Para lograr la promulgación de la ley de restitución, iniciada formalmente en 1991, tuvieron que pasar más de 20 años de procesos burocráticos. En un contexto en el cual habían pasado de ser dueños de los territorios a peones en las estancias ganaderas y empresas particulares que iban adquiriendo sus tierras. Las condiciones de vida de la Comunidad fueron pésimas dentro de las estancias por lo cual fueron desplazándose hasta ubicarse en la franja de dominio público, sobre la carretera; donde permanecieron sometidos a numerosas violaciones de sus derechos, incluso la muerte de varios de sus miembros, en especial niños y niñas, por causas prevenibles y tratables.
Es así que por impulso de la propia comunidad, no por acción del Estado, el caso fue planteado ante las autoridades nacionales pertinentes, iniciándose formalmente, de la mano de sus líderes el proceso.
El caso Sawhoyamaxa no es muy diferente al resto de los casos de comunidades indígenas, donde se vive en un estado de emergencia permanente respecto a la preservación de sus territorios.
El 2001, el caso fue sometido a consideración del órgano correspondiente a la Comisión Interamericana de Protección de Derechos Humanos, y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este órgano inicia el proceso de investigación hasta llegar a la certeza que se estaba ante un caso de violación de derechos que debían ser reparados. Por ello, en febrero de 2005, la Comisión demanda al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos a la propiedad colectiva.
Había llegado y pasado el 2009, sin que el Estado cumpliera el mandato de la Corte IDH en cuanto a restitución de sus tierras. Es entonces, que la comunidad, madura la idea de tomar otro tipo de acciones. Decide, en el 2013, tomar las riendas de la situación en la madrugada del 21 de marzo de 2013, los hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas de Sawhoyamaxa reocuparon sus tierras, ingresando a la “propiedad privada” a seguir esperando que el Estado cumpla con su obligación, pero ya dentro de sus tierras.
El Congreso Nacional, en una medida sin precedentes, sancionó en mayo de 2004 el proyecto de expropiación, luego que varios parlamentarios visitaran las tierras y a la comunidad. Sin embargo, ésta fue atacada de inconstitucionalidad por las empresas titulares de las tierras. Pero, en octubre de 2014, el Poder Judicial, rechazó el pedido de inconstitucionalidad y puso punto final a la larga lucha jurídica de la comunidad indígena.
