los beneficios y destinándolos a políticas públicas de diverso orden: inversión pública, carreteras, servicios de educación y salud, bonos sociales, respondiendo de alguna manera a las demandas de la población y generando en algunos casos, ciertos niveles de legitimidad que permiten réditos electorales en el corto y el mediano plazo.
Sin embargo, por más que desde ciertas esferas se afirme lo contrario, este nuevo extractivismo es simplemente una continuidad e incluso una profundización del anterior. Se mantiene la primacía del patrón productivo primario exportador, los costos ambientales son mayores, los efectos en cuanto desplazamiento de comunidades campesinas y pueblos indígenas son cada vez peores e incluso se ha agravado la dependencia respecto a la importación de alimentos – ya que los monocultivos de exportación reemplazan la producción tradicional de productos destinados al consumo interno.
La forma en que algunos hacedores de política pública justifican este neoextractivismo es que debiera entenderse como una especie de “extractivismo en transición” que permitiría mejorar las condiciones de vida de la población y eventualmente crear las condiciones necesarias para dar un salto radical en la estructura de las economías nacionales hacía patrones productivos industrializados.
Sin embargo, a pesar de que visto de cierta óptica esto tiene determinado sentido, en la práctica -tal como lo reflejan las cifras anteriormente citadas- una transición como la planteada es sumamente difícil de lograr. Lo que sucede es que como plantea Lander, en la medida en que las sociedades y las economías se hacen cada vez más dependientes del extractivismo, las propias estructuras estatales, el modelo de la sociedad, el diseño de la economía e incluso los imaginarios culturales y colectivos se acomodan al extractivismo y luego, esto no puede ser revertido fácilmente. Venezuela es un ejemplo de la enorme trampa en la que el rentismo y el extractivismo han metido a su sociedad y varios países de la región siguen sus pasos.
Posiblemente el primer paso para salir de este modelo extractivo es asumir en serio que los recursos naturales que nos brinda el planeta tienen una determinada dimensión, no son eternos ni interminables y que su extracción tiene severos costos económicos, sociales y ambientales. Una vez asumido esto, es fundamental considerar que no podemos seguir entendiendo al crecimiento económico como el logro principal de las economías nacionales. Incluso, como plantea Alberto Acosta, se deben planificar procesos de decrecimiento del extractivismo y claro, fortalecer realmente otras actividades productivas, evitando afectar y deteriorar más a la naturaleza. Aquí podríamos buenamente aprender de algunos pueblos indígenas y comunidades campesinas que a lo largo de su historia han desarrollado prácticas “extractivas” de los recursos de sus territorios (recolección, caza, pesca, etc.), que son respetuosas de la capacidad de reposición de la naturaleza, que son sostenibles y que les permiten satisfacer sus necesidades, es el caso por ejemplo de las reservas extractivistas campesinas del Brasil, o de ciertas comunidades del norte amazónico boliviano.
La mesa Extractivismos, población rural y sostenibilidad en Sudamérica que forma parte del tercer Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural, a llevarse a cabo en la ciudad de La Paz entre el 23 y el 24 de septiembre de 2015, profundizará este debate con tres expertos en el tema: Sarela Paz, boliviana, experta en antropología social, derechos colectivos, autonomías indígenas, dinámicas de territorio y poder y conflictos ambientales; Milson Betancourt, colombiano, especialista en tierra y territorio, comunidades indígenas y campesinas, desarrollo rural, procesos de transformación socio espacial en territorios rurales, conflictos territoriales y medio ambientales; y Mirta Antonelli, argentina, experta en extractivismo, minería, reconfiguraciones territoriales, derechos humanos, derechos de la naturaleza, y violencias multiescalares del neoextractivismo. Este espacio servirá para actualizar el debate, hacer visibles a todos los sujetos que están disputando el acceso a los recursos naturales y ver qué nociones de actividades extractivas pueden rescatarse para no reproducir al extractivismo como un modelo de desarrollo.
