La minería a cielo abierto y la vaga regulación que ha impuesto el Congreso de la Nación a lo largo de su desarrollo en las montañas argentinas se ha transformado en los últimos años en el conflicto ambiental por excelencia. En ese marco, Pablo Ortija, el juez de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan, procesó hoy a 9 ejecutivos de la empresa minera Barrick en el marco de la causa que investiga un derrame de cianuro en la Mina Veladero, ubicada en la localidad de Jáchal, en la provincia de San Juan, en el centro del país.
El vertido se produjo el 12 de septiembre de 2015, cuando se rompió una válvula de la tubería que transportaba solución cianurada. La investigación detectó que una compuerta que debía estar cerrada en realidad estaba abierta. Por ese error la solución cianurada terminó en el río en lugar de desembocar en el canal de contención y contaminó el agua potable, lo que generó un gran escándalo en Argentina que sin embargo quedó rápidamente opacado.
El cargo por el que se imputa a los empleados de la firma canadiense es la responsabilidad por la contaminación derivada del derrame. El juez les ha puesto una fianza de 100.000 pesos (6.666 dólares). La decisión judicial será oficializada durante las primeras horas de mañana por el mismo magistrado en una conferencia de prensa pero fue confirmada a EL PAÍS por fuentes de la sala que él dirige.
Los ejecutivos procesados son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (también del área de Procesos), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General).
El magistrado aplicó en este caso los supuestos establecidos en el artículo 56 de la ley nacional de Residuos Peligrosos, a quienes provoquen una "adulteración peligrosa" para la salud del agua, aire o suelo por "imprudencia o negligencia".
El juez sanjuanino Ortija es uno de los dos magistrados que interviene en la causa, que también es investigada por el juez federal de Buenos Aires Sebastián Casanello, quien en el último mes pidió diversas medidas de prueba. En la causa porteña están imputados el ex secretario de Minería nacional Jorge Mayoral, acusado junto al presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, el secretario ambiental provincial, Domingo Tello, y varios directivos de Barrick Gold. La Corte Suprema debe definir la competencia.
En un comunicado, la empresa indicó que "sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito". "Barrick entiende que esta decisión será apelada ante la Cámara Penal de la provincia de San Juan por los respectivos abogados de las personas afectadas", agrega la compañía.
"Es importante destacar que las circunstancias que produjeron el incidente fueron resueltas inmediatamente. La compañía implementó un plan de acción que corrigió los factores causales del hecho con obras y aumento de controles bajo los cuales las autoridades avalaron la normalización del trabajo en la mina", señalan.
Explican en el texto que "en forma inmediata, se expandieron e intensificaron las actividades de monitoreo en toda la cuenca. Todas esas mediciones han demostrado que el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente".
“Tengo una doble sensación, porque si bien es positivo que reconozcan que hubo negligencia y contaminación, porque lo venimos diciendo desde hace casi 6 meses, lo que nos llama la atención es que solamente haya empleados de la empresa procesados –uno de ellos el gerente de la mina- pero de las órbitas mayores de la empresa no hay nadie. Ni siquiera se la menciona”, afirmó a EL PAÍS el ambientalista Domingo Jofré.
El hombre que canalizó los reclamos de 300 vecinos del pequeño pueblo de Jáchal opinó que “si hubo negligencia no es solamente por parte de los empleados sino que tampoco se estaban realizando los controles respectivos. Si el juez tiene una prueba para procesar a nueve empleados de la empresa, ¿Por qué no hace lo mismo con un gerente mayor o al mismo CEO? y ¿Por qué no a los funcionarios que controlan en la provincia?”.
“Esperaremos la lectura del fallo de manera oficial y conforme a eso vamos a solicitar el procesamiento de los funcionarios que correspondan. Seguimos solicitando el cierre la mina, la remediación del daño causado por el derrame y la propia actividad y la prohibición de la mega minería en toda la región”, finalizó Jofré.
Artículo original disponible en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/10/actualidad/1457641023_626247.html
